Tramo de la A-31 a la salida de Alicante, en una imagen reciente. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La junta extraordinaria de accionistas de la concesionaria de la autovía de Alicante (A-31) en su tramo entre Bonete y la capital alicantina, Viario A-31 SA, que se celebrará el próximo 3 de mayo, es el último peldaño de una guerra judicial que ha ido de menos a más desde que Lantania, la constructora 'heredera' de Isolux, se hizo con el 19% de su capital que pertenecía a Grupo Velasco, entonces en liquidación.
La operación fue autorizada en el seno del proceso de liquidación de Velasco, pero los socios de Viario A-31, especialmente Tecopsa y Grupo Ortiz (la constructora madrileña, sin relación con el conocido promotor alicantino), que juntos controlan el 51%, intentaron por todos los medios evitar la llegada de un nuevo socio para repartirse el porcentaje de Velasco, en base al teórico derecho de suscripción preferente. Dos posturas irreconciliables que han llevado la pugna a los tribunales ordinarios, la Audiencia Nacional, notarías y hasta al Ministerio.
En mayo de 2019, Lantania cerraba la compra de la unidad productiva de Grupo Velasco, lo que incluía el citado 19% de Viario A-31 SA, concesionaria de la explotación y conservación de 111 kilómetros de la autovía Madrid-Alicante. El juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid homologó la compra en un auto que excluía expresamente el derecho de adquisición preferente invocado por Tecopsa y Ortiz. El auto adquirió firmeza un año después, en mayo de 2020, tras los correspondientes recursos.
Pero Ortiz y Tecopsa no se conformaron. En junio de ese mismo año (en plena pandemia) remitieron al Ministerio de Transportes, que debía autorizar cualquier cambio accionarial que afectase a más del 10% del capital, una solicitud para poner a su nombre las acciones de Velasco, de forma que Ortiz alcanzaba el 35,6% del capital, y Tecopsa el 34,3%. De hecho, en dicha solicitud, que invocaba la suscripción preferente rechazada por el juez, se informaba de que se había consignado en una notaría el importe de las acciones.
Lantania hizo llegar al Ministerio la misma solicitud, al considerar que ese 19% era suyo tras el auto del juez de lo Mercantil. Así que Transportes pidió un informe a la Abogacía del Estado, que a principios de 2021 se decantaba por Lantania. Ortiz y Tecopsa alegaron y la Abogacía se ratificó en su criterio en un nuevo informe a finales de año, por lo que la Secretaría de Estado de Transportes emitió la autorización favorable a Lantania a finales de ese año. La constructora, con este documento en la mano, solicitó la ejecución de la sentencia en los juzgados de Alicante, donde pidió además figurar ya como accionista de cara a la junta ordinaria de 2022 (que debía aprobar las cuentas de 2021), el pasado mes de junio.
Lantania pudo acudir a dicha junta gracias a una medida cautelar del juez de Alicante, pero tal como contó este viernes Alicante Plaza, se negó a firmar las cuentas de 2021. Para entonces, la constructora controlada por el fondo del exconseller Máximo Buch (Stator Management controlaba el 50,9%, mientras que los ex directivos de Isolux, liderados por el presidente de la compañía, Federico Ávila, eran dueños del 49,1% restante) ya venía poniendo en cuestión los pagos realizados por Viario A-31 SA a la UTE Villena (formada por tres de sus accionistas, Ortiz, Tecopsa y Rubau), que ejecuta los trabajos de conservación de la concesionaria.
Finalmente, el camino judicial se agotó en la vía contenciosa de la Audiencia Nacional, que ha convertido en definitiva la adjudicación a Lantania del 19% de la concesionaria de la autovía. Así, la constructora de los 'ex Isolux' ha forzado una junta extraordinaria para votar la destitución de tres consejeros del resto de accionistas y el nombramiento de uno suyo, de forma que controle el 20% del consejo (que quedaría en cinco miembros), la destitución de Tecopsa como presidente, una nueva redacción para la parte de los estatutos que fija las mayorías de los acuerdos, o encargar una auditoría externa para determinar si los trabajos realizados por la UTE (los propios accionistas) se han pagado "a precio de mercado".
Tras la inscripción definitiva del 19% del capital a nombre de Lantania, el accionariado de Viario A-31 está formado por la madrileña Grupo Ortiz, con un 26%, Construcciones Rubau, con un 25%, Tecopsa, con otro 25%, la constructora de Máximo Buch con el citado 19% y por Aecom, con un 5%. En 2021, último ejercicio del que ha depositado las cuentas (que Lantania se negó a firmar), Viario A-31 SA facturó 16,5 millones de euros y obtuvo un beneficio de algo más de medio millón de euros. En 2020, la empresa había perdido cerca de 2,2 millones de euros, por la caída del tráfico como consecuencia de la pandemia.
