El presidente de Cierval, José Vicente GonzálezALICANTE. La patronal alicantina, Coepa, empieza a mirar con optimismo (siquiera moderado) la resolución del concurso de acreedores en el que se halla inmersa. Tras el espaldarazo del juez al rechazar el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra el convenio de acreedores, que sigue su curso, ahora en la organización empresarial se confía en que la patronal autonómica, Cierval, se adhiera al documento que plantea una quita del 95% y el pago de la deuda restante en seis meses.
Cierval tiene previsto celebrar una junta directiva y un comité extraordinarios el próximo 9 de noviembre, dos días antes de la reunión de acreedores en la que éstos deben validar, o no, el convenio presentado por la patronal alicantina para salvarse. Como ha informado Alicante Plaza, todos los acreedores ordinarios salvo la patronal autonómica se han adherido ya a dicho convenio. En el caso de Cierval, aceptarlo supondría ingresar 38.000 euros en los próximos seis meses, según los cálculos de Coepa.
Hasta la fecha, la patronal autonómica se había mostrado reacia a admitir el convenio, que supone dejar de ingresar casi 500.000 euros en cuotas atrasadas. No obstante, desde Coepa avisan de que la alternativa es la liquidación de la organización empresarial y, por tanto, que Cierval no logre recuperar ninguna cantidad de esos atrasos. "El planteamiento no es si Cierval quiere dejar de ingresar 500.000 euros, lo que se debate es si prefiere cobrar 38.000 o ninguno", indican fuentes de la patronal alicantina.
Un argumento que, según las fuentes consultadas, ha comenzado a calar en la cúpula de la organización autonómica que preside José Vicente González. Este mismo jueves (poco después de trascender el auto del juez de lo Mercantil 1 de Alicante que validaba el convenio de acreedores en contra del criterio del IVF), representantes de la patronal alicantina y de la autonómica tuvieron ocasión de intercambiar impresiones en una reunión de la comisión económica de Cierval. La percepción de los alicantinos es que en Valencia comienzan a vencerse las resistencias a aceptar la quita.
No solo porque la alternativa sea la liquidación de Coepa y, por tanto, no recuperar ni un euro. Además, hay que tener en cuenta que si la provincial alicantina supera el concurso y recupera la normalidad, Cierval podrá contar con los ingresos por cuotas (unos 100.000 euros al año, la mitad de lo que recauda Coepa de sus socios) a partir de 2019, según calculan los dirigentes de la organización alicantina. Por otro lado, Cierval podría aplicarse el remanente de la parte alicantina en las ayudas de la Ley de Participación Institucional (el Consell transfiere las ayudas a la patronal autonómica, que luego las reparte a las provinciales). Dado que la futura Coepa abandonaría algunas de las funciones contempladas en dicha Ley, percibiría menos ayudas, por lo que el remanente podría alcanzar los 400.000 euros anuales, según las mismas fuentes.
De esta forma, la existencia de Coepa y su disponibilidad para volver a generar ingresos para Cierval puede ser determinante para la patronal autonómica en un momento en que sus propia supervivencia económica está en entredicho. Paradójicamente, llegado el caso, la supervivencia de la patronal alicantina podría incluirse como un activo a favor de la autonómica en caso de que Cierval tenga que instar su propio concurso de acreedores.
Mientras, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, valoró ayer la resolución judicial que rechaza las pretensiones del IVF de no tramitar el convenio, y en la que, como ha publicado este diario, el juez indica al banco del Consell que la forma de cobrar su crédito a la patronal alicantina es "precisamente" quedarse con el Centro de Oficios (tasado en 4,4 millones y con una garantía hipotecaria para la deuda de 3,2 millones).
Echávarri declinó posicionarse sobre la decisión del juez, pero recordó que el solar sobre el que se alza el Centro de Oficios es de titularidad municipal, y que se cedió su uso en un convenio para facilitar que en dichas instalaciones se impartiera formación. Por ello, el primer edil reclamó que se dote de uso al centro: "El Ayuntamiento cedió el solar para impartir formación y no se está impartiendo, no importa quién sea, si Coepa, Conselleria o quien sea, pero que alguien la imparta", exigió el socialista. En caso contrario, advirtió, el Ayuntamiento ejecutará la cláusula que permite recuperar el solar por incumplimiento del contrato de cesión.
