La 'foto' de los pisos turísticos en Alicante: 4.108, concentrados en Centro y Playa y 'sin tensión'

ALICANTE. El diagnóstico de situación sobre la realidad de los pisos turísticos en Alicante encomendado por la Concejalía de Urbanismo a la consultora EOSA para abordar la toma de decisiones respecto a la conveniencia de regular el sector precisa la existencia de 4.108 unidades registradas en el conjunto del término municipal (74 de ellas en bloques completos, que computan como una única licencia), que quedarían concentradas fundamentalmente en dos ámbitos concretos: el Casco Antiguo y las calles anexas del Centro Tradicional y el distrito de Playa de San Juan. Junto a esas dos zonas, también se confirmaría una presencia significativa de viviendas de uso turístico (VUT) en la franja costera de Urbanova.

De esa suma total de 4.108 VUT, que representan el 68,42% de las plazas de alojamiento de la ciudad, se habría detectado disfunciones en 3.292 casos, al tratarse de viviendas que estarían dadas de alta en el registro autonómico de la Generalitat, sin que conste en los registros de la Concejalía de Urbanismo que hubiesen tramitado la concesión de permisos, según han precisado los representantes de la consultora al exponer los principales rasgos del estudio.

Esos pisos turísticos no serían ilegales, puesto que estarían declarados, aunque presentarían la salvedad de no haber quedado expuestos a autorización o informe municipal como el que se requiere ahora, a través del nuevo decreto regulador del Consell, por el que se introduce la obligación de que todas las VUT cuenten con informe de compatibilidad urbanística (con la excepción de los pisos turísticos en activo que se declararon antes de 2018, a los que se concede un plazo de cinco años para obtener ese informe, como ha recordado la presidenta de APTURCV, Silvia Blasco, en su intervención en el turno de preguntas posterior a la presentación).

Al margen quedaría, eso sí, cualquier otra vivienda que pueda estar comercializándose para el alquiler vacacional temporal que no figure en ningún registro oficial y cuyo volumen global hasta ahora resulta imposible de cuantificar en una cifra por las dificultades que presenta su detección, según han precisado tanto los responsables de EOSA y fuentes municipales consultadas. En todo caso, con ese fin se estaría tratando de incrementar las inspecciones aleatorias a cargo de la Policía Local, al tiempo que se sigue trabajando en coordinación con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para implementar nuevas herramientas tecnológicas de rastreo de esa oferta irregular con el propósito de aflorar esa actividad, según han precisado tanto el alcalde, Luis Barcala, como la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, a la conclusión del acto de presentación del estudio.

Con todo, según el informe, de esa situación observada en la ciudad de Alicante no se habría podido concluir todavía que se registren situaciones de saturación en ningún emplazamiento concreto. Ni tan solo en los tres ámbitos identificados del Casco Antiguo, Playa de San Juan y Urbanova en los que existiría una mayor concentración de oferta. El total de VUT registradas en la ciudad representaría el 2,31% del total del parque de viviendas. Y en el caso concreto del Centro, se detecta la presencia de 20 viviendas de uso turístico por cada 100 pisos. En el caso de Playa de San Juan, la proporción baja a 6 VUT por cada 100 viviendas. Y en el caso de Urbanova, a 1 por cada 100. Así, según los responsables de la consultora que ha elaborado el estudio, esa correlación no conllevaría, en términos generales, un impacto negativo en forma de presión sobre el mercado inmobiliario o sobre la convivencia vecinal.

En todo caso, el mismo estudio plantea hasta nueve recomendaciones concretas de medidas a adoptar para regular el sector y evitar situaciones de saturación, entre las que se incluye el acuerdo de suspensión de nuevas licencias por un periodo de dos años, además de la creación de un censo o registro público de VUT que permita formular un seguimiento actualizado desde la transparencia. De igual modo, el informe sugiere la aplicación de sanciones para los infractores o la introducción de medidas para incentivar el alquiler de viviendas de larga duración, de forma que resulte atractivo frente a su arrendamiento con fines turísticos, por ejemplo. Se trata de medidas que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya ha comenzado a implementar -de hecho, la moratoria a la concesión de licencias se prevé aprobar en el pleno del próximo 19 de diciembre- y otras que están en proceso de estudio, según han recalcado Barcala y Gómez.

"Gracias a este informe, el Ayuntamiento cuenta por primera vez con datos objetivos y actualizados para trabajar en la ordenación y regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) y la erradicación de las ilegales", ha señalado el primer edil. En esta línea, ha añadido que el objetivo del Ayuntamiento "no es en ningún caso atacar al modelo turístico de la ciudad, fundamental para nuestro PIB, ni perseguir la actividad de las viviendas de uso turístico, sino garantizar que haya un orden, como el propio sector viene reclamando, una normativa clara y una seguridad jurídica tanto para el sector empresarial como para la ciudad, y asegurarnos de la erradicación de toda ilegalidad". Así, ha incidido en que "defendemos nuestro modelo productivo, nuestro modelo turístico, la diversidad que dentro de ese modelo la ciudad de Alicante proporciona y este informe nos da las pautas de hacia dónde tenemos que ir".

Precios sin incrementos del 3% por encima del IPC

En este sentido, a pesar de la presión existente en ciertas zonas de la ciudad, el informe concluye que ningún barrio de Alicante se considera, según la Ley Estatal de Vivienda, "zona de mercado residencial tensionado", en la medida en que no se ha constatado que el precio de los alquileres haya crecido a un ritmo del 3% superior al índice del IPC. Además, las estadísticas analizadas tampoco habrían permitido concluir que en Alicante se destine más del 30% de la renta media al pago de un alquiler. Es decir, que no se cumplirían los criterios establecido en esa normativa estatal como condición para que pudiese considerarse una ciudad tensionada o con barrios tensionados.

De igual modo, según el estudio, tampoco se observa en los últimos años un decrecimiento en el número de población residente en estos barrios con mayor presencia de VUT. Esto indica que la presencia de las VUT en estas zonas "todavía no ha generado un éxodo de población ni un aumento considerable en los precios de las viviendas", según el informe. Y, entre otros puntos, el estudio ofrece también datos relevantes sobre el número de plazas de VUT por cada 100 habitantes, que en Alicante es de 5,5, muy por debajo de ciudades como Barcelona (11 plazas por cada 100 habitantes), Madrid (22), Málaga (30), San Sebastián (9), Sevilla (27), o Valencia (14).

Discrepancias y valoraciones

En todo caso, en el turno de preguntas, se han evidenciado las posiciones de representantes de colectivos vecinales y entidades sociales que han apuntado ciertas discrepancias respecto a las conclusiones del estudio. En ese sentido, el representante de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, José Vicent, ha considerado que los residentes del barrio sí consideran que el Centro Tradicional es una zona tensionada por el trasiego constante de visitantes. Además, ha reclamado facilidades para poder comunicar a la administración la existencia de pisos turísticos no reglados y que se habiliten mecanismos para que la Policía Local pueda verificar ese funcionamiento irregular.

La presidenta de APTURCV, Silvia Blasco, ha incidido en que las viviendas turísticas anteriores a 2018 no pueden considerarse irregulares por el hecho de que no dispongan de informe de compatibilidad favorable, puesto que ese era un requisito que no se exigía entonces y no se puede aplicar con carácter retroactivo. Además, ha defendido el impacto económico de las VUT al señalar que crean 168.000 empleos y 300.000 indirectos en la Comunitat, y que en la ciudad de Alicante esa repercusión supone el 0,18% y 0,31% respectivamente. Así, ha considerado que Alicante debe decidir qué modelo de ciudad quiere tener, puesto que las VUT generan "empleo, riqueza y sostenibilidad", al margen de destacar que "las viviendas turísticas se han regenerado, reconstruido, y en la construcción también hay dinero".

La portavoz de la asociación 'Alicante, dónde vas', María Cuevas, también ha emplazado a analizar también el impacto en términos de tensión que los pisos turísticos conllevan en la transformación de los barrios, en la medida en que, a su juicio, han favorecido la desaparición del comercio tradicional, para sustituirlo por otro enfocado en los turistas, lo que habría propiciado el consiguiente fenómeno de gentrificación. Además, también ha cuestionado que no se considere que Alicante sea una ciudad con el mercado de la vivienda tensionado, "cuando destinamos el 40% del salario para pagar un alquiler". "Las viviendas son para vivir, no para especular; para alojar a los turistas ya están los hoteles, los pisos son para vivir", ha enfatizado para recalcar, además, el efecto que la construcción de pisos turísticos ha tenido con la demolición de edificios históricos.

Al término del acto de presentación, ha sido el turno de las valoraciones políticas por parte de los representantes de los grupos que ejercen funciones de oposición. Así, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha calificado como "decepcionante" el estudio al considerar que no contiene datos sobre el número de viviendas de uso turístico que operan de forma ilegal, puesto que sólo se han contabilizado como ilegales las que están inscritas en el registro de la Generalitat Valenciana y que carecen de licencia municipal. Además, la concejala socialista ha destacado que sólo se han calculado las subidas de precios de viviendas de alquiler residencial entre el periodo de 2019 a 2022, dejando al margen la subida de un 25% de los precios que se ha acumulado en los dos últimos años.

De igual modo, ha insistido en que la oposición sigue sin recibir el informe, como tampoco el que ha sido elaborado por la Cátedra de Turismo de la UA. "Cuesta creer que en el Casco Antiguo y calles adyacentes haya el mismo número de plazas en viviendas de uso turístico que en viviendas residenciales y que, según el estudio, no hayan subido los precios del alquiler. También llama la atención que en zonas como la Playa de San Juan las viviendas turísticas alcancen el 20% del total mientras que la normativa en vigor sólo permite que se ubiquen en planta baja o en edificios exclusivos para esta actividad. Si es así, el Ayuntamiento debe actuar de inmediato para inspeccionar, sancionar y clausurar todas las viviendas turísticas que operan sin licencia. Por otro lado, en el Centro Tradicional no puede haber VUT en edificios residenciales, sólo se admite en bloques completos destinados a ese fin, y eso es algo que no se está cumpliendo", ha considerado.

"El Ayuntamiento de Alicante tiene todo el trabajo por hacer cuando Barcala lleva ya seis años como alcalde, seis años en los que ha mirado hacia otro lado sin importarle la convivencia vecinal o si nuestros vecinos podían acceder o no al alquiler. Seguimos sin saber cuántos apartamentos turísticos operan de forma ilegal en la ciudad y si existen zonas tensionadas porque los datos están desactualizados. Tampoco han aclarado qué medidas se van a adoptar para incentivar el alquiler residencial de larga temporada", ha añadido la concejala.

En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, también ha sido crítico respecto al informe al considerar que "es un bluf, no ofrece nada nuevo". "Esos datos son extraídos de los datos oficiales. Esto lo tenemos todos, 4.200 licencias turísticas que están sobrecargando, saturando la ciudad, en especial el Casco Antiguo. Nosotros queremos saber por qué hay cerca de 3.200 pisos de forma ilegal que no se han intervenido. Me gustaría saber por qué no han cogido los datos de las plataformas que mercantilizan con esos pisos turísticos, que son ilegales", ha insistido.

"Conocemos que hay 3.200 pisos turísticos ilegales y el resto están anunciándose en las plataformas. Los datos de plataformas como Idealista dicen claramente que el 40 al 45% de los ingresos de los alicantinos son destinados al alquiler. Es decir, sí que hay barrios tensionados en esta ciudad. Lo que dice este estudio es una foto fija, sin más. No han acudido a las fuentes externas, no han pedido a las mercantilizadoras, a las que mercadean con ese tipo de viviendas turísticas, datos. Tampoco han preguntado a los vecinos. En definitiva, es un estudio de una foto fija de datos oficiales. Además, nos preocupa que el 95% de la oferta turística sea de pisos, no hoteles. Esto no genera empleo ni riqueza, además de provocar muchos problemas de convivencia", ha concluido.

Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha apuntado que ahora "es momento de poner la vivienda en el centro de la agenda pública. Por eso urge tomar medidas de calado ante la situación que tenemos en Alicante". "Bienvenido el estudio sobre las viviendas turísticas pero ¿qué pasa con las viviendas precarias?, ¿qué pasa con las viviendas sociales? Solamente tenemos 1.192 viviendas de este tipo, que representa el 0,62% de la vivienda de nuestra ciudad, cuando en España la media es el 2,5. Por tanto hay que multiplicar por 4 las viviendas sociales. Y por último ¿qué pasa con las viviendas vacías que son cerca de 16.000?", se ha cuestionado. 

Así, ha incidido en que "hace falta un plan de vivienda lo más consensuado posible para nuestra ciudad. Es momento de ofrecer soluciones reales y sostenibles a la crisis de vivienda que estamos sufriendo. Apostamos por una inversión de dos millones y medio de euros para incentivar el mercado de alquiler de pisos vacíos: serían unas mil viviendas las que se podrían sacar a la luz en régimen de alquiler asequible con este incentivo. Reafirmamos nuestro compromiso con un modelo de vivienda más justo, asequible y accesible para todas las personas", ha apostillado.