Panorámica del casco urbano de Alicante.ALICANTE. Moratoria en marcha. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado de forma inicial este jueves el acuerdo de suspensión de licencias para la instalación de pisos turísticos aislados, integrados en edificios residenciales, por un periodo máximo de dos años con el reto de regular su ordenación desde el punto de vista urbanístico en ese plazo. Así lo ha defendido la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, durante la defensa de la propuesta, al explicar que la medida se adopta después de haber encargado un informe de diagnóstico de situación en el que se determinaría la conveniencia de ordenar el sector mediante el establecimiento de densidades concretas para cada barrio.
En esta línea, como viene informando este diario, el bloqueo a la concesión de licencias afectará solo a las propuestas que pretendan dedicar al alquiler turístico viviendas integradas en edificios residenciales (no bloques completos) a partir de su entrada en vigor, por lo que los expedientes en trámite hasta ahora continuarán en evaluación. En lo que respecta a la futura regulación, el objetivo del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), es analizar la situación de cada distrito de forma particular para concretar si resulta procedente fijar límites adicionales para la implantación de VUT, en coordinación con los residentes y con la patronal del sector, que, por el momento, ya ha anunciado su intención de recurrir la medida al considerarla desproporcionada, injustificada y discrecional, según han sostenido representante de APTUR CV.
Con todo, a pesar de contar con un respaldo mayoritario, ya anticipado en comisión de Urbanismo, el acuerdo ha suscitado críticas por parte de los grupos políticos de la oposición. Por lo pronto, en el turno de debate, el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que esta moratoria es "ficticia" puesto que va a permitir regularizar las peticiones ya en marcha y que, además, deja fuera a los proyectos de bloques turísticos. Así, ha considerado que la ordenanza permite la especulación y ha apuntado que el registro público de pisos turísticos accesible ya existe, así como la posibilidad de establecer sanciones, también, desde 2019. Y también ha incidido en que el uso de nuevas tecnologías para la detección de pisos irregulares también se ha anunciado ya por parte de la Conselleria de Innovación y Turismo. En este sentido, ha considerado que la moratoria no va a servir para nada, puesto que va a favorecer la regulación de los expedientes en trámite.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que el informe sobre la situación de los pisos turísticos solo aporta la información ya conocida y ha advertido de los efectos sobre el mercado de la vivienda que estaría ocasionando la proliferación de viviendas de uso turístico. Además, ha reprochado que no se haya decretado el cierre de ningún piso turístico irregular hasta ahora y ha advertido de que la moratoria planteada sería "en realidad una amnistía", según ha considerado, puesto que, a su juicio, se va a regularizar todos los expedientes que están pendientes de resolución para tramitar nuevas autorizaciones. Al tiempo, ha considerado que se trata de una moratoria parcial que alienta la especulación puesto que deja al margen a los bloques turísticos, lo que, a su juicio, supone una llamada a los especuladores.
Su homóloga de Vox, Carmen Robledillo, por el contrario, ha responsabilizado a las políticas de vivienda desarrolladas por los partidos progresista de empujar a los propietarios a optar por las viviendas turísticas en lugar de los alquileres de larga temporada. Así, ha expresado su confianza en que la moratoria sirva para erradicar los pisos turísticos ilegales y que permita ordenar el sector de forma razonable para respetar la convivencia vecinal.
Por el PSOE, su portavoz adjunta, Trini Amorós, ha sostenido que su partido ya había promovido distintas iniciativas relacionadas con la ordenación de las VUT que fueron rechazadas por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y que, después, han promovido como si se tratase de acuerdos propios. Así, se ha referido a la solicitud de un estudio específico sobre el sector, así como la petición para que se promoviese una modificación puntual del PGOU para regular la implantación de los pisos turísticos.
En la réplica, Mas ha insistido en que la suspensión propuesta alienta la especulación por parte de fondos de inversión dispuestos a adquirir edificios para promover bloques turísticos. Además, ha recalcado que se ha incrementado la oferta de VUT en un 120% y ha exigido medidas contra la oferta ilegal. Robledillo también se ha posicionado en esa línea. Y Gómez ha respondido que el registro al que había aludido Copé permitía la inscripción de pisos turísticos que no tuviesen certificados de compatibilidad, que es un requisito que sí se exige ahora.
A la postre, el acuerdo ha quedado respaldado por 26 votos a favor (los de los concejales de PP, PSOE y Vox), la abstención de los dos representantes de Compromís y el voto en contra del edil de Esquerra Unida Podem.
