El funcionario junto al ex alcalde de Benidorm en su fichaje por el Ayuntamiento. Foto: AP.BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm va a por todas en contra de su propio funcionario, el criminólogo municipal que fue suspendido de empleo y sueldo por un expediente sancionador. La decisión tomada por parte del equipo de gobierno formado por el PP y CBM ha sido interponer un recurso contra la sentencia a través de sus abogados municipales, tal y como ha podido confirmar este diario.
Así, el Consistorio buscará que se le aplique la sanción que ellos mismos abrieron al empleado público por según ellos, desobedecer la petición de acudir a una comparecencia a petición de un concejal. Algo que reconoce el propio juzgado, pero que lo considera como un hecho grave y no "muy grave". Como consecuencia, anula esos tres años y los rebaja a una sanción de 15 días.
Hay que recordar que el funcionario salió a la palestra en su momento por haber destapado actividades ilegales en el seno del Ayuntamiento. Al parecer, algunos funcionarios podrían haberse beneficiado de la situación de vulnerabilidad de las personas que estaban dentro de los programas de trabajos a la comunidad, vinculados a instituciones penitenciarias. Supuestamente, algunos empleados públicos les habrían sobornado.
En este caso, el técnico llegó a renunciar como responsable del programa de trabajos en beneficio de la comunidad. De esta forma, el criminólogo manifestó no hacerse "responsable de los penados" en un escrito al alcalde, Toni Pérez. Motivo por el cual también abrieron el expediente contra él.
Como se recordará, el Ayuntamiento incoó dos expedientes administrativos contra el empleado público, que fue acusado de diez faltas disciplinarias y dos delitos ante la Fiscalía. Estos dos últimos fueron archivados y de las diez faltas, solo una ha sido una la que ha prosperado, que ha sido la recurrida en esta demanda.
Se trata de la supuesta "desobediencia abierta a /as órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico", al no haber atendido la orden dirigida al criminólogo por la concejal de Bienestar Social en fecha 14 de junio de 2016, a fin de que compareciera ante el instructor del expediente informativo que estaba tramitándose para prestar declaración.
Ante esto, en su momento el funcionario recurrió dicha resolución asegurando que tenía motivos para no poder acudir a dicha cita, además de considerar que la sanción era desproporcionada.
Algo que no consideran desde el Ayuntamiento a pesar de esta sentencia. Así, durante el plazo habilitado han presentado un recurso contra la misma buscando la máxima pena por lo que consideran que ha quedado acreditado por la jueza: no acudió al encuentro. Un servicio jurídico que no obstante no está defendiendo por otra parte los intereses del funcionario, que ha buscado amparo en una empresa externa.
Hay que tener en cuenta que la magistrada afirma que el empleado desobedeció a la citación de la concejal en las tres fechas propuestas. Asimismo, considera "que los motivos esgrimidos por el mismo, tales como la excesiva carga de trabajo, la imposibilidad de dejar desatendido el servicio o la imposibilidad de recabar toda la información que le había sido requerida, no justifican su incomparecencia". La jueza hace referencia a que el Ayuntamiento había propuesto un sustituto para que pudiera acudir a la comparecencia.
Por el momento, la sentencia queda en manos de una nueva decisión judicial. Como se recordará, el criminólogo estuvo apartado de su puesto de trabajo durante 6 meses y por tanto, sin percibir su salario mensual. Una retribución que en caso de que le sigan dando la razón de manera parcial, tendrá que esperar a que la sentencia sea firme para que le puedan devolver su sueldo.
