ORIHUELA. La finalización del contrato de gestión de aparcamiento de la zona azul en Orihuela hace mes y medio y el no haber iniciado la licitación de uno nuevo obliga al equipo de gobierno a actuar ante los perjuicios que está ocasionando para los comercios del centro urbano por la suspensión de la Ordenanza de Regulación del Aparcamiento (ORA). El alcalde, Emilio Bascuñana no descarta municipalizar el servicio de forma indefinida.
El 14 de enero finalizó la última prórroga que contemplaba el contrato y que venía prestando desde 2016 el servicio la mercantil Setex Aparki S. A. a razón de un canon de 200.000 euros anuales. Días después, Bascuñana en un comunicado aseguraba que había solicitado informes a Secretaría e Intervención para estudiar la posibilidad de retomar el servicio a través de medios municipales mientras se ponía en marcha y se resolvía el proceso de licitación. Un proceso que como mínimo abarcaría seis meses. Es decir, la fórmula presentada inicialmente sería con carácter provisional, detalle que el primer edil remarcaba. Ahora Bascuñana no descarta “en absoluto” que sea de forma indefinida. Todo dependerá, como asegura, de cómo vaya evolucionando la prestación del servicio.
Con informes ya solicitados y alguno con valoración ya, con carácter favorable, el objetivo es que esa municipalización se ejecute a través de la sociedad municipal ILDO (Integración Laboral de Discapacitados Orihuela). Entre la documentación sobre la que se están centrando es la definición del objeto social para que tenga cabida en el servicio para el que se le requiere. Según recoge la web del Ayuntamiento, esta sociedad municipal tiene como objeto el empleo para personas con discapacidad para ejercer actividades de jardinería, floristería y limpieza en general. Fuentes del consistorio señalan que además tiene en sus bases el epígrafe de “aparcamiento”. Por esta razón están estudiando el encaje que puede tener la gestión de la zona azul. Bascuñana señalaba esta semana que se va a ampliar el objeto social de la sociedad.
Una vez que tenga la documentación pertinente lo llevará a pleno para someter a votación la encomienda a ILDO. Dado que hoy se celebra el pleno ordinario del mes de febrero y el próximo no será hasta el último jueves de marzo, fuentes del Ayuntamiento señalan que lo más probable es que se convoque uno extraordinario y así atender al objetivo de “revertir la situación cuanto antes para que el acceso a los comercios y servicios no sea un obstáculo” señalaba este martes Bascuñana.
A principios de la semana pasada, la Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela (ACMO) inició una campaña en internet de recogida de firmas con la que trasladar al equipo de gobierno el malestar por los perjuicios generados ante la gran dificultad de encontrar aparcamiento en el centro urbano desde que finalizó el contrato. Esta suspensión de la ORA impide que haya movimiento en las zonas de aparcamiento por lo que muchos clientes desisten y no compran ni consumen en los locales del centro, según recalca el presidente de ACMO, Asensio Pérez. Denuncia que la gente no puede ir a comprar con normalidad.
Esta situación deriva de la falta de previsión al no tramitar la licitación de un nuevo contrato, pues la fecha para que la mercantil que venía prestando el servicio finalizara estaba fijada aún con las dos prórrogas anuales contempladas en los pliegos. Sin embargo, la concejalía de Infraestructuras (Cs) no tramitó con antelación la licitación. De hecho no fue hasta el 14 de enero, cuando se hizo público que el contrato había vencido, cuando se incluyó documentación al expediente. No obstante, la concejalía adjudicó en julio de 2021 el contrato de asistencia técnica para la elaboración de la documentación necesaria para el pliego por 17.600 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Ese plazo concluía precisamente con la finalización del contrato de gestión de la ORA.
Dado que su licitación requiere al menos de seis meses y ante la necesidad del Ayuntamiento de retomar el aparcamiento regulado, todos los esfuerzos están puestos en la encomienda a la sociedad municipal por lo que pese a que se han incorporado algunos documentos al expediente de licitación, no es ahora la prioridad.