Rajoy y Puigdemont, en la Moncloa.Si la politización de la justicia supone el control político del poder judicial, la judicialización es la otra deformación de la justicia, que consiste en el uso y abuso de la jurisdicción para fines políticos. En los últimos años el ejemplo más claro lo tenemos con el dilatado problema de Cataluña.
La hoja de ruta de la desconexión de Cataluña respecto al Estado español no es reciente. En el año 2006 se aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, después se recurría ante el Tribunal Constitucional. También se recusaron a distintos magistrados del mismo Tribunal. Más tarde vendría la interposición del recurso por parte del Gobierno Central de la Declaración unilateral de la Generalitat, la Resolución 5/X del Parlamento Catalán de 23 de enero de 2013. En el año 2014 ya preparaban en Cataluña una Constitución para una República independiente, mientras que el Gobierno, se limitaba a decir que el referéndum era inconstitucional.
El día 9 de noviembre de 2014 se celebró la consulta “rara” catalana sobre el derecho a la autodeterminación, sin que el Gobierno de la Nación hiciera nada por evitarlo. También ha sido modificado ad hoc el Tribunal Constitucional para conferirle nuevas atribuciones ejecutivas y poder suspender la autoridad de los cargos públicos. El problema de Cataluña, por tanto no ha empezado con la ley de transitoriedad jurídica, sino que ya lleva años enquistado.
Según un estudio de Metroscopia publicado en El País hace una semana el 77 % de los españoles considera que el Gobierno de Rajoy no ha gestionado adecuadamente la crisis catalana. Esta cifra se eleva a 96 % en el caso de la percepción que sobre el tema tienen los catalanes.
A última hora y corriendo parece que Rajoy a través de Soraya Sáenz de Santamaría ha intensificado las visitas a Cataluña, los catalanes no nacionalistas habrían deseado verse apoyados durante todos esto años, cuando Rajoy miraba para otro lado, con esa conocida parsimonia. Ahora parece que Rajoy se toma un poco más en serio la osadía de los gobernantes catalanes, pero la contestación del Gobierno de España, a la que se alude y que está prevista en el artículo 155 de la Constitución no es una solución política y puede acarrear consecuencias imprevisibles. Puigdemont ha dicho en varias ocasiones, la “independencia será dolorosa” y ante este enfrentamiento de legitimidades es posible que así sea.
Una abundante doctrina de constitucionalistas lleva desde hace tiempo planteando soluciones jurídicas al tema catalán que van desde una interpretación generosa del artículo 92 de la Constitución sobre un Referéndum en Cataluña, hasta la reforma constitucional de nuestro modelo territorial del Estado. Recuérdese que en el periodo 2011-2015 el PP tenía mayoría absoluta y un PSOE muy homogéneo en el Congreso para haber posibilitado dichas soluciones.
El artículo 135 de la Constitución sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria se modificó en un momento con el consenso de ambos partidos nacionales. También se dio nueva redacción al artículo 13 de la Constitución en el año 1992 para que los europeos pudieran ser electores y elegibles en las elecciones municipales.
El Gobierno tiene instrumentos suficientes para testar y medir las estimaciones y las posibles mayorías de los llamados a votar ante una consulta. Cuando en la Administración existían menos medios, Adolfo Suárez convocó el Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política porque tenía datos de que éste prosperaba. Con la negociación de un Referéndum se deslegitiman todos los argumentos que alegan, y que les permiten vender que son víctimas de una ausencia democrática, la de no hacer una consulta. Lo que restaría por saber, es si eso sería suficiente para los dirigentes catalanes, o si querrían después reivindicar más singularidades.
