El interior del edificio del antiguo cine Ideal del centro de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La posibilidad de que la Generalitat pueda adquirir el edificio del antiguo cine Ideal de Alicante queda supeditada a la emisión de un informe justificativo sobre su precio. O mejor dicho, en su caso, sobre el precio pagado por el Grupo Baraka al ejecutar el contrato de opción de compra concertado con quienes han sido sus titulares hasta ahora: la familia representada por la sociedad Herederos de Josefina Mingot.
Esa es la hoja de ruta que debe seguir la Conselleria de Cultura de persistir en su propósito de adquisición del inmueble, toda vez que la Conselleria de Hacienda se mantiene en su informe de tasación -adelantado por Alicante Plaza el sábado- en el que se concede al inmueble un valor de entre 1,5 y 1,8 millones. Por lo pronto, fuentes del departamento autonómico que coordina Vicent Soler -que es en realidad la instancia de la Generalitat que debería ejecutar la compra- confirmaron este martes que esa es, en la actualidad, la única valoración válida, con lo que no podrían alcanzarse los 5,5 millones consignados en las cuentas autonómicas a través del mecanismo de los presupuestos participativos con el fin de adquirir el inmueble. Según las mismas fuentes, no se superará esa cantidad, salvo que se aporte otro informe fundamentado con una conclusión diferente.
Así, será la conselleria que dirige Vicent Marzà la que deba aportar otro informe justificativo en el que se acredite que el valor del inmueble es superior, a partir de la evaluación de criterios distintos -ya sea su papel histórico, su relevancia cultural, su singularidad arquitectónica o su trascendencia pública-, que sirva para contrarrestar la tasación elaborada a partir de parámetros puramente económicos. Solo así podría argumentarse que la administración autonómica pueda asumir un desembolso de recursos públicos por un importe mayor al indicado en los informes que se encomendaron cuando el Botànic se conjuró para sondear su compra, antes incluso de que se plantease esa solicitud a través del mecanismo de los presupuestos participativos.
Lo cierto es que fuentes de Cultura indicaron que se sigue trabajando en el objetivo de intentar la compra del inmueble y que "se hará uso de todos los elementos y las vías jurídicas que resulten necesarias, siempre que la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Hacienda lo autorice". Entre esas fórmulas podría figurar la vía del derecho de tanteo y retracto (en este caso, en sentido estricto, el derecho de retracto puesto que la compra ya estaría formalizada ante notario) que se contempla en el artículo 22 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, como solicitó este lunes el PCE-PCPV de Alicante, a través de su militante Miguel Ángel Pavón.
El departamento de Marzà deberá acreditar que el edificio alcanza el precio pagado por Baraka para poder ejercer el derecho de retracto con un informe que contrarreste la tasación de Hacienda en base a criterios como su valor cultural, histórico o arquitectónico
En concreto, ese mecanismo permitiría que la Generalitat adquiriese el edificio del antiguo cine por el mismo precio abonado por Baraka (en torno a los 5 millones) en un plazo máximo de seis meses desde el momento en el que se le notificase el acuerdo de transmisión. En principio, esa posibilidad queda amparada para aquellos bienes que no fuesen de uso residencial (la vía habitual para que pudiese ejercitarse ese derecho de tanteo y retracto) pero que sí estuviesen incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. O que, cuando menos, se hubiera iniciado su expediente de inclusión en el momento de la venta.
En principio, el Ideal sí está inscrito en ese inventario, en el que queda reconocido como Bien de Relevancia Local (BRL) desde el año 2018. Se trataría de una fecha anterior a la firma del contrato de opción de compra entre Baraka y la familia vendedora, suscrito en 2019, aunque lo cierto es que ese reconocimiento no se hizo efectivo hasta septiembre de 2020, a través de su incorporación en el catálogo de protecciones de la ciudad y no habría llegado a ser notificado de manera oficial a sus titulares, según fuentes consultadas.
En todo caso, una vez que se disponga de ese nuevo informe de valoración a elaborar por parte de la Conselleria de Cultura, seguiría siendo la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Hacienda la que tendría que contrastar ese nuevo dictamen antes de autorizar y ejecutar la operación mediante la vía del retracto. Eso sí, en ese contexto, parecería descartada la opción de que se efectuase una compra por un importe superior al abonado por Baraka en la hipótesis de que, finalmente, la fórmula del retracto no fuese aplicable. En este sentido, fuentes de Hacienda incidieron en que ya se atisba complejo que un nuevo informe pueda ampliar el valor del inmueble desde los 1,8 millones actuales a los 5,5 millones presupuestados, con lo que sería prácticamente imposible que se pudiese abordar su compra por un precio superior, a requerimiento de Baraka.
Por el momento, como viene informando este diario, el holding fundado por el empresario Trinitario Casanova persiste en su intención de desarrollar su proyecto de hotel boutique de carácter singular, hasta el punto de mostrarse dispuesto a reducir el número de habitaciones previsto hasta ahora en el caso de que resultase necesario para cumplir con las condiciones de conservación que pudiesen introducirse a partir del requerimiento formulado por Cultura.
Sea como fuere, como también ha anticipado este diario, se da por descartada la posibilidad de que el Ayuntamiento de Alicante pueda, también, intentar su adquisición, después de los tanteos que se pusieron en marcha en el anterior mandato, bajo la etapa de gobierno del socialista Gabriel Echávarri, y los que se habrían sondeado con el popular Luis Barcala como alcalde. En ambos casos, también se habría argumentado que el Ayuntamiento no podía asumir el pago de un precio superior al estipulado en sus propios informes de tasación, en los que también se valora el inmueble de la avenida de la Constitución en 1,8 millones (pese a que su valor catastral asciende a 2,2).
De hecho, el propio primer edil rebajó cualquier expectativa al respecto, el pasado viernes, al limitarse a mostrar su satisfacción por el hecho de que el edificio vaya a conservar su fisonomía sea cual sea el uso y el propietario definitivo que acabe teniendo. Y así lo ratificó este martes el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa (Cs), durante su comparecencia semanal para dar cuenta de los asuntos tratados en Junta Local, cuando señaló que el Ayuntamiento ya había intentado la compra por el valor de la tasación municipal sin obtener éxito.
