El empresario Enrique Ortiz, junto a su letrado, a su llegada a la Audiencia, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Dos peritos informáticos propuestos por la defensa del promotor Enrique Ortiz han desacreditado este miércoles, en el juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante investigado en el caso Brugal, la integridad de las conversaciones telefónicas captadas por la Policía de las que dispuso el Juzgado Número 5 de Alicante para instruir las diligencias sobre el planeamiento de la ciudad. En una larga comparecencia, los dos expertos se han ratificado en las conclusiones de los cuatro informes que la defensa de Ortiz ha aportado a la causa en relación a los CD en los que se contienen esas grabaciones como parte de su estrategia para solicitar la nulidad de esos audios.
Así, los dos expertos han sostenido que ninguno de esos CD analizados disponen de la "firma digital de conjunto" que garantice la integridad del contenido almacenado y que tampoco cuentan con el "sello de tiempo" con el que se acreditaría que las conversaciones intervenidas en los teléfonos de Ortiz y de su esposa se desarrollaron en una fecha y a una hora concreta. Esa situación, según han detallado, valdría tanto para los CD facilitados al tribunal enjuiciador desde el Juzgado Número 5 de Alicante, como para los que se remitieron desde la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, en la que se juzgó la rama del caso Brugal relacionada con la adjudicación del contrato de la basura de Orihuela.
Sin esas dos características técnicas, según han explicado, no se podría acreditar que las grabaciones recogidas en esos soportes se correspondían con los audios custodiados en el sistema de registro y almacenamiento del que dispone el Ministerio del Interior para conservar las escuchas que forman parte de investigaciones policiales: el sistema Sitel. Eso sí, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, los dos expertos han admitido que no podían asegurar que el contenido de las grabaciones de esos CD habían sido alteradas o manipuladas, ya que ni las analizaron ni pudieron cotejarlas con las originales conservadas en Sitel. Según han apuntado, solo podían concluir que, desde el punto de vista técnico, no estaba garantizada la integridad y la fidelidad de las grabaciones respecto a las contenidas en Sitel. Es decir, que no podía asegurarse que fuesen una copia auténtica del sistema Sitel.
Es más, a preguntas del abogado defensor de Ortiz, los dos peritos han sostenido que en los CD remitidos por la Sección Séptima de Elche "existían huecos" respecto al contenido disponible en los CD de los que dispuso el Juzgado Número 5 de Alicante. En concreto, han asegurado que en el cotejo de esos CD habían comprobado que en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2008 faltaban más de 4.000 conexiones telefónicas realizadas desde el terminal de Ortiz y que sí figuraban en las facturas de su operadora.
Ambos han apuntado, además, que, según su criterio profesional, el 50,2% de los archivos almacenados en esos CD sobre esas conexiones telefónicas adolecían de "algún defecto muy grave", en alusión a la carencia de esas firmas electrónicas, entre otros elementos técnicos que garantizarían su integridad. Esa situación también afectaría a las conversaciones que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se puedan escuchar ante el tribunal en las próximas sesiones del juicio. En concreto, se trataría de una situación que afectaría a 202 de las 308 conexiones demandadas por la Fiscalía para que se produzca su reproducción ante la sala (una prueba que se practicará en varias sesiones a partir de este jueves).
Los expertos admiten que en su análisis de los CD no pudieron concluir que el contenido de las grabaciones se manipuló y que solo apuntaron que su fidelidad no estaba garantizada técnicamente
Los dos expertos también han señalado que, en algunas ocasiones, la firma digital de esos archivos se incorporó con posterioridad, incluso hasta dos años después. En la misma línea, han señalado que los CD facilitados por la Sección Séptima de la Audiencia proceden de un nuevo volcado del sistema Sitel que se elaboró en 2010 y han añadido que, en realidad, los once CD facilitados por el tribunal para poder elaborar su informe no recogería todas las conversaciones captadas por la policía, puesto que para solicitar la prórroga de la autorización judicial de la intervención del teléfono de Ortiz, la Policía debía aportar al menos un CD mensual con las grabaciones realizadas en el último periodo autorizado. Así, según han apuntado, en el caso de las conversaciones de Ortiz, deberían existir al menos 21 CD con conversaciones, ya que se emitieron otras tantas autorizaciones sobre las escuchas.
Los dos peritos han expresado sus dudas sobre el funcionamiento del propio sistema Sitel, después de que Romero haya apuntado que las propias operadoras telefónicas que proporcionaban los audios de las conversaciones a la Policía ya debían aportar el sello de tiempo sobre el momento en el que se realizaban esas llamadas. Al respecto, los dos expertos han asegurado que ese debería ser el sistema correcto, pero han señalado que el error podía proceder del hecho de que el Ministerio del Interior hubiese homologado la información proporcionada por los operadores. En todo caso, también en respuesta a las cuestiones del fiscal, han reconocido que la exigencia de esa firma digital se produjo a partir de los protocolos que se aprobaron en 2013, y no en los años en los que se realizaron las escuchas telefónicas. En este sentido, Romero ha recalcado, también, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) ya había establecido que la ausencia de esa firma digital en las escuchas del sistema Sitel no podía interpretarse como una evidencia de la manipulación de su contenido.
Por último, a preguntas de Romero, los dos peritos también han asegurado que el hecho de que el volcado de las grabaciones se produjese en un formato de solo lectura no garantizaba que los CD contuviesen la integridad de las conversaciones, puesto que "se podían añadir o quitar conversaciones".
El juicio se dirige contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además de contra el empresario Enrique Ortiz y otros seis procesados. La Fiscalía sostiene que los dos expolíticos ofrecieron un trato de favor a Ortiz en la redacción del nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad a cambio de presuntas dádivas. La sesión del juicio de este miércoles ha comenzado, de hecho, con la declaración del empresario Antonio Solana en relación a una de esas dádivas.
