Bellido, dispuesto a explicar al PP y la oposición los pagos a Escola y a pactar cambios en Contratación

ALICANTE. La polémica desatada por la organización de dos ediciones de la llamada Plaça del Llibre durante la etapa en la que las competencias de Promoción del Valenciano residían en el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, llegarán finalmente a la comisión municipal de Vigilancia de la Contratación a instancias del propio Bellido. El también secretario local de la coalición aseguró este jueves, en declaraciones a Alicante Plaza, que está dispuesto a comparecer en dicho foro municipal en el que se someten a revisión los contratos y adjudicaciones municipales que se considera oportunos (fundamentalmente, los que se solicita a petición de los grupos de la oposición) con el propósito de ofrecer "todas las explicaciones que se consideren necesarias por parte del equipo de Gobierno, del PP, como del resto de grupos de la oposición".

Como ha informado Alicante Plaza, el propio alcalde, el popular Luis Barcala, anunció este lunes su intención de dar traslado de la documentación relativa a la organización de las ediciones de 2016 y 2017 de ese evento de promoción de publicaciones editadas en valenciano a la vista de que se encargó de manera directa a la Fundación Escola Valenciana "que promueve el independentismo catalán" y en la que trabaja la pareja de la edil de Compromís, María José Espuch, y número 3 de esa coalición, Ismael Vicedo. Todo, insistió, sin que exista expediente municipal alguno. Además, continuó, se aportó la nómina percibida por esa persona entre la documentación justificativa de los gastos de la primera edición. En la segunda edición, según concretó la portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, no se aportó ningún tipo de justificante y se pagaron los 14.700 euros directamente, aunque reconoció que ningún técnico municipal ni el departamento de Intervención pusieron reparo alguno. En todo caso, tanto Barcala como De España insistieron en que se trataba de una cuestión de falta de ética por la que Bellido debía de presentar su dimisión, después de haber mantenido un discurso beligerante sobre ese tipo de exigencias para el resto de grupos políticos.

Bellido insistió este jueves al respecto en que el procedimiento en ambas ediciones se ajustó al trámite legal requerido. En 2016, se organizó a través de la firma de un convenio por la promoción del valenciano concertado con Escola Valenciana. En ese caso, explicó, como en todos los convenios, sí se debe aportar facturas para justificar los gastos. En el segundo caso, la feria de 2017, se produjo un encargo directo a Escola Valenciana que se costeó con cargo a la partida presupuestaria habilitada para la promoción del valenciano. En ambas ediciones, según Bellido, se contó con Escola Valenciana "porque se trataba de comprar un producto concreto" que ofrecía dicha fundación, que "ya había trabajado con el Ayuntamiento de Alicante al igual que con otros muchos ayuntamientos de la Comunitat, gobernados o no por Compromís". En esta línea, insistió en que la pareja de la edil Espuch trabajaba en esa fundación desde 2008 y que hubiese percibido su nómina regularmente, hubiese existido acuerdo con el Ayuntamiento de Alicante o no. 

Bellido sostuvo que no contempla la posibilidad de presentar su dimisión y que nadie de su formación le ha pedido que dé ese paso, pese a que, según fuentes consultadas por este diario, en la reunión de la ejecutiva local de la coalición sí se planteó este miércoles que no se habían dado las explicaciones públicas oportunas para despejar cualquier sombra de sospecha ante una realidad incontestable: que se había organizado un evento con una fundación en la que trabajaba el marido de una concejal. 

El portavoz municipal de la coalición, que no acudió a la ejecutiva por motivos personales, apuntó este jueves que daría esas explicaciones a los grupos políticos mediante su comparecencia en esa comisión, que las volvería a dar en el pleno de noviembre (en el que el PP ya ha anunciado una propuesta para instar a su reprobación), y que, además, plantearía la posibilidad de pactar cambios en el modelo de contratación que se sigue en el Ayuntamiento para introducir mayores garantías de las que se exigen en la legislación en vigor. 

En este sentido, enumeró la posibilidad de que se instaurase la obligación de solicitar un mínimo de tres presupuestos en todos los encargos y contratos menores que alcanzasen un determinado importe para poder escoger las ofertas más económicas para los intereses municipales; algo que no sucedió en el caso de la organización de la feria concertada con Escola Valenciana porque no era legalmente necesario. Además, también planteó que se instaurase la práctica de confeccionar un expediente administrativo para esos mismos supuestos, cosa que ahora no ocurre y que tampoco ocurrió en el caso de Plaça Llibre.