ELCHE. Continúan las reacciones políticas con el tema estrella de estos días, Nuevos Riegos El Progreso. Tras las continuas críticas que han vertido los grupos de la oposición después de la paralización de la demolición del inmueble, unos por las molestias con el tráfico generadas, otros por la “descoordinación” entre Compromís —en Conselleria de Cultura— y PSPV —en la concejalía de Urbanismo—, los socios de gobierno de la coalición verde han salido al paso para defender la gestión municipal. Su portavoz Mireia Mollà se alinea con las declaraciones del concejal del área, José Manuel Sánchez, y también asevera que la Conselleria podría haber hecho algo más.
En ese sentido, Mollà también se suma a la petición de Sánchez y pide que desde la Dirección General de Cultura que dirige Carmen Amoraga “sean ágiles” a la hora de decidir qué pasará con la fachada que se empezó a derruir la pasada semana y que ha hecho que se corte el tráfico en su ubicación en la esquina de Filet de Fora, lo que supone el taponamiento de una de las principales arterias del centro de la ciudad. Esta parte, ahora apuntalada, tendrá que esperar cuál es su futuro —el miércoles se reúnen técnicos de Conselleria y del Ayuntamiento para tratar el asunto—, mientras que no paran de llegar quejas por parte de vecinos, comerciantes u oposición por este corte que llega tras la suspensión de la obra in extremis. Una notificación que entiende que tendría que haber llegado con más tiempo “para haberse pronunciado con seguridad jurídica para todas y no tener ahora una trasera apuntalada y una calle cortada. Tendrían que haber entendido que los tiempos eran otros”, señala la edil.
La concejal defiende la gestión de Urbanismo en este asunto, al indicar que cumplió con la legalidad otorgando la licencia de demolición, “porque los propietarios tienen unos derechos adquiridos” y que no se puede prevaricar. En defensa del tripartito, recuerda que fueron ellos quienes abrieron el Catálogo de Edificios Protegibles para revisarlo —un proceso que sigue abierto— y que la situación actual “es la desprotección hecha norma”, y plantea que se mire quiénes gobernaban en 1998, hace veinte años, quién lo desprotegió adrede y quién no ha hecho nada después para intentar protegerlo durante todo este tiempo. A ese respecto, aporta como dato que el Plan General de aquél año se envió a Conselleria en 1996 para que lo revisara. Un año después, en 1997, es cuando lo adquieren los nuevos y actuales propietarios, y es en 1998 cuando Conselleria lo aprueba. “Cuando lo compraron ya estaba desprotegido”, indica.
Por otra parte y en lo referido a la administración autonómica, recuerda también que en la Mesa de Patrimonio de diciembre había presente un técnico de Conselleria que no comentó nada cuando se mencionó expresamente la situación en la que se encontraba el inmueble. Sobre las negociaciones con los propietarios, Mollà plantea que lo que ahora está apuntalado no es una fachada sino una trasera, y que en efecto negociar por ella supondría un coste, y estaría por ver si esta trasera encaja con el proyecto que tenían pensado los propietarios —en referencia a la posibilidad de que decidieran salvar esta fachada y mantenerla como está actualmente—. Señala que cuando se habló con estos, no “les encajaba” en el proyecto que tenían pensado levantar, que sería un edificio de oficinas.
En lo que respecta al edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez califica las críticas del PP de intolerables. “El PP gobernó cuatro años y no hizo nada, además de que gobernaba en la Generalitat cuando se aprobó el PGOU y nos ha dejado el proyecto del Mercado Central, que ataca de lleno el patrimonio de la ciudad”. Señala que son ellos quienes han puesto en peligro el patrimonio local y que no invirtieron nada en él. “Les pido que sean prudentes, colaborar y no mentir a los ciudadanos”.
