ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito compuesto por PP y Cs, mantiene sus planes iniciales y someterá a debate en el pleno de octubre su propuesta de ordenanza de convivencia cívica pese a las críticas y las peticiones de retirada formuladas por los tres grupos de la oposición del eje progresista. Tanto PSOE, como Unides Podem y Compromís denunciaron la semana pasada las carencias de la ordenanza por lo que respecta a la inclusión de medidas de intervención social que facilite salidas a persones en situación de vulnerabilidad y deslegitimaron el texto al considerar que solo tenía un fin persecutorio, hasta el punto de solicitar su retirada.
La última de esas peticiones ha llegado este mismo martes por parte del grupo municipal de Compromís. Su portavoz, Natxo Bellido, ha instado a PP y Cs a renunciar al debate de su propuesta para que se pueda convocar una mesa de trabajo para reformularla con la participación de "los grupos de la oposición y las entidades sociales" especializadas en la atención a los necesitados, de modo que se procure una asistencia real, mediante la creación de nuevas instalaciones como un centro de baja exigencia (CIBE), por ejemplo. Su compañero de filas, Rafa Mas, ha añadido, además, que se trata de una ordenanza "inútil" puesto que se limita a aplicar sanciones que ya están previstas en otras ordenanzas cuyo cumplimiento "no se fiscaliza". Compromís ha concretado hasta diez razones para retirar la ordenanza de convivencia cívica, entre las que se incluye que se trata de un catálogo de medidas meramente punitivas, o bien que reitera medidas en otros ámbitos ya presentes en otras ordenanzas y que pueden entrar en contradicción y generar indefensión jurídica.
En todo caso, tanto el portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Manresa (Cs), como el portavoz adjunto, Manuel Villar (PP), han defendido que la propuesta se mantendrá en tramitación -debe dictaminarse en comisión este mismo jueves- puesto que "responde a un compromiso electoral y somos dos fuerzas que representamos a una mayoría del electorado, por lo que debemos darle cumplimiento a esa promesa". Además, Villar ha incidido en que "la ordenanza llega hasta donde llega por lo que respecta a las medidas sociales, pero se debe tener en cuenta que estamos trabajando en otras iniciativas como el Plan de Inclusión Social que pretendemos que quede aprobado antes de final de año".
PP y Cs se defienden sobre las críticas por la falta de medidas sociales al asegurar que la ordenanza se completa con el Plan de Inclusión Social; el PSOE ya anuncia que la derogará si gobierna
Manresa ha apuntado, también, que "nadie va a quedar desamparado" y que se trata de una ordenanza que persigue el respeto d ela convivencia cívica "en temas como la mendicidad, los grafitis o la prostitución". Al mismo tiempo, fuentes del equipo de Gobierno han apuntado que el propio alcalde, el popular Luis Barcala, ya ha anunciado que la intención de PP y Cs es ejecutar una ampliación de las instalaciones del Centro de Acogida e Inserción (CAI) a lo largo del próximo año.
Sea como fuere, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha vuelto a lamentar la actitud del bipartito y ha anticipado que si la ordenanza queda aprobada en el pleno de octubre, su formación volverá a derogarla como ya sucedió con la ordenanza aprobada en el mandato de 2011 a 2015 en cuanto vuelva a ejercer funciones de gobierno. "Cuando gobernemos derogaremos la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución como ya hicimos cuando el Ayuntamiento era gobernado por la izquierda", ha dicho. Amorós se ha cuestionado la necesidad de la norma: "¿Para qué esta ordenanza, si como dice Villar ya existe una normativa en acción social para ayudar a las personas más vulnerables?".
También ha replicado a Villar y Manresa cuando han indicado que esta nueva ordenanza era una promesa electoral que llevaba el PP en su programa. La edil socialista ha respondido que "el señor Barcala debe gobernar para toda la ciudadanía, incluso la más vulnerable, no solo para su electorado".