La explanada de los muelles 7 y 9 del Puerto de Alicante en las que se prevé situar el edificio del centro de congresos de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El arranque de las obras del centro de congresos de Alicante no contará con financiación tampoco en 2025. Ni la Diputación Provincial ni el Ayuntamiento de Alicante -las dos administraciones que han actuado como promotoras hasta ahora- han consignado ninguna partida para impulsar su construcción en este ejercicio, según confirmaron fuentes consultadas. No figura ni en las cuentas de la institución provincial, ya aprobadas, ni en las de la administración local, todavía pendientes de la fiscalización del departamento de Intervención para que puedan aprobarse en Junta de Gobierno, primero, y elevarse a comisión de Hacienda y pleno, después.
La exclusión de fondos para la ejecución de ese proyecto sería, además, de una decisión consciente, natural y "lógica", según las mismas fuentes, toda vez que no resulta viable que pueda habilitarse ninguna partida específica para el desarrollo de un proyecto que todavía debe despejar dos cuestiones esenciales. La primera consiste en la definición de su encaje en el emplazamiento previsto -las explanadas de los muelles 7 y 9 del Puerto de Alicante- que depende todavía de la modificación del Plan Especial del Puerto (las normas urbanísticas que regulan su ordenación interna).
En principio, Puertos del Estado ya ha dado el visto bueno de facto a la modificación de otro instrumento regulador previo: la Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DEUP). Y será su ratificación -con la publicación de una orden ministerial en el BOE, que se prevé inminente- la que dará pie a que pueda promoverse la adaptación del Plan Especial, que podría quedar completada en un plazo de diez meses, según se apuntó el pasado mayo, cuando se dio a conocer el proyecto seleccionado para diseñar el edificio congresual. Por lo pronto, el mismo presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, señaló, en una entrevista concedida a este diario, que la tramitación de ese Plan Especial sería "ágil", en la medida en que se habría podido anticipar parte del trabajo administrativo previo.
El segundo condicionante previo a la consignación de presupuesto consiste en la definición de la fórmula de gestión de las obras y de la explotación del edificio posterior. Hasta el momento, se ha constituido una comisión institucional integrada por la Diputación, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, a la que se sumó la propia Generalitat este octubre.
En el seno de esa comisión, se creó un grupo de trabajo específico encargado de elaborar la memoria económica-financiera sobre la construcción del complejo, y de definir el ente encargado de gestionar el funcionamiento del centro de congresos, que quedará integrado por representantes de las cuatro administraciones implicadas (Generalitat, Diputación, Ayuntamiento y Puerto). En principio, se prevé que ese futuro ente gestor pueda plasmarse en un consorcio compuesto por esas mismas cuatro administraciones, según fuentes consultadas.
Será entonces cuando pueda concretarse qué cuantía o porcentaje de financiación puede corresponder a cada administración, lo que dará pie a que cada una de ellas puedan reflejar la reserva de fondos necesaria para promover las obras en sus respectivos presupuestos, según confirman fuentes de Diputación y del Ayuntamiento. "Ninguna administración puede habilitar una partida presupuestaria sin tener una valoración económica sobre los costes de un proyecto determinado, ni conocer qué porcentaje de su financiación va a tener que asumir, en el caso de que se trate de una infraestructura compartida con otras administraciones, como es el caso", explican fuentes municipales.
Entre tanto, ya se ha completado el desarrollo del concurso de anteproyectos convocado por la Diputación para seleccionar el diseño del edificio congresual y del centro operativo de Suma (también contemplado en el mismo emplazamiento) con el pago de los premios previstos para las primeras propuestas clasificadas en ese proceso. De hecho, se prevé organizar un acto público de presentación de esas alternativas, con la presencia de los respectivos equipos redactores, entre finales de este mes de enero y principios de febrero.
Eso sí, por el momento, esas entregas económicas todavía no han permitido despejar el inicio de la redacción del proyecto de ejecución definitivo, a partir de la alternativa ganadora del concurso, presentada por los gabinetes Frade Arquitectos, Luca Poian Forms Limited y Prointec.
Fuentes consultadas indicaron que se prevé dilucidar el momento de inicio de ese trabajo en cuanto se celebre dicho acto de presentación de alternativas ganadoras, toda vez que el gabinete ganador estaría ya en condiciones de poder asumir el encargo en el momento en el que se le dé la autorización definitiva. De acuerdo con las bases del concurso, el proyecto de ejecución debe quedar finalizado y entregado en el plazo de seis meses, aunque cabría la posibilidad de prórroga en el caso de que resultase necesario.
Con ese cronograma, todo parece indicar que el inicio efectivo de las futuras obras no podría producirse, como pronto, hasta 2026, ya que, al margen de la finalización del proyecto de ejecución, debe promoverse el concurso para contratar la realización de los trabajos. Por lo pronto, el portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación, Vicente Arques, ha llegado a sostener, en una entrevista concedida a este diario, que ninguno de los dos centros de congresos promovidos por la Diputación durante el pasado mandato podrán llegar a iniciarse en el mandato actual.
