ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), aplaza su objetivos y suspende la celebración del pleno extraordinario previsto para este viernes en el que se pretendía someter a aprobación la propuesta de asignación de retribuciones para los doce puestos directivos de nueva creación contemplados en la reorganización de la estructura municipal impulsada tras las elecciones del 28 de mayo.
La desconvocatoria de la sesión ha quedado comunicado poco antes de las 9:00 horas (estaba prevista para las 9:30) a través de un decreto de Alcaldía en el que se justifica la decisión en la necesidad de proporcionar ahora más tiempo para el estudio de la medida por parte de los grupos de la oposición. Todo, después de que se hubiese precipitado la celebración de una comisión informativa de Presidencia de carácter extraordinario y urgente este martes, con menos de un día de plazo para que los cuatro grupos opositores (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) pudiesen analizar la documentación sobre la propuesta.
En concreto, el decreto por el que se pospone el debate sobre la propuesta retributiva de los nuevos cargos plantea que, en el transcurso de esa comisión de Presidencia, los grupos opositores plantearon que, ante "un tema de este calado querrían haber dispuesto de más plazo para su estudio y debate". Así, se recurre a esa solicitud para justificar la suspensión y aplazamiento de la propuesta al apuntar que "entendiendo que, después de tanto tiempo esperando para hacer la reorganización, no es necesaria tanta urgencia, y que es conveniente el tratar de alcanzar el más amplio consenso político, se toma la decisión de desconvocar el pleno extraordinario fijado para hoy, 6 de octubre de 2023 a las 09:30, quedando pospuesto el mismo a fecha que será fijada posteriormente".
Por el momento, en el desenlace de la comisión de Presidencia del martes el acuerdo quedó dictaminado favorablemente con la anuencia de los representantes de Vox, que se decantaron por la abstención, tras apuntar dos requisitos: que se implantase el sistema de mejora retributiva para el conjunto de funcionarios a través de la carrera profesional y que se garantizase que las personas designadas para ocupar las nuevas plazas de coordinador y de director general no tuviesen afiliación política.
Por su parte, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem votaron en contra (tanto de la urgencia de la convocatoria de la comisión como sobre el fondo de la propuesta) al considerar que no habían tenido tiempo suficiente para analizar los pormenores del planteamiento formulado por el equipo de gobierno. Y, además, recriminaron que se optase por el nombramiento de nuevos cargos directivos para ejercer funciones que, a su juicio, ya debían quedar asumidas por los concejales con delegaciones o por los funcionarios municipales.
Es más, tras un primer intento promovido por Esquerra Unida Podem, los tres grupos del eje progresista sumaron las firmas de concejales suficientes (una cuarta parte de los miembros de la corporación) para forzar la emisión de un informe jurídico con el fin de que se disipasen sus dudas al considerar la posibilidad de que las funciones asignadas a esos nuevos puestos directivos pudiesen invadir las competencias del pleno. Como ya ha informado este diario, ese dictamen se emitió a primera hora de la tarde de este jueves. Y su conclusión suponía un aval al planteamiento propuesto al reseñar que el decreto por el que se concreta el número de cargos directivos y las áreas a las que se preveía dar cobertura queda ajustado a lo previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP).
Al tiempo, los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento (SEP, CCOO, UGT, CSIF y FESEP) habían convocado una nueva protesta durante el desarrollo de la sesión con el fin de manifestar su malestar ante el hecho de que se promoviese la contratación de doce cargos directivos con un gasto global anual de 1,5 millones (en realidad, 1.094.000 euros, según fuentes municipales, al descontarse los emolumentos de los puestos ya cubiertos en Asesoría Jurídica, Secretaría General e Intervención) sin que se haya desarrollado la implantación del sistema de ascensos y mejoras retributivas de la llamada carrera profesional, a pesar de que el alcalde, Luis Barcala, se comprometió a ponerla en marcha durante la campaña electoral de 2019.
En principio, la propuesta de asignación de retribuciones (82.000 euros brutos anuales para cada uno de los dos coordinadores generales planteados y 75.000 para cada uno de los diez directores generales) habría prosperado por mayoría simple en el supuesto de que se hubiese mantenido el mismo equilibrio de votos que se puso de manifiesto en la comisión de Presidencia: 14 síes por parte de los ediles del PP, 4 abstenciones de Vox y 11 votos en contra por parte de la suma de los concejales de PSOE (8), Compromís (2) y Esquerra Unida Podem (1).
Con todo, esa correlación de votos no estaba garantizada, a tenor de las manifestaciones formuladas este viernes por la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, quien ha apuntado que "como ya dijimos en la propia comisión, optamos por la abstención porque queríamos que este tema se hablara y se pusiera sobre la mesa, ya que no nos parece descabellada la idea de tener un nivel directivo igual que tantas ciudades donde está y funciona". No obstante, ha señalado que "también dijimos en la comisión que teníamos ciertas dudas al respecto y no nos han convencido determinados aspectos por lo que en este momento no podíamos apoyar la propuesta de reorganización municipal".
"Ya dijimos en comisión que la abstención en la misma no vinculaba nuestro voto en el pleno. En Vox trabajamos de manera seria, coherente y responsable, sin demagogias baratas, mentiras ni vendiendo la piel del oso antes de cazarlo como se ha hecho desde la izquierda política y mediática. Desde Vox no vamos a aceptar presiones de absolutamente nadie y mucho menos de la izquierda hipócrita que dice una cosa en privado y otra en público. Nos debemos única y exclusivamente a los alicantinos", ha concluido.
Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha valorado, igualmente, la decisión de la desconvocatoria, a través de su cuenta en la red social X (antes twitter) para señalar que "el alcalde desconvoca el pleno extraordinario que debía aprobar los sueldos de su gobierno en la sombra. Una frivolidad que no se podía permitir mientras el personal de la casa lleva desde 2019 reclamando la carrera profesional". En esta línea, en una comparecencia posterior, Barceló se ha mostrado "sorprendida por esta frivolidad" y ha reprochado que se trate de justificar la suspensión del pleno con una pretendida búsqueda de "consenso", puesto que, a su juicio, "este alcalde no se caracteriza por el diálogo; si tiene consenso, lo tiene con la ultraderecha, que es realmente lo que oculta a la ciudadanía, que es que tiene un pacto de legislatura, con sus baches, pero tiene un pacto".
Al margen de ello, se ha cuestionado "por qué se tenía tanta prisa" por aprobar la propuesta retributiva de los nuevos cargos cuando no la ha tenido para nombrar al gerente del Patronato de la Vivienda. "Además de esas prisas que tiene, lo que subyace es que, después de 100 días de gobierno, hay una frustración de este equipo de gobierno; no hay nivel, no hay capacidad, y el alcalde pretende sentar al equipo titular en el banquillo y sacar a los fichajes", ha insistido. Así, ha considerado que "este procedimiento está para nombrar a un especialista sobre una materia específica determinada, pero no para nombrar a diez directores generales", ha añadido. "Esto es la consecuencia de que el alcalde no tiene proyecto para esta ciudad y que, además, es prescindible, porque si pone un coordinador a dirigir las políticas municipales, es preocupante", ha recalcado. "Esto es una enmienda a la totalidad que hace el señor Barcala a su equipo de gobierno y a sí mismo", ha enfatizado.
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado, en una comparecencia ante los medios, que el PP queda obligado a buscar el consenso con los grupos de la oposición ante el intento de promover el nombramiento de cargos "que seguramente no serán funcionarios y que cobrarán más que los concejales del equipo de gobierno", en una decisión que ha tildado de "engendro político". "Una vez más el alcalde de Alicante improvisa. Esta incapacidad de llegar a acuerdos y su falta de diálogo con el funcionariado, esta improvisación está descomponiendo la administración y minando la calidad democrática en esta ciudad", ha enfatizado. "Hemos parado este engendro político gracias a la presión de la oposición, la dudosa legalidad de este procedimiento exprés para cambiar la estructura de la administración y de la enorme presión sindical", ha concluido.
También se ha posicionado el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, quien ha apuntado, a través de la misma red social, que "la presión de los sindicatos y el arrinconamiento político del PP han posibilitado que ahora ya no sea tan urgente gastarse un millón y medio en los nuevos cargos previstos". En esta línea, ha considerado necesaria una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) si lo que se pretende es modernizar la estructura municipal.