ALICANTE. Las supuestas anomalías en la contratación de varios trabajos ejecutados en la misma plaza de la partida rural de La Alcoraya de Alicante investigados en el llamado caso contratos quedan en nada. La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ha aceptado, finalmente, los recursos presentados por los cuatro procesados en la causa y ha resuelto su archivo al descartar la existencia del presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos que se había advertido durante la fase de instrucción de las diligencias.
Esa resolución evita que los exediles Manuel Jiménez y José Ramón González -ambos del Partido Popular- y dos técnicos municipales de las áreas de Infraestructuras y de Partidas Rurales deban exponerse a juicio, como había acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante al dictar el auto de procesamiento en septiembre de 2023.
Entonces, la jueza -que instruyó las diligencias sobre las contrataciones del llamado caso Comercio frente al exalcalde socialista Gabriel Echávarri- había estimado que sí concurrían indicios suficientes de la comisión del delito apuntado tanto por el PSOE en su denuncia original, como por la Fiscalía, respecto a los encargos de tres obras distintas ejecutadas sobre el mismo emplazamiento: la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en la plaza Manuel Giménez Pastor (que se adjudicó tras la convocatoria de un concurso), la reparación de un escenario en esa misma plaza y la sustitución de una pérgola en ese mismo punto (dos últimos encargos contratados de forma directa, tras valorar tres presupuestos, a través de un procedimiento negociado sin publicidad).
La Audiencia estima ahora los recursos presentados frente a ese auto y acuerda el archivo y sobreseimiento de la causa, al considerar que esos tres trabajos no constituyen una unidad funcional -el requisito que hubiera forzado la convocatoria de un único concurso para su contratación conjunta- y que los cuatro investigados no llevaron a cabo una actuación coordinada para trocear esos encargos con la intención de eludir la convocatoria de esa licitación pública que quedase abierta a la libre concurrencia empresarial. En concreto, el auto de archivo señala de forma expresa que "nos encontramos con tres contratos cuyos intervinientes no son los mismos. Por un lado el contrato del circuito biosaludable y el de reforma y reparación del escenario de la plaza de La Alcoraya se gestionaron por la Concejalía de Infraestructuras, de la que era concejal el investigado José Ramón González González y Jefe de Servicio de la misma concejalía", también investigado. Así, señala que "respecto de ambos no existe indicio alguno de que participaran en el contrato de la pérgola y llevaran a efecto actuación alguna relacionada con ese contrato".
De igual modo, apunta que "los otros dos investigados, Manuel Jiménez Ortiz, concejal de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, y el Jefe de Servicio de tal concejalía [...], no tuvieron participación alguna en los contratos del circuito biosaludable y de reforma y reparación del escenario, aunque sí lo tuvieron en el contrato de la pérgola". En todo caso, recalca que "ninguna de las diligencias de instrucción practicadas muestran indiciariamente que los cuatro actuaran de manera concertada en los contratos que no habían promovido cada cual para fraccionar los contratos aludidos".
Es más, el auto apunta que "la única vinculación existente del contrato de la pérgola con la Concejalía de Infraestructuras" es "que el contrato de la pérgola, cuyo órgano gestor era la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, llevara a cabo la contratación de la rehabilitación de la pérgola con cargo a una partida presupuestaria no asignada a esa concejalía sino a la de Infraestructuras, una partida que era de 'reposición de pérgolas'", como había defendido el mismo Jiménez, al ofrecer explicaciones al respecto, en el momento en el que trascendieron las supuestas irregularidades. Eso sí, la Audiencia también se pronuncia sobre esa circunstancia para concluir que "lo cierto es que esa aplicación de una partida de Infraestructuras a la obra que promovió Participación Ciudadana y Partidas Rurales fue aprobada por la Intervención del Ayuntamiento", con lo que no se habría apreciado ningún impedimento para que se utilizase esa fórmula.
Por todo ello, el auto da por descartada la existencia de los indicios delictivos que sí se apreció a la finalización de la fase de instrucción al precisar que "examinadas las diligencias practicadas en relación con los tres contratos cuestionados, no apreciamos indicios de fraccionamiento de los contratos por cuanto sus objetos son diferentes, atienden a diversas necesidades y finalidades y no están vinculados unos con otros de tal manera que estuvieran privados de autonomía propia".
Al respecto, detalla que "el contrato del circuito es anterior en el tiempo y su objeto era establecer una ruta o trayecto en los alrededores de la Plaza de La Alcoraya para favorecer la práctica deportiva que conllevaba un trazado nuevo provisto de mobiliario para la práctica deportiva en exteriores y que fuera accesible. El contrato de la reparación del escenario suponía una actuación sobre una edificación municipal existente pero deteriorada, entre otras razones por filtraciones. Finalmente el contrato de la pérgola tenía por objeto sustituir la anterior con graves desperfectos y peligrosa por otra que cumpliera con la finalidad de sombraje".
En esta línea, la Audiencia tampoco aprecia que se hubiese tratado de beneficiar a una empresa concreta con la realización de tres contratos en base a un intento de premiar a la firma que había realizado una reforma particular en el domicilio del exedil Jiménez una año antes. Así, apunta que "la cuestión a la que se alude en el auto de incoación de procedimiento abreviado de que pudiera haberse dado un fraccionamiento para favorecer a una empresa concreta, Rehabilitaciones Grupo Leuka, SL, a quien se adjudicó la realización de la pérgola, basada en que esta empresa había realizado con anterioridad unas obras en la vivienda del investigado Manuel Jiménez Ortiz, no es más que una especulación sin sustento indiciario alguno, máxime si se tiene en cuenta que en los licitadores del contrato mayor del circuito biosaludable y las empresas y particulares invitados a realizar ofertas para los otros dos contratos fueron distintos y que se llegó a adjudicar el contrato de la pérgola a 'Leuka' por renuncia de las otras dos empresas invitadas" en el procedimiento negociado sin publicidad al que se recurrió para formalizar su encargo.
A ello, el auto añade que fue el arquitecto redactor del proyecto de la pérgola el que propuso el nombre de las tres empresas que, según su opinión, estaban capacitadas para ejecutar el trabajo pretendido con la rapidez que se requería para que no se perdiese la partida presupuestaria con la que iban a sufragarse. "En consecuencia, no se aprecia que existiera interés por parte del Sr. Jiménez Ortiz en favorecer a esa empresa concreta adjudicándole el contrato de rehabilitación de la pérgola", especifica el auto.
La Audiencia concreta, igualmente, respecto al procedimiento seguido para la contratación de la pérgola, con fondos asignados a la Concejalía de Infraestructuras, a pesar de tratarse de un proyecto promovido por el área de Partidas Rurales, se señala que "aún cuando el procedimiento no fuera ortodoxo y se pudiera haber realizado de distinta manera, de lo que no hay indicios es de que la resolución adoptada pueda ser tachada de ilegal, o al menos no flagrantemente desajustada a la norma, teniendo en cuenta que se llegó a consultar por el concejal Sr. Jiménez Ortiz si se podía realizar la pérgola con cargo a su propia partida presupuestaria, a lo que desde la intervención municipal se le dijo que no aunque sí se podría hacer con cargo a una partida de infraestructuras específica para las pérgolas, se siguieron los trámites ante la intervención sin rechazo por ella, manifestando los testigos encargados de la fiscalización de los contratos que no era el procedimiento mas correcto pero que no por ello era ilegal". De ahí que, tras el análisis del conjunto de documentación obrante en las diligencias, y de los testimonios de los testigos, la Audiencia resuelva que "no existen indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se seguía el procedimiento contra los investigados recurrentes, es procedente estimar los recursos de apelación, revocando la resolución recurrida para acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".
Como informó este diario, la polémica por la formalización de esas tres contrataciones por separado llevó al exconcejal de Fiestas, Ocupación de Vía Pública y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, a renunciar a formar parte de la candidatura municipal con la que el PP concurrió a las elecciones del pasado 28 de mayo, primero. Y, después, a presentar su renuncia al acta de concejal. Por su parte, González agotó el mandato completo tras defender que no había tenido intervención directa en el procedimiento de contratación de los dos contratos relacionados con la pérgola.
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Por su parte, el actual equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), se ha congratulado este martes sobre el contenido de la resolución de la Audiencia, a través de un comunicado en el que se recogen valoraciones de su coportavoz, Ana Poquet. La también edil de Turismo ha manifestado "la satisfacción del equipo de gobierno por el archivo por parte de la Audiencia de las diligencias instruidas sobre las actuaciones mejora llevadas a cabo en la partida rural de La Alcoraya. Desde el equipo de gobierno siempre se sostuvo que no había ningún tipo de irregularidad en todos estos proyectos", ha señalado. Finalmente, Poquet ha reiterado "el necesario respeto por parte del equipo de gobierno a todos los procedimientos judiciales".