El empresario Enrique Ortiz, a su llegada a la Audiencia. Foto: EFE / PEP MORELLALICANTE. El presunto amaño del Plan General de Alicante investigado en una de las piezas separadas del caso Brugal llega finalmente a juicio a partir de este martes, 30 de junio, diez años después de que se produjese el arresto de varios de los implicados y el registro de varias dependencias públicas y privadas, en una operación desplegada de manera coordinada en varios municipios de la provincia. El proceso se iniciará a las 10:00 horas en la sala de vistas de la Audiencia Provincial reservada habitualmente para el tribunal del jurado al tratarse de la sala de mayor tamaño del edificio judicial (y, por tanto, la que permite que los intervinientes puedan guardar las distancias de separación impuestas como medida preventiva frente a la propagación del coronavirus).
En el banquillo de los acusados, se sentarán los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; los empresarios Enrique Ortiz y Ramón Salvador; los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa); y tres personas ligadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz; Santiago Bernáldez y Pablo Rico. En la acusación, intervendrá la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU) en Alicante.
El tribunal, compuesto por las magistradas Cristina Costa, Monserrat Navarro y Margarita Esquivá, deberá dilucidar si los dos conocidos promotores (Ortiz y Salvador) obtuvieron un trato preferente en la planificación urbanística de la ciudad durante su fase de redacción, entre 2007 y 2009, a cambio de la entrega de diversas dádivas: varias entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper, y viajes pagados a Creta, Ibiza y Andorra.
Según el sumario, los beneficiarios de la mayoría de esas presuntas dádivas fueron los dos exdirigentes municipales, a quienes se trataba de agasajar a cambio de conseguir condiciones urbanísticas favorables. Por su parte, a Gutiérrez y Castedo -titulares del bufete Salvetti Abogados- se les considera facilitadores de las modificaciones urbanísticas, como responsables de tramitar alegaciones solicitando esos cambios ante el Ayuntamiento. A los tres colaboradores de las empresas de Ortiz se les considera mediadores en las presuntas entregas. Así se reflejaba, además, en el auto de procesamiento dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante hace tres años, con el que se daba por cerrada una larga investigación y una instrucción no menos procelosa, con idas y venidas al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
El último paso emanado de ese juzgado fue la emisión del auto de apertura de juicio, que llegó en febrero de 2018, cuando se acordó la exclusión del proceso del arquitecto Jesús Quesada -al que se le había encomendado la redacción del nuevo PGOU-, así como la retirada de la imputación del delito de aprovechamiento de información privilegiada que se le atribuía inicialmente a Ortiz. En ese mismo auto, se requería a los seis principales acusados para que depositasen fianza de manera solidaria para asegurar la cobertura de posibles responsabilidades pecuniarias (indemnizaciones) por un importe de 1.339.249,20 euros, en función del gasto generado al Ayuntamiento de Alicante por la tramitación de ese PGOU que no llegó a tener aplicación efectiva. No la tuvo porque, a principios de 2015, el equipo de Gobierno presidido por el popular Miguel Valor, tras la dimisión de Castedo, desistió de su tramitación tras haberlo elevado a la consideración de la Generalitat.
Esa fianza ya está depositada. La última consignación la realizó el propio Enrique Ortiz el pasado 23 de junio por un importe de 676.942,96 euros, justo el mismo día en el que comunicó al tribunal la retirada de su confesión (primero, de manera verbal, y después, notificándolo por escrito finalmente en esa misma fecha). Como informó este diario, en ese trámite, el empresario se retractaba del acuerdo de conformidad que había firmado con las tres acusaciones el pasado 9 de abril y ratificado el 22 de ese mismo mes ante el propio tribunal sin aportar ninguna explicación adicional que pudiese motivar ese cambio de criterio. Simplemente, en ese escrito se informaba de la intención de no ratificar ese acuerdo de conformidad en el inicio del juicio: un trámite necesario para que pueda tener validez.
Los acusados alegarán el incumplimiento de la cadena de custodia en el tratamiento de los audios y de las grabaciones captadas por la Policía
Lo cierto es que tampoco resultaba necesario que aportase una justificación. Se interpretaba que la sentencia absolutoria dictada por la Sección Séptima de la Audiencia en la rama de las basuras de Orihuela llevó a cambiar la estrategia de su defensa, al margen de que dicha sentencia no sea firme y de que la Fiscalía esté trabajando en el recurso de casación. Sencillamente, Ortiz y su defensa vieron la oportunidad y optaron por enfrentarse al juicio sin pacto previo que le librase de la cárcel, espoleados por la nulidad de las escuchas que dieron origen a toda la investigación. Y todo pese a la dificultad lógica que entraña haber reconocido unos hechos para luego desdecirse de ello.
Sea como fuere, la nulidad de las escuchas va a ser la línea central que pretenden argumentar el conjunto de las defensas en cuanto se dé comienzo a la vista y se les ceda el uso de la palabra para exponer las llamadas cuestiones previas. Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que todos los letrados defensores solicitarán que se acuerde la nulidad de los pinchazos telefónicos en los que se basó parte de la investigación sobre el planeamiento de Alicante por los mismos argumentos que se detallaron en la sentencia sobre la contrata de residuos de Orihuela: que esos audios no fueron autorizados de manera conveniente, lo que causó indefensión a los acusados.
Sin embargo, no se limitarán a apuntar esa cuestión. El objetivo compartido por todas las defensas es poner de manifiesto todas las anomalías que, a su juicio, se habrían producido a lo largo de la investigación. Según las fuentes consultadas, la lista de esas incorrecciones es larga y abarca desde las autorizaciones judiciales sobre los audios, que se comenzaron a tramitar desde los juzgados de Orihuela de manera extemporánea; hasta la ruptura de la cadena de custodia de esas grabaciones; y de su volcado informático. Esa misma circunstancia se extendería a las imágenes captadas en los seguimientos practicados a los investigados. Horas y horas de conversaciones y vídeos de los que, según se sostiene, no se habría certificado de manera conveniente la ausencia de manipulación posterior.
Por lo pronto, todo parece indicar que cada una de las defensas podría poner el foco de manera particularizada en una o varias de esas incorrecciones para no ofrecer argumentos reiterativos. Con todo, se augura que el trámite de las cuestiones previas pueda alargarse en más de una sesión. De acuerdo con el calendario previsto de manera inicial, solo se ha previsto una jornada para la exposición de esas objeciones iniciales. Y la vista debería proseguir el próximo 7 de julio con la pretensión de que el tribunal pudiese resolver esas cuestiones previas. Por si fuera poco, varias de las defensas han aportado nuevos informes periciales y han anunciado la solicitud de la práctica de nuevas pruebas.
