El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, en una videoconferencia.ALICANTE. La alianza compuesta por PP y Cs al frente del Ayuntamiento de Alicante superó este miércoles uno de los primeros exámenes del nuevo curso político municipal con la aprobación del catálogo de protección de edificios. Se trata de un documento que se ha tramitado durante cinco años y que constituye uno de los principales retos que el bipartito se había comprometido a abordar en este mandato, junto al impulso de la redacción de un nuevo Plan General.
No obstante, la irrupción de la pandemia del coronavirus ha impuesto otras necesidades a las que todavía se debe dar respuesta para mitigar el impacto de la crisis generada por la propagación de la covid-19. Con ese fin, se puso en marcha la llamada comisión por la recuperación de Alicante (un foro participado por medio centenar de asociaciones empresariales, colegios profesionales y entidades sociales similar al constituido para el conjunto del país y en la propia Comunitat). Su labor concluyó con un dictamen de 105 medidas a las que ahora se pretende dar cumplimiento, mediante su consignación presupuestaria, a través de una cuarta modificación del presupuesto de este año (aprobado el pasado mayo).
Sin embargo, esa planificación sigue pendiente de que se resuelva un contratiempo inesperado: la posibilidad de que no se pueda utilizar el remanente de crédito (los ahorros presupuestados pero no gastados en el ejercicio de 2019) porque deba ser transferido al Estado para sufragar otras medidas similares en el conjunto del país.
Todo parece indicar que ese posible destino podría terminar de despejarse este mismo jueves, en el Congreso de los Diputados, donde se prevé debatir y votar la convalidación del decreto-ley en el que se regula ese uso, en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El posible resultado de la votación se desconocía este miércoles, ya que la propuesta no contaba con el respaldo de una mayoría suficiente por el rechazo de PP, Vox y Cs y algunos de los partidos nacionalistas.
La cuestión no es menor. Fuentes del bipartito explicaron a Alicante Plaza que del devenir de ese decreto-ley y de los acuerdos que puedan alcanzarse sobre la capacidad de gasto sobre esa hucha municipal depende que se pueda manejar un mayor o menor importe para financiar esas iniciativas para la reconstrucción. El remanente de crédito del que disponía el Ayuntamiento ascendía a los 48,7 millones. Sin embargo, PP y Cs ya promovieron el uso de 18,9 millones para amortizar el 100% de la deuda contraída con los bancos, antes de ceder al Estado el remanente íntegro, sin que tuviese ningún reflejo directo en la ciudad.
Los dos socios de gobierno han congelado la planificación del cambio presupuestario una semana más, pese a que se pretende llevar al pleno ordinario de septiembre
En esa situación, el Ayuntamiento seguiría contando con una suma de más de 29 millones, a la que se podría recurrir para habilitar un nuevo paquete de ayudas sociales, así como otra nueva línea de subvenciones a autónomos y pymes, entre otros puntos, en el supuesto de que se frenase la obligación de transferirlos al Estado. Lo cierto es que Alicante, como Valencia, forma parte del conjunto de ayuntamientos que ya ha manifestado su oposición a ceder esos fondos, pero difícilmente podrá eludir esa transferencia si el decreto-ley queda refrendado en el Congreso.
En ese contexto, el bipartito trabaja con varias hipótesis alternativas para cuadrar esa cuarta modificación presupuestaria, para la que todavía no se ha dado a conocer una cuantía cierta a la espera de la votación del Congreso. "No es lo mismo que se pueda disponer de un máximo de hasta 29 millones que, al final, no quede más remedio que recortar en propuestas que ya estaban previstas", según explicaron fuentes de PP y Cs.
En esta línea, las mismas fuentes indicaron que la Concejalía de Hacienda dispone de distintas previsiones, entre las que se incluye, precisamente, esa posibilidad: tener que detraer determinadas partidas no gastadas para poder ejecutar al menos una mínima parte de las medidas de la reconstrucción. Todo, además, siendo conscientes de que el plazo para poder ejecutarlas es de solo tres meses. El resto, en todo caso, se deberían abordar en la planificación del presupuesto de 2021, para el que cada concejalía ya estaría elaborando su propio listado de necesidades.
En cualquier caso, hasta el momento PP y Cs han pospuesto la planificación de esa cuarta modificación de crédito al menos hasta la próxima semana (aunque se había augurado que podría retomarse este viernes) con la previsión de que se pueda conocer la suma a la que se pueda recurrir. Así, los contactos con los grupos de la oposición para tratar de pactar ese ajuste contable sigue congelado, sin avances ni definición de propuestas concretas, pese a que el objetivo sigue siendo por ahora elevar la propuesta al pleno de septiembre, el próximo día 24.
Por si fuera poco, al margen de ese debate, el bipartito también debe aportarse una solución para el déficit generado en la prestación del servicio de transporte público en autobús como consecuencia de la pandemia. En concreto, ese déficit alcanzaría los 5 millones de euros para los que sería necesario abordar una nueva modificación presupuestaria en el futuro, en el caso de que el Gobierno central no arbitre soluciones que permitan darle cobertura.
