ALICANTE. La Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Alicante renuevan el acuerdo de colaboración que permitirá concluir las obras de ampliación del palacete de la calle Labradores que alberga las instalaciones del Centro 14 como sede de la Concejalía de Juventud y de las actividades que organiza dicho departamento. Las dos administraciones prevén aprobar entre este martes (cuando se reúne la Junta de Gobierno Local) y este viernes (cuando se celebra el pleno del Consell) la actualización del convenio por el que se regula la financiación de los trabajos pendientes, en una actuación con cargo a los presupuestos municipales pero que queda transferida al Patronato Municipal de Vivienda.
En concreto, en ese nuevo convenio de colaboración se regula la aportación de la suma de 2 millones que restan para completar la ejecución de los trabajos, después de que, en 2022, ya se formulase la transferencia de los primeros 700.000 euros para que pudiese iniciarse la contratación de las obras. Esa primera aportación permitió que el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) adjudicase su ejecución a la constructora Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, después de que su oferta se impusiese a las presentada por Doalco: la única competidora a la que tuvo que enfrentarse en el proceso de licitación.
La formalización del encargo se aprobó el pasado noviembre por un importe de 2,7 millones y un plazo de ejecución de un año. Orthem procedió a vallar el perímetro del edificio objeto de la ampliación solo unos días después. No obstante, el grueso de la actuación debe comenzar a ejecutarse en las próximas semanas con la previsión de que queden concluidas entre finales de 2023 y principios de 2024, según fuentes consultadas.
De este modo, el proyecto -impulsado por la Generalitat a través del Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de Alicante- debe quedar completado cerca de doce años después de que se le diese inicio. De hecho, como viene informando este diario, las obras comenzaron en 2011 aunque quedaron encalladas por los problemas económicos en los que se vio incursa su primera adjudicataria. Los trabajos se retomaron en 2016, pero, de nuevo, quedaron bloqueados meses después por las discrepancias suscitadas en un último modificado del proyecto. Así, Vivienda acabó resolviendo la adjudicación esa segunda adjudicación en febrero de 2020, como informó este diario.
A partir de entonces, se entabló una negociación con el Ayuntamiento de Alicante para concretar qué administración se hacía cargo de promover la terminación de los trabajos, hasta que se concretó la firma de un convenio de colaboración por el que la Generalitat delegaba a la administración local la responsabilidad de la licitación y la supervisión de las obras tras asumir el compromiso de su financiación, por un importe estimado de tres millones.