ALICANTE. La entrada en vigor de la modificación del presupuesto municipal de 2019, por la que se da cabida a la ejecución de inversiones por 28 millones de euros en distintos barrios de Alicante, puede quedar bloqueada temporalmente por las discrepancias políticas sobre su pertinencia que todavía persisten entre el equipo de Gobierno y la oposición.
Al menos las tres formaciones de corte progresista que la componen, el PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís, meditan la posibilidad de plantear alegaciones frente al acuerdo de aprobación inicial, alcanzado el pasado 10 de septiembre con los únicos votos a favor del bipartito: Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). El plazo para la presentación de esas alegaciones termina el 2 de octubre. Y, en el caso de que se materializasen, el bipartito quedaría obligado a estudiarlas, a responderlas y a volver a elevar a pleno la modificación de crédito -con una propuesta de admisión o rechazo- a lo largo de ese mismo mes o principios de noviembre. Todo con el consiguiente retraso para la licitación de las obras.
Por lo pronto, los representantes de los tres partidos opositores de la izquierda ya expusieron en el transcurso de la sesión extraordinaria de septiembre que no compartían ni las formas ni el contenido de la modificación de crédito planteada por el equipo de Gobierno. Primero, porque se había integrado en un mismo acuerdo cuestiones tan diversas como la ejecución de esas obras municipales (las llamadas inversiones financieramente sostenibles), la cancelación anticipada de deuda, la dotación económica para otras obras que PP y Cs consideran urgentes y la creación de otras 7 plazas para la contratación de cargos de confianza (asesores municipales).
Y segundo, porque -a juicio de PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís- entre las inversiones a ejecutar, le bipartito no había priorizado las necesidades más acuciantes, ni había tratado de propiciar un reequilibrio entre las condiciones de los distintos barrios de la ciudad. Según las tres formaciones, a esa situación se había llegado por el rechazo de PP y Cs a dialogar con la oposición para consensuar qué proyectos resultan prioritarios entre los que se decidió incluir en el anexo al presupuesto de 2019, como documento de compromisos políticos.
De ahí que, ahora, mediten formular objeciones para forzar al bipartito a negociar cambios de partidas o, incluso, la eliminación de alguno de los puntos que se incluyeron en esa modificación de crédito. Como mínimo, en el caso de Unides Podem EU, el objetivo es que se pueda descartar la creación de las nuevas plazas de asesores con el argumento de que no es una cuestión que resulte urgente ni necesaria.
Además, según las fuentes consultadas, a esas objeciones de los grupos políticos se les podría añadir la presentación de reclamaciones por parte de aquellas asociaciones vecinales que no habrían visto satisfechas sus reivindicaciones en el listado de 38 proyectos a ejecutar como inversiones sostenibles.
Según las mismas fuentes, entre esas obras comprometidas y no dotadas de presupuesto ahora figurarían varias ausencias como las obras de asfaltado de partidas rurales por casi dos millones; inversiones en el pequeño comercio por 1,5 millones; el proyecto de rehabilitación del antiguo colegio de San Gabriel como centro comunitario, con un millón; la rehabilitación del Panteón de los Guijarro, con medio millón, o las mejoras en la plaza de la Paz, en el PAU 2, con 200.000 euros, entre otras.