ALICANTE. El paquete de medidas para controlar la emisión de ruidos asociados a la actividad del ocio y la hostelería en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo de Alicante no serán inmediatas. De hecho, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya da por hecho que su implantación quedará previsiblemente demorada hasta después del verano, toda vez que no se habría completado la recopilación de informes solicitados a las concejalías que deben formular aportaciones para delimitar las decisiones concretas a adoptar.
Cuando menos, así lo ha sostenido el vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta Local, tras ser cuestionado sobre el avance de los trámites para acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) anunciada para los dos barrios, después de que el Juzgado de lo Contencioso número 3 fallase a favor del recurso interpuesto por dos residentes del Centro Tradicional a título particular y conminase al Ayuntamiento a acordar esa figura de forma específica para la calle Castaños.
En esta línea, Villar ha explicado que se sigue trabajando en la definición de las medidas encaminadas a reducir las molestias por ruido -entre las que figurarán aspectos como la reducción de horarios y el aumento de la presencia policial para evitar concentraciones en la calle- , a la espera de que se disponga de los informes solicitados a las áreas de Urbanismo, Comercio y Hostelería y Turismo. En todo caso, ha añadido que difícilmente podrían ser de aplicación este verano tanto por cuestión de tiempos como por la inoportunidad que, a su juicio, supondría "cambiar las reglas a mitad de partido", en el supuesto de que se promoviese su entrada en vigor durante los meses de julio y agosto.
Villar sostiene que no procede "cambiar las reglas a mitad de partido"
De igual modo, ha sostenido que el recorte horario en el funcionamiento de las terrazas de la hostelería que se recoge en la actualización de la Ordenanza de Vía Pública tampoco será de aplicación como muy pronto hasta pasado el mes de septiembre, ya que esa normativa se eleva a aprobación inicial en el pleno de julio, este próximo jueves, y será a partir de entonces cuando se exponga al público para la presentación de alegaciones. Así, la aprobación definitiva de la nueva norma, tras la resolución de esas alegaciones, no podría acordarse al menos hasta dentro de dos meses, ya que en agosto no se celebra sesión plenaria de la corporación.
Al tiempo, ha apuntado que el equipo de gobierno queda abierto a la incorporación de posibles modificaciones en el supuesto de que, durante la fase de exposición pública, se presenten alegaciones que puedan resultar "interesantes". "Se valorará lo que propongan", ha incidido, en alusión a la posibilidad de que las asociaciones que representan a los empresarios hosteleros puedan formular objeciones al texto propuesto.
Además, respecto al entendimiento alcanzado con Compromís para la ordenanza pueda sumar la mayoría necesaria en el momento en el que se debate en el pleno, Villar ha apuntado que se trata de un acuerdo que no guarda ninguna vinculación con la decisión adoptada por Vox de romper los pactos de gobierno con el PP en un total de cinco autonomías, entre las que figuraba la Comunitat Valenciana.
Es más, ha señalado que los populares siguen abiertos a alcanzar acuerdos puntuales con el conjunto de formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento. "No hemos cerrado las puertas a nadie y en cada negociación tendrá que verse" que pactos se consiguen concertar, según ha recalcado.