La terminal de mercancías del Puerto de Alicante, gestionada en régimen de concesión por TMS. Foto: TMSALICANTE. Arranca el registro de las alegaciones contra la instalación de una suerte de planta de almacenaje de combustibles con seis primeros depósitos (ampliables en otros 12) en el Puerto de Alicante. Las asociaciones de vecinos, organizaciones ecologistas y colectivos sociales aliados contra el desarrollo de ese proyecto prevén presentar este viernes su pliego de objeciones. Se trata de un mismo modelo de documento, compartido por alrededor de una decena de agrupaciones ciudadanas de todo tipo, en el que destaca un elemento nuevo: la posibilidad de que la Generalitat, el Gobierno central o el Ayuntamiento queden expuestos a la devolución de los fondos europeos con los que, según subrayan, se financió en 1995 la operación de traslado de los depósitos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) desde el Puerto hasta la partida de El Bacarot.
Esa operación, según esas alegaciones, supuso un coste de 18 millones "gran parte de los cuales fueron subvencionados con fondos FEDER de la Unión Europea, por lo que la reimplantación de instalaciones similares tendrá consecuencias de responsabilidad patrimonial que habrá que depurar", se avisa en el escrito.
El resto de los argumentos centrales de esas alegaciones ya son más o menos conocidos. En primer lugar, se insiste en que la concesión de permiso para el desarrollo de esa actividad supone contravenir el ya citado acuerdo de colaboración firmado en 1995 por la Generalitat, el Ministerio de Industria y Energía, el Ayuntamiento de Alicante y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) para trasladar los depósitos hasta El Bacarot. En esta línea, en las objeciones se insiste en que el motivo que llevó a la firma de ese acuerdo fue la existencia de un riesgo objetivo para la seguridad de los residentes del entorno del recinto portuario.
"En la actualidad no ha dejado de crecer la población residente en el entorno portuario, cuya seguridad se vería seriamente afectada en caso de accidente grave por fuga o explosión de los combustibles líquidos almacenados en una instalación tramposamente dividida en dos fases que podría llegar a almacenar más de 700.000 toneladas de gasolinas y gasóleos a menos de 1.000 metros de barrios como San Gabriel, Gran Vía Sur, Benalúa o Ensanche-Autobuses, de centros educativos como el CEIP Benalúa o de sedes de instituciones como Casa Mediterráneo", detalla el escrito de alegaciones.
En segundo término, se alerta de la ausencia de un estudio de impacto ambiental o de un informe de seguridad en caso de accidente grave. Un requisito que, según se insiste, sería preceptivo si se tiene en cuenta, además, la proximidad de la instalación "al espacio marino protegido (LIC, ZEPA) de Tabarca, que podría verse igualmente afectado en caso de accidente grave tanto en las propias instalaciones como en las operaciones de transporte mediante buque y de carga y descarga de combustible que tendrían lugar en el medio marino, sin olvidar el importante tráfico de camiones cisterna que para la distribución del combustible almacenado invadiría los viarios de la ciudad de Alicante".
En tercer lugar, el escrito modelo de objeciones abunda en la división de la tramitación del proyecto en dos fases: una inicial, con seis silos, y otra a medio plazo, con otros doce. "Dicho fraccionamiento en fases puede considerarse un fraude de Ley, ya que la evaluación de un proyecto de estas características desde cualquier punto de vista, incluido el relativo a la valoración de la pertinencia de la modificación sustancial de la concesión, debe realizarse sobre la totalidad del proyecto, no sobre una parte del mismo", concreta.
Por último, en cuarto lugar, ese pliego de objeciones remarca que "la aprobación de esta modificación sustancial" de la concesión de superficie de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS) sobre la terminal de mercancias, "sin licitar de nuevo la concesión vigente podría suponer un incumplimiento de la legislación vigente sobre contratación y libre competencia".
El plazo para la presentación de alegaciones expira el lunes 12 de noviembre. El Ayuntamiento de Alicante, y al parecer, cada uno de los cinco grupos políticos con representación municipal, también estarían elaborando sus propios escritos de alegaciones frente a la solicitud de modificación de esa concesión que daría cabida al proyecto propuesto por XC Business 90. Algunos de esos escritos de objeciones contra la instalación, por parte de colectivos y particulares, ya quedaron registrados a principios de esta semana.
