ALICANTE. El Grupo Baraka sigue a la espera de noticias para desentrañar cuál puede ser el futuro de su proyecto de transformación sobre el antiguo cine Ideal de Alicante, después de haber formalizado la adquisición del edificio a la familia representada por la sociedad Herederos de Josefina Mingot, con la que había concertado un contrato de opción de compra. Tanto es así que sus representantes prevén requerir una aclaración oficial por parte de los responsables de la Conselleria de Cultura (ya sea por escrito o mediante una reunión presencial) para que se concrete si la administración autonómica prevé ejercitar el derecho de retracto al que podría acogerse para recomprar el inmueble, toda vez que se trata de un edificio en trámite de inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
Hasta el momento, el grupo fundado por el empresario Trinitario Casanova no tiene constancia formal de que pueda existir ese interés por parte de la Generalitat, mas allá de las manifestaciones de voluntad trasladadas a través de los medios de comunicación. Así, sus representantes apelan a la necesidad de salvaguardar su inversión con el fin de conocer si pueden mantener sus planes de reconversión del edificio en hotel, que siguen en pie, o si deben renunciar a su ejecución, lo que -como mínimo- permitiría reorientar sus esfuerzos en el desarrollo de otros proyectos en cartera.
En este sentido, aseguran que la situación de incertidumbre actual les impide avanzar en la planificación o revisión de su propuesta para el Ideal, en la que ya han asumido gastos de tramitación y redacción de proyectos, al margen del desembolso realizado con motivo de la compra, por un importe que superaría los 5 millones (entre la cantidad entregada a la firma del contrato de opción de compra, en 2019, y la completada con motivo de su ejecución, el pasado mes de enero).
EL GRUPO EMPRESARIAL ALEGA QUE LA INCERTIDUMBRE ACTUAL IMPIDE AVANZAR EN LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO O DERIVAR LA INVERSIÓN HACIA OTRAS PROPUESTAs
Esa sería la suma que la Generalitat debería igualar para poder convertirse en la nueva propietaria del edificio, en el margen de los seis meses siguientes a la fecha de la compra por parte de Baraka, como se delimita entre las condiciones del derecho de retracto. Se trata de una cifra ya contemplada en los presupuestos autonómicos de este año, tras la incorporación de la propuesta de compra a través del mecanismo de los presupuestos participativos desarrollada este año por primera vez como experiencia piloto por parte de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
No obstante, todavía seguiría existiendo un obstáculo por salvar para que la partida consignada pueda tener el destino previsto: la diferencia entre el valor de tasación calculado por la Conselleria de Hacienda para el inmueble, de entre 1,5 y 1,8 millones, y los más de 5 millones abonados por Baraka.
Como informó Alicante Plaza, la Conselleria de Cultura tendría a su alcance la posibilidad de encomendar un nuevo informe de tasación del antiguo cine, en la que se tuviese en cuenta su valor patrimonial, arquitectónico y cultural -como una de las últimas muestras conservadas de los cines de principios del siglo XX en el conjunto de la Comunitat-, que pudiese incrementar su valor. Lo cierto es que el departamento autonómico que coordina Vicent Marzà no ha confirmado aún que se haya solicitado ese segundo informe alternativo con el que se pudiese justificar un desembolso público mayor respecto a la tasación inicial, aunque sí ha confirmado que persiste en el estudio de todas las opciones a su alcance para asumir la propiedad del edificio.
Al tiempo, la solicitud de licencia de obra registrada por Baraka sigue pendiente de resolución por parte de la Concejalía de Urbanismo, a la espera de que la Generalitat emita el informe definitivo sobre la propuesta de catálogo de protecciones aprobada de modo provisional por el pleno en septiembre de 2020 y especifique qué condiciones de conservación deben aplicarse finalmente sobre el inmueble, después de que la propia Conselleria de Cultura requiriese la modificación de su ficha para que se preservase su volumetría interna.
Entre tanto, como también ha informado este diario, colectivos como Salvem l'Ideal persiste en su campaña reivindicativa para conseguir que la administración asuma la titularidad del edificio con el fin de que pueda tener un uso público cultural. Así, sus representantes ya han emplazado a la Generalitat a dar el paso y ejercitar el derecho de retracto que lo permita.