El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, y el director general de Economía, José Vicente Todolí. ALICANTE. La Zona Acústica Saturada (ZAS) que el Ayuntamiento de Alicante debe declarar para reducir los niveles de ruido en la calle Castaños, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, no tiene marcha atrás e incluirá todas las medidas que resulten necesarias. Así, lo ha sostenido este jueves el alcalde, el popular Luis Barcala, en sus primeras manifestaciones respecto al alcance de la resolución judicial, en las que ha asegurado que, para la implantación de esos límites al ruido, se tratará de hablar con todas las partes y se intentará buscar el equilibrio entre el descanso y el desarrollo de la actividad económica.
"Este es un proceso que ya no tiene parada", ha señalado, tras mantener un encuentro de trabajo con la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, en la que se ha compartido la necesidad de reclamar mejoras en la financiación autonómica y municipal por parte del Gobierno Central. Eso sí, no ha llegado a detallar qué paquete de medidas concretas se pretende incorporar en esa ZAS en tanto que continúan en fase de estudio a partir del trabajo previo que, según ha recalcado, ya venía desarrollándose con anterioridad. Barcala ha apuntado que ni la propia ley llega a concretarlas, por lo que ha apuntado que no sería "responsable" avanzar planteamientos antes de que se concluya la definición de todo el conjunto de actuaciones previstas.
"Hay que tener en cuenta que esta sentencia resuelve que se debe declarar una ZAS, ajustada solo a la calle Castaños, por cierto, pero en ningún caso determina qué clase de medidas van aparejadas", ha explicado. "Vamos a concretar el paquete de medidas que la conformarían, ya que, con independencia del resultado del procedimiento, hay que atender la demanda de los vecinos y hay que equilibrar intereses de unos y de otros, y esas son las medidas que estamos estudiando", ha recalcado. "Habrá que abordar todas las alternativas posibles, igual que hay que hablar también con todas las partes", ha añadido.
En todo caso, a partir de los anuncios previos facilitados por parte del equipo de gobierno, se da por hecho que en esa ZAS se incluirían actuaciones como la reordenación de los veladores de la hostelería -no solo en Castaños, sino también en las calles de su entorno-; el incremento de los controles policiales, aunque el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ya avanzó este martes que la labor de inspección efectuada hasta ahora no había encontrado incumplimientos respecto a los horarios; y el refuerzo de las mediciones sonométricas para poder intervenir en el supuesto de que se detecte la superación de los límites previstos en la Ley de prevención contra la Contaminación acústica.
Sea como fuere, el primer edil no ha llegado a precisar si el Ayuntamiento prevé interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como sucedió en noviembre de 2019, cuando se conoció la primera sentencia en la que también se reconocía la vulneración de derechos fundamentales de los residentes en respuesta al contencioso presentado entonces por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional.
Barcala ha apuntado que "hay plazo" para valorar ese posible recurso (que sí pretende interponer la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante, Alroa), puesto que la sentencia se conoció este lunes, y ha incidido en que antes de tomar la decisión sobre un posible nuevo recurso (el primero se ganó, ha recordado), el primer paso sería esperar a que el juzgado de primera instancia respondiese a la solicitud de aclaración de sentencia que los servicios jurídicos municipales habrían considerado necesaria.
