ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante oficializa su streptease contable anual con el trámite de la dación de cuenta del informe de liquidación del presupuesto de 2022 en el primer pleno ordinario del nuevo mandato 2023-2027, este jueves. Y, de nuevo, sus datos y el análisis que ofrece sobre ellos el departamento de Intervención municipal arrojan luz sobre aspectos especialmente relevantes como el grado de ejecución presupuestaria: un indicador que el equipo de gobierno, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), no llegó a facilitar antes de la celebración de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, pese a la insistencia en la solicitud de información por parte de los grupos que ejercían funciones de oposición.
De hecho, hasta ahora sólo había trascendido que el Ayuntamiento disponía de un cómodo colchón de 122 millones en remanentes de crédito, que ahora se verá reducido hasta poco más de 74, en el caso de que prospere la tercera modificación presupuestaria que se eleva a debate y votación en esa misma primera sesión plenaria. Ahora, ese informe de liquidación permite conocer que el ya extinto bipartito cerró su último ejercicio de gestión compartida tras haber conseguido ejecutar el 62% de su presupuesto. Si se prefiere, que se habría conseguido dar el uso previsto y planificado a seis de cada diez euros. Se trata de un dato inferior al alcanzado en 2021, cuando se llegó al 73,17%. En realidad, se trata del peor dato de la serie desde el año 2016. Entonces, fue del 87,03; pasó a 79,97 en 2017; y a 83,59, 72,25, 75,85 en los años posteriores hasta 2020.
Además, el informe anual también permite conocer el detalle de ejecución de las inversiones programadas. PP y Cs habían provisionado 37 millones para llevar a cabo distintos proyectos de mejora sobre la escena urbana y, de acuerdo con el informe, se habría llegado a gastar en ese fin poco más de 25: el equivalente al 67,5%. De nuevo, si se prefiere, se habría logrado invertir cerca de ocho de cada diez euros. Se trata de un dato que mejora el índice alcanzado en el año precedente (2021), cuando se llegó a solo un 32% de ejecución de inversiones, teniendo en cuenta que, entonces, todavía se arrastraban los efectos de la pandemia de la covid-19. De hecho, PP y Cs llegaron a exhibir ese dato como un logro al considerar que se había podido llevar a cabo el mayor impulso inversor en la serie histórica del ayuntamiento.
Sin embargo, el análisis del departamento de Intervención no da tregua respecto a la gestión municipal, pese a la mejora en el índice de ejecución de las inversiones municipales. De hecho, en su informe reprocha de forma específica el nivel de ejecución del presupuesto global para señalar que "el bajo coeficiente de ejecución, pone de manifiesto el déficit de planificación, por lo que se hace necesario dedicar recursos a este fin".
Pero eso no es todo. En ese dictamen, el máximo órgano de fiscalización y control de la contabilidad municipal también reprocha otro aspecto reconocido por los componentes del bipartito: el retraso en la entrada en vigor de los presupuestos. Así, en ese informe se apunta una recomendación expresa: "Se recomienda se inicien los tramites de formación del presupuesto con la antelación suficiente para dar cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 18 del RD 500/1990 y que el presupuesto entre en vigor el 1 de enero del ejercicio correspondiente".
Al tiempo, el informe de Intervención vuelve a recriminar otra circunstancia recurrente en los ejercicios precedentes: la aprobación de pagos por el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito para los gastos no presupuestados, como los relacionados con servicios sin contrato en vigor (que, lógicamente, no pueden programarse).
Así, ese dictamen señala que en 2022 se recurrió a ese sistema para saldar pagos por valor de 4.376.433,44 euros relacionados con servicios sin contrato en vigor como la limpieza de colegios y edificios públicos (entre enero y mayo de 2022 y ahora ya regularizado con un nuevo concesionario), que supuso un gasto de 3,4 millones. Además, también destacaría el suministro de gas, con pagos por más de 541.000 euros. De igual modo, el informe incide en que el 97% de esos pagos corresponden a un mismo departamento: el de Infraestructuras que dirigía el ya exconcejal del PP, José Ramón González.
Así, el informe incide en que "es necesario que el Ayuntamiento de Alicante implemente procedimientos de planificación y gestión que garanticen el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con antelación suficiente (de 6 a 12 meses) a la finalización de los contratos, con el fin de evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractual como consecuencia de la expiración del término de los contratos previos, así como la aprobación de las prórrogas en los plazos de ejecución".
De igual modo, el informe reitera otra de las advertencias recogidas en las liquidaciones presupuestarias precedentes en alusión a la falta de control sobre la concesión de subvenciones, a pesar del compromiso anunciado de forma reiterada de la ordenación de su asignación. "El Ayuntamiento no dispone de un plan estratégico de subvenciones, por lo que debería proceder a la mayor brevedad a su elaboración de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, su Reglamento y la Guía de la Intervención General de la Administración del Estado, donde discernir si las subvenciones se corresponden con lo establecido en la normativa al efecto, cuáles deben otorgarse mediante convocatoria, o bien, si se trata de prestaciones propias de la Ley de Contratos del Sector Público, cuáles son los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles, etc". Es más, llega a advertir que "la falta de elaboración del plan estratégico de subvenciones puede ser causa de nulidad de las que se concedan (STS 04-12-2012)".
Por lo demás, el informe reseña advertencias adicionales sobre los procedimientos de contratación, hasta el punto de señalar que sus avisos sobre supuestas anomalías llegaron a paralizar una contratación que podía haber incurrido en irregularidades en alusión a la contratación de procuradores. "Los seis expedientes de la Asesoría Jurídica rechazadas son sendas contrataciones de Procuradores de los Tribunales que fueron calificados de fraccionamiento de contrato por esta Intervención, que el centro gestor desistió de su tramitación".
Y, por último, el informe no desperdicia la oportunidad de reclamar un refuerzo de personal en el departamento de Intervención para mejorar la labor de fiscalización y control. Así, expone que "durante año 2022, tres funcionarios de carrera de los grupos A1 y A2 con más de 5 años de experiencia han sido sustituidos por interinos, dando como resultado que de un total de 22 funcionarios, 10 son interinos, de los cuales, 5 son técnicos (A1 o A2). Considerando que el proceso de formación de un funcionario en la Intervención requiere la dedicación de recursos por plazo superior a un año, la reciente incorporación de dos técnicos medios en proceso de formación en las materias específicas, en sustitución de otros con entre 5 o 15 años de experiencia, empeora en la situación respecto al ejercicio anterior".
Ese informe de liquidación ha llevado al grupo municipal del PSOE ha emitir sus primeras valoraciones críticas al respecto. En este sentido, su portavoz municipal, Ana Barceló, consideró este miércoles que "la Intervención del Ayuntamiento de Alicante vuelve a suspender la gestión de Barcala, un alcalde que en el ejercicio de 2022 solo fue capaz de ejecutar el 62% de los gastos previstos en su propio presupuesto. Eso es algo que supone que prácticamente 4 de cada 10 euros presupuestados no se ejecutaron. Todo a pesar de la falta de inversiones que sufre Alicante, una ciudad que se cae a trozos y que se ve bloqueada por la incompetencia de la gestión del alcalde".
Así, añadió que "el rapapolvo de este demoledor informe llega hasta el punto de que se cuestiona que el bajo coeficiente de ejecución de gasto pone de manifiesto el déficit de planificación existente, un apunte que, por otro lado, no nos sorprende. Solo hay que ver el caos que ha generado con las obras que se están ejecutando en estos momentos o los constantes problemas para adjudicar a tiempo expedientes de contratación de todo tipo, algo que motiva que el interventor le vuelva a sacar los colores, un año más".
En esta línea, recalcó que "la desorganización es tal que hasta se le insta a elaborar un plan estratégico de subvenciones para no seguir perdiendo oportunidades. Barcala debería de llevar a la práctica las recomendaciones de la Intervención y poner orden en la gestión municipal. Su incompetencia repercute en la calidad de vida de todos los alicantinos y alicantinas, así como en la pérdida de oportunidades de los sectores productivos de Alicante. Es inaceptable", concluyó.