El exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, a las puertas de la Audiencia. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, no está dispuesto a darse por vencido y también recurrirá frente a la segunda sentencia dictada por la Audiencia Provincial que le condena por un delito de prevaricación administrativa a cuenta del despido de la cuñada del actual primer edil, Luis Barcala (PP). Según pudo confirmar Alicante Plaza, el exregidor prevé acudir al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para defender su inocencia tras acumular dos penas de inhabilitación para el desempeño de cargo público por un periodo global de 21 años de duración: 12 por el fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio y nueve más por la sentencia conocida este martes sobre el despido de la familiar de Barcala.
El nuevo recurso llegará después de que el alto tribunal autonómico haya ratificado la primera resolución de la Audiencia sobre los contratos de Comercio. Con todo, esa resolución tampoco es firme, ya que Echávarri también ha anunciado ya el registro de su recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) con el propósito de que se pueda revertir su condena.
Hasta el momento se desconoce qué argumentos se podrían esgrimir en este nuevo recurso frente a la sentencia del caso despido, aunque todo parece indicar que se podría abundar en la línea seguida durante el juicio: que el cese de la trabajadora adscrita al área de Cultura fue legal, en la medida en que había sido contratada para el desempeño de unas funciones que ya se habían extinguido.
Según expuso su abogado defensor durante la vista, José Díaz, esa fue la conclusión a la que llegaron los técnicos de la Concejalía de Recursos Humanos y los letrados de la Asesoría Jurídica Municipal. Sin embargo, la sentencia conocida este martes apunta que, ante la falta de explicaciones de Echávarri sobre las circunstancias que motivaban el cese de la trabajadora interina, los técnicos "se afanaron en localizar la causa legal en que dicho cese debía basarse". Según el fallo, la búsqueda de esa causa fue a posteriori "y la encontraron o eso creyeron", ya que, para el tribunal, en ese proceso obviaron que la cuñada de Barcala había sido destinada a otras funciones en otros centros adscritos a la Concejalía de Cultura y que en ese departamento no se había solicitado prescindir de sus servicios.
Si las sentencias adquieren firmeza, el exprimer edil no podría ocupar ningún puesto en la gestión pública hasta 2041
Por ello, la sentencia resuelve que el despido se acordó "fuera de todo procedimiento legalmente establecido, de manera abrupta, sorpresiva e injustificada y que constituye una verdadera desviación de poder". Además, considera que la decisión "tenía la finalidad no ya de perjudicar a la interina, única cesada entre cientos de interinos, sino que constituía una venganza contra el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento, quien ese mismo día había interpuesto una denuncia contra el hoy acusado por un presunto delito de prevaricación", en alusión a la denuncia presentada en Fiscalía por el fraccionamiento de contratos de Comercio.
En el caso de que los nuevos recursos no prosperasen, el exprimer edil tendría las puertas cerradas para un hipotético regreso a todo puesto relacionado con la gestión pública hasta el año 2041. Con todo, la pretensión fundamental que Echávarri trataría de conseguir con los recursos sería la de restablecer su imagen frente a dos resoluciones judiciales que considera injustas. Sea como fuere, hasta ahora las dos sentencias (todavía no firmes) le reafirman como el primer alcalde de Alicante del periodo democrático en resultar condenado por su papel al frente del Ayuntamiento, a la espera de que se produzca el juicio del supuesto amaño del Plan General destapado en el marco del caso Brugal, que sentará en el banquillo de los acusados a los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y de que se resuelva el recurso presentado por la Fiscalía frente a la sentencia absolutoria dictada para Díaz Alperi por delito fiscal.
