El bipartito de Alicante pasa el test de los sueldos con la anuencia de Vox y ya enfila las sostenibles

ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito en situación de minoría compuesto por 9 ediles del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs) en un pleno de 29 concejales, superó este jueves el primer test del mandato -la propuesta de incremento de las retribuciones de todos los componentes de la corporación- con la anuencia de Vox. Sus dos representantes se decantaron finalmente por una meditada abstención, previa consulta con su dirección nacional, según fuentes del partido. 

Con esa posición, Vox trató de mantener cierta distancia respecto a la primera iniciativa política del equipo de Gobierno, pero sin bloquear su propuesta pese a ser consciente de que tenía a su alcance esa posibilidad. El voto en contra de sus dos ediles hubiese tumbado el acuerdo, ya que el resto de los grupos de la oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís) habían anticipado entre el lunes y el miércoles que sus 13 representantes votarían en contra. Con los dos hipotéticos noes de Vox, la suma hubiese alcanzado la mayoría absoluta (15 de 29 regidores posibles).

Para justificar el sentido de su voto, el portavoz municipal del partido de Santiago Abascal, Mario Ortolá, explicó que su grupo no podía apoyar un acuerdo que no compartía al 100% (había planteado una alternativa distinta, para que solo se aumentase las retribuciones de los ediles con competencias). Después, al término del pleno extraordinario, reiteró cuál iba a ser su estrategia a lo largo del mandato en los términos en los que ya se expresó tras el pleno de constitución de la corporación, cuando el popular Luis Barcala resultó investido alcalde (sin los votos de Vox). "Desde Vox ejerceremos, durante los próximos cuatro años, una oposición dura pero responsable y leal al mandato de los alicantinos. No toleraremos la creación de chiringuitos por parte de aquellos que llevaban en sus programas electorales el hacerlos desaparecer y nuestro único objetivo es la mejora de la calidad de vida de los alicantinos y la eficiencia de una administración municipal libre de corruptelas", indicó. 

¿Significa esa abstención que Vox va a actuar como si se tratase de un socio de gobierno externo? Solo el tiempo permitirá tener una respuesta, aunque lo cierto es que en el cruce dialéctico entablado en la primera sesión plenaria sí se puso en evidencia que existe una mayor coincidencia entre los planteamientos de Vox y los de PP y Cs, que con los del resto de grupos de la oposición. Es más, Ortolá dedicó la mayor parte de sus turnos de palabra a reprochar la gestión del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) durante el mandato precedente. Ahora bien, todo parece indicar que Vox no dará tregua a PP y Cs con todas aquellas cuestiones relacionadas con el área LGTBI o con la Memoria Histórica: las parcelas que el ideario nacional del partido ha identificado como chiringuitos ideológicos.

Sea como fuere, con la aprobación del régimen retributivo de los concejales, este mismo mes de julio habrá una segunda oportunidad para evaluar la relación entre Vox y el bipartito, y entre el bipartito y el resto de fuerzas de la oposición: la propuesta de modificación de crédito con la que se pretende impulsar la contratación de las llamadas inversiones sostenibles.

Esa propuesta se someterá a votación en el pleno ordinario del próximo jueves 25 de julio, según indicaron fuentes del equipo de Gobierno. Para ello, la Junta de Gobierno Local debe acordar, antes, la liquidación definitiva del presupuesto de 2018, con el fin de conocer el remanente disponible que puede destinarse a la ejecución de esas obras. El objetivo de PP y Cs es poder lanzar la tramitación de los concursos antes de agosto para que los contratos puedan adjudicarse entre los meses de octubre y diciembre.