El 2020 será aceptable si hay PGE

¿Será el 2020 un buen año para la provincia de Alicante? ¿para el resto de la Comunitat Valenciana? Hay muchos factores en juego. El primero, es la estabilidad política: la economía necesita seguridad jurídica y estabilidad. El empresario quiere saber de antemano con qué condiciones pivotará su inversión y por tanto, que éstas sean duraderas, claras, transparentes y que no cambiarán las reglas del juego a mitad de partido.

Es verdad, que el hipotético Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos ya se ha encargado de tranquilizar al IBEX y a la patronal sobre sus política fiscales y las posibles novedades que se puedan introducir en la legislación laboral. No gustará a todos. Pero para que se ponga en marcha, primero debe haber investidura, después Ejecutivo y finalmente, presupuestos generales del Estado en 2020. Después ya vendrá el debate y las reacciones a cada cuestión.

Pero independientemente de cómo y cuándo salga, sí hay un consenso básico entre todos los actores es que debe empezar a rodar el balón, que se evite una hipotética repetición electoral -que supondría el fracaso del sistema del 78, como bien ha advertido en muchas ocasiones el analista José Antonio Zarzalejos- y que el Gobierno disponga de unas cuentas generales. En el acto de aniversario de Alicante Plaza el politólogo Pablo Simón ya comentó que unos presupuestos puedan dar una vida de tres años a un ejecutivo y le dejan cierto margen de maniobra e independencia respecto a la geometría de las mayorías en el Congreso de los Diputados. Que sea con el respaldo de ERC, o con los 221 apoyos de diputados constitucionalistas es otro debate que siempre tendrá muchos prismas.  Pero lo que está claro es que con el balón en marcha, pueden entrar a jugar nuevos actores en un futuro. De poco servirá tener investidura y Gobierno, si no hay presupuestos.

Pero ante la hartodíficil una reforma del sistema de financiación autonómica, la provincia de Alicante, en particular, y la Comunitat Valenciana, en general -y creo que el resto de autonomías e instituciones públicas-, necesitan unos presupuestos. Si incluyen unas inversiones por valor del 10% de las cuentas, por lo menos serán aceptables, amén de otros detalles que puedan incluir, o dejar fuera. Si los hay, ya se analizará en su momento.

Pero se necesitan presupuestos para que proyectos esenciales como el Corredor Mediterráneo no se detengan -la conexión en alta velocidad entre Murcia-Alicante, València y Castellón es más necesaria que nunca-; para que se incluyan proyectos en carreteras tan esenciales como el desdoblamiento de la A7 a su paso por el área metropolitana de Alicante; la duplicación de la N-332 a su paso por Torrevieja o se contemplen más accesos a la liberalizada AP7 (de momento, sólo está en obras el de Oliva), y para que la conexión con el aeropuerto y el tren de la costa comience a ser un realidad -aunque sea solo hasta Dénia- y que la renovación llegue a la línea de Cercanías Alicante-Murcia y a sus convoyes. Creo que en eso hay un consenso generalizado entre casi todas las fuerzas políticas y en los agentes sociales. No son grandes alardes, pero serían lo mínimo exigible para que la economía perciba síntomas del sector público para mejorar las condiciones de competitividad.

A nivel doméstico, la Comunitat tiene dos certezas que tiene que combatir: una más general, como el Brexit, ya definitivo, que tiene una importante incidencia en el sector servicios, y otra más interna, que es recomponer una comarca, como la Vega Baja, y todas su economía e infraestructuras devastadas por las inundaciones de septiembre. 

En ambos casos, se requiere presupuesto del Estado. En el Brexit, para seguir generando confianza al principal mercado emisor de la Costa Blanca, el británico; en las inundaciones, para que se adopten las medidas necesarias para que otras lluvias de esta magnitud, que todos auguran que se repetirán con más asiduidad, pongan reparos a las infraestructuras. Que se hagan las que se tengan que hacer sin intereses privados o particulares de por medio, o políticos, y que se ejecuten con diligencia y rapidez. Tanto en las políticas de adaptación al Brexit como en la mejora y adecuación de las infraestructuras hidráulicas ante el cambio climático deben imperar el interés general.

A bote pronto, esto es lo que me parece urgente, inmediato. ¿Que quedarán más cosas por hacer? Claro que sí. Muchas reformas y mucha agilidad en la toma de decisiones, pero todo lo que sea no solventar lo esencial supondrá inestabilidad política y, por tanto, incertidumbre económica. Cualquier otra decisión se puede combatir en la calle, o en los tribunales, pero la falta de proyecto económico para un país es un fracaso colectivo, y más en los tiempos que corren. Que no hay un presupuesto general del Estado lo sufren todos: los ciudadanos, y las instituciones. Si lo hay, por lo menos, el 2020, será un año, cuando menos, aceptable. Otras circunstancias lo pueden hacer peor, o mejor.