ALICANTE. La caducidad de la suspensión de licencias para la instalación de restaurantes y locales de ocio en el Centro Tradicional y Casco Antiguo, el próximo 24 de agosto, obliga a tomar medidas urgentes. Y el equipo de Gobierno, compuesto por 8 concejales del PP en una corporación de 29 ediles, no puede perder ni un minuto más para tratar de mantener ese blindaje. Tanto es así que ya ha diseñado una hoja de ruta exprés para ajustar las normas urbanísticas de ambos barrios en el mes vacacional por excelencia. Todo con el objetivo de dificultar la instalación de más negocios susceptibles de generar molestias por ruido antes de que expire ese plazo, sin esperar a que la Generalitat resuelva sobre la solicitud de prórroga extraordinaria que aprobó este martes en Junta de Gobierno.
Así, fuentes consultadas por Alicante Plaza confirmaron que se prevé convocar un pleno extraordinario, probablemente en la primera quincena de este mes de agosto, para aprobar de forma inicial las modificaciones de los planes especiales de ambas zonas céntricas. Esos cambios son los que se plantearon durante la etapa del portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, como concejal de Urbanismo, en junio de 2017, en base a criterios de distancia entre locales o de densidad (concentración en un mismo espacio). En noviembre, esa propuesta fue retomada y modulada por su sucesora en el cargo, la portavoz del PSOE Eva Montesinos, sin que se plasmasen en el documento original y sin que este llegase a aprobarse en pleno, tras la presentación de alegaciones por parte de dos de los grupos que entonces formaban parte de la oposición (PP y Ciudadanos); de asociaciones de hosteleros; y de colectivos vecinales.
El objetivo del PP es convocar ahora (puede que esta próxima semana o como muy tarde, en la siguiente), una comisión de Urbanismo con carácter urgente para resolver todas esas alegaciones pendientes de respuesta. Tras el dictamen de esa comisión, en la que están representados todos los grupos políticos (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís), la propuesta se elevará a pleno para someterla a su aprobación. De conseguirse ese primer acuerdo plenario (aprobación inicial), se seguiría postergando la concesión de licencias hasta que entren en vigor de manera definitiva las nuevas condiciones que se delimiten para su concesión. Es decir, no se autorizarán más aperturas: a priori, la voluntad compartida por todos los grupos políticos.
Esa es, precisamente, la baza que los populares pretenden explotar para que los cambios sumen la mayoría de votos que resulta necesaria para que se puedan aprobar. Si no hay acuerdo, se abrirá la puerta a que cualquier interesado solicite una licencia para abrir un restaurante o un pub y el Ayuntamiento quedará abocado a dárselo, al quedarse sin instrumentos legales para oponerse. En ese caso, el PP podrá argumentar que el responsable de que eso suceda será quienes no voten a favor y quienes no actuaron a tiempo para aprobar una nueva regulación en los dos años en los que ha permanecido vigente la suspensión de permisos.
En esa posición de presión política contribuye otro factor determinante: que la cobertura que se ha requerido al Consell resulta prácticamente inviable. Fuentes de la Generalitat consultadas por este diario precisaron que, una vez vencido el plazo de dos años de suspensión de licencias, no existe posibilidad legal de alargar ese blindaje para el mismo fin y ámbito territorial hasta que no haya transcurrido un plazo de otros cinco años, según se establece en el artículo 65.3 de la Lotup.
En ese mismo artículo se determina que: "Cuando fuera estrictamente necesario para preservar la viabilidad del plan en preparación, procederá la suspensión del planeamiento y dictar normas transitorias de urgencia previstas en el artículo 44.6 de esta Ley". Es decir, que sólo se permite como salida extraordinaria la suspensión de licencias en todo el término municipal. Algo que, según las mismas fuentes, se antoja poco razonable en una ciudad del tamaño de Alicante.