ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala ha detallado, en respuesta a la petición de comparecencia presentada por Ciudadanos, cuál va a ser el proceso que pretende poner en marcha su equipo de Gobierno para mejorar la limpieza de la ciudad y para velar por el cumplimiento del contrato. En primer término, el primer edil ha defendido el pliego de condiciones por el que se rige la prestación del servicio al calificarlo de "excelente" desde el punto de vista técnico. Eso sí, ha señalado que "excelente no significa que sea suficiente". Así, ha reiterado el análisis que ya había adelantado a Alicante Plaza al señalar que el contrato se adjudicó en 2013 con una reducción de 14 millones respecto al contar o anterior, como consecuencia de la situación económica en la que se encontraba el Ayuntamiento.
Después ha insistido en que el primer paso es que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones, en cuestiones como la inversión en renovación de maquinaria prevista en el propio contrato para los años cuarto, quinto y sexto de su duración. Sobre ese punto, ha sostenido que no se había respondido a la petición presentada por la UTE concesionaria para llevar a cabo esas inversiones. Es, ha dicho, una muestra más de que no se ha hecho nada por el control efectivo del servicio y ha agradecido que el portavoz municipal de Guanyar y ex concejal de Limpieza, Miguel Ángel Pavón, haya admitido en una intervención previa que nadie podía darse golpes en el pecho por haber conseguido mejorar el servicio de la limpieza, al que Pavón ha calificado como "un problema que se arrastra desde el pasado mandato". De hecho, el contrato se adjudicó en 2013, bajo el Gobierno de la popular Sonia Castedo.
Barcala ha incidido en que ni el tripartito ni el PSOE han destinado un sólo euro a la renovación de maquinaria en los presupuestos municipales de los últimos tres años, con lo que "la limpieza no puede ser la que debería". Ha subrayado que en tres años no ha habido organización, coordinación, ni programación en función de las necesidades de cada momento del año, ni tampoco adaptada a las condiciones específicas de cada barrio porque "no se han dado directrices". Es más, ha defendido que la programación la hacía la propia UTE a cargo del servicio. Por último, ha señalado que, desde octubre, tampoco se estaría percibiendo ingresos por la llegada de residuos de la Vega Baja al vertedero de Fontcalent (al parecer, por una disputa en relación a la cuota, pero que seguirán pendientes de cobro como obligación reconocida por parte de ese Consorcio comarcal). El primer edil, no obstante, ha obviado que sí se llevó a cabo una modificación del contrato para reorganizar servicios durante la etapa del ya exedil Víctor Domínguez como responsable de Limpieza.
No obstante, Barcala sí se ha referido a Domínguez al recordar la polémica relacionada con la adquisición de los contenedores para la recogida de residuos orgánicos, paralizada por Pavón para evaluar resultados sobre las toneladas recuperadas en los 125 primeros; reactivada después por el socialista Fernando Marcos como inversión sostenible, y vuelta a paralizar tras un recurso presentado por parte de una empresa sobre las condiciones recogidas en el pliego, al considerar que limitaban la libre concurrencia. Y, por último, Barcala también se ha referido a la controversia por el pago directo a un exmilitante de EU en relación al control de los puntos de compostaje que ha llevado a la dimisión de Domínguez como evidencia del descontrol sobre la limpieza.
Esa situación de "descontrol", según Barcala, va a terminar ahora con la puesta en marcha de un nuevo sistema de coordinación de contratas, adelantado por este diario, y con el refuerzo de la inspección con los que se ha elaborado un protocolo de condiciones objetivas que permitirán evaluar la prestación del servicio.
En segundo término, ha señalado que se hará cumplir el contrato a la UTE concesionaria a través de ese nuevo protocolo, sobre la eficacia y la eficiencia del servicio, y se ha mostrado sorprendido al "haber comprobado", ha dicho, "que en tres años no se haya abierto ningún expediente sancionador contra la empresa", aunque el propio Domínguez sí llegó a anunciar, entre otras decisiones, que se iba a detraer cantidades de las certificaciones mensuales por los servicios no prestados durante las jornadas de huelga de la plantilla, en el verano de 2017.
Sea como fuere, Barcala también ha señalado que se elaborará un informe externo sobre la calidad de la prestación, además de la auditoría económica que prevé el contrato y que, ha insistido, tampoco se ha hecho. Con ese trabajo sobre la mesa, ha recalcado, se podrá debatir entre todos los grupos políticos si es suficiente y si es necesario llevar a cabo algún modificado que conlleve o no una ampliación de costes. El primer edil no ha precisado, no obstante, cuándo iba a convocarse la comisión específica sobre la limpieza pendiente desde enero, y tampoco ha respondido sobre el documento de informe sobre el absentismo de los trabajadores de la concesionaria encargado por el líder de Guanyar antes de abandonar el equipo de Gobierno, el pasado noviembre, y publicado por este diario. De hecho, ha obviado por completo la existencia de ese documento, que -al menos hasta noviembre, cuando le fue entregado a Pavón- no había sido firmado por los técnicos a los que se les encomendó su elaboración.
Por su parte, el propio Pavón ha lamentado, en su intervención previa a la de Barcala, que el pliego "sea el que es", que sólo se presentase una oferta -la de una UTE participada por Ortiz, ha incidido-, y que se premiase a esa empresa en las fichas de observación sólo por el hecho de que sus trabajadores acudan a sus puestos bien uniformados. Se trata de un aspecto ya criticado por Domínguez que, según explicó en octubre de 2016, pretendía modificar y racionalizar negociando con la UTE, durante el periodo en el que el técnico Vicente Martínez Marhuenda estuvo a cargo del control del servicio.
Pavón también ha incidido en el supuesto fraude laboral en la que estarían contratados varios de los trabajadores de la concesionaria, lo que ha considerado que podría ser constitutivo de sanción, y, por último, ha descartado el apoyo de Guanyar a toda propuesta que trate de ampliar costes del contrato. Como Barcala, Pavón no ha hecho ninguna mención sobre el documento de informe relacionado con el absentismo, en el que se descarta que sea un motivo de sanción al no estar previsto en el pliego y al quedar obligada la UTE a cubrir todas las bajas por su cuenta y riesgo.
En su turno de palabra (igualmente, anterior al de Barcala), el exedil de Limpieza por el PSOE, Fernando Marcos, se ha referido a la pérdida de 80 trabajadores respecto a la contrata anterior y ha insistido en que se debe evaluar en la comisión si el contrato es suficiente. Tampoco se ha referido al documento de informe sobre el absentismo que le fue entregado por los técnicos cuando asumió la concejalía.