L'Escorxador, uno de los inmuebles sobre los que se modifica el sueloELCHE. La Associació d’Arquitectes Ruskin Coffee ha vuelto a presentar alegaciones a la reclasificación de suelo en el Mercado Central, provisional y L'Escorxador. Unas profusas alegaciones que cargan duramente contra la modificación al entender que los principales aspectos contravienen leyes de rango superior o no están hechas conforme señala la legislación valenciana. Esgrimen los mismos argumentos que durante el anterior proceso y añaden nuevos. Las alegaciones están vertebradas en cuatro ejes: el cambio de suelo en L'Escorxador, que contravendría la Ley del Palmeral; la rehabilitación del viejo Mercado es en realidad la transformación del mismo de facto; consideran ilegal la implantación del mercado provisional, y esta última no incluye informe económico.
A modo de preámbulo, el colectivo felicita a "proponentes y alegantes" porque ha desaparecido del pack reclasificatorio la parcela de Las Clarisas para su conversión en un edificio hotelero, aunque señalan que las otras tres propuestas mantienen que son "propuestas contrarias al interés general de los ilicitanos" y las acusa de incumplir las Leyes de referencia en cada caso.
A priori, en lo que se refiere al cambio de calificación de la zona edificada como equipamiento, apuntan a que aunque parece "razonable" porque es el uso del inmueble, "este cambio posee un problema de fondo de muy difícil solución, que consiste en que la ocupación del edificio actual supera ampliamente los parámetros de edificabilidad y ocupación establecidos por el Plan General para los equipamientos en palmeral". Y advierten que tampoco cabe la calificación de la totalidad del Escorxador/Huerto del Matadero como equipamiento. Aseveran que "no es factible realizar la modificación propuesta, por contravenir los parámetros de edificabilidad y ocupación establecidos para los equipamientos en palmeral".
A este respecto, recuerdan que siguiendo la nueva Ley del Palmeral, "la calificación urbanística del planeamiento actual ni la del planeamiento modificado cumplen con los usos autorizados por la Ley, es decir, si el huerto estuviera libre de usos y edificaciones actualmente, no estaría permitido desarrollarlos ni construirlas en él". Además de que la misma instaba a "procurar" que los huertos de palmeras queden en la situación básica de suelo rural. Asimismo, recuerdan que al ser un equipamiento debe tener un acceso directo desde la vía pública, "no parece razonable que haya que acceder a él a través una zona verde", como propone el cambio. El centro cultural es la piedra de toque de la modificación porque es a partir del cual se reparten los cambios de suelo en las otras dotaciones.
En cuanto al Mercado Central, ponen de relieve que no se han tenido en cuenta los informes sobre el mismo de la Fundación DoCoMoMo e Icomos, consultora técnica de Unesco. Enumeran que teniendo en cuenta la demolición lógica la cubierta del edificio, por el amianto, "se proyecta la demolición del forjado de hormigón de la planta de piso, por tanto la demolición de la estructura de hormigón que lo sustenta". Así como el frente de fachada, la sustitución de los elementos de otras fachadas. "Además, se proyecta la supresión de forma absoluta, del uso de mercado que el edificio tenía hasta el momento de su parada de funcionamiento, por un nuevo uso de carácter hostelero, es decir, bares cafeterías y restaurantes".
Consideran que el proyecto supone la construcción 'ex novo' de otro edificio —nueva cimentación, nueva estructura, nuevos cerramientos y nueva cubierta— "con características externas de ligera apariencia a las del edificio actual" y arguyen que entra en contradicción con los informes técnicos mencionados. "Destruir el original y proteger la copia o su simulacro, este es el planteamiento de rehabilitación". Defienden el diseño actual de Santiago Pérez Aracil, incidiendo en una composición funcional "en diálogo perfecto con su entorno (dos calles y dos plazas previamente diseñadas por el mismo arquitecto) por la escala de sus elementos y calidad del espacio público al que se vinculan". Estiman que "eliminar el frente de fachada y toda la zona situada al oeste con el fin de potenciar la protección y visualización de los restos arqueológicos de los baños árabes sin haber siquiera realizado la excavación de esa zona, supone un atentado contra la propia esencia arquitectónica del edificio".
Mercado Central de Elche. Foto: PEPE OLIVARESPor último aseveran que la ficha elaborada no es acorde a la Ley de Patrimonio, ya que esta propone que se ha de garantizar "en la medida de los posible, el mantenimiento de la estructura urbana, de las características generales del ámbito y de la silueta paisajística y evitando la alteración de la edificabilidad, la modificación de alineaciones, las parcelaciones y las agregaciones de inmuebles salvo que contribuyan a la mejor conservación del núcleo". Además de no estar elaborada por un equipo multidisciplinar. Y observan que la transferencia urbanística proyectada al otro lado del río no aporta ninguna mejora a los ciudadanos que justifique la actuación. Por ello plantean que se rehabilite de forma integral el inmueble actual con el uso tradicional.
Sobre el provisional, alegan que las para justificar la modificación del PGOU "no basta con justificar los estándares de m2 de suelo de zona verde sino, que la nueva solución supere en ventajas urbanísticas la situación a la que sustituye y, en este caso, la modificación no supera, ni siquiera legalmente, la pérdida de zona verde, ni su continuidad ambiental, ni la generación de tráfico, como es evidente comprobar". Añaden que en la construcción del llamado Mercado Provisional, se afectó la edificabilidad de 61.572 metros cuadrados del río porque se entendía que era una actuación provisional. "Llegado el momento de regularizar esta actuación ilegal, el Ayuntamiento de Elche pretende hacer definitiva la construcción del Mercado en ese emplazamiento. Entendemos que se pretende desafectar la edificabilidad de la ladera del río, es decir, los 61.572 m2 que quedaron afectados en su día por la construcción del edificio".
Entienden que esta propuesta significa un precedente "nefasto" para el urbanismo local. "Una vez consolidado el llamado Mercado Provisional como Mercado Definitivo con la construcción de un edificio de 1.072,20 m2 en la ladera del río Vinalopó y desafectados los 59.759 m2 restantes de zona verde de la ladera del río, podría repetirse, en la misma forma, para construir otros edificios, afectando la superficie restante, construyendo edificios provisionales que luego serían, con modificaciones puntuales del Plan General, convertidos en edificios definitivos, de forma iterativa, si necesidades perentorias de cualquier índole así lo exigieran". Apuestan por el derribo y restitución de la zona verde.
Ponen también en valor que se trata de un "corredor verde que une las áridas zonas de la sierra de Elche con el litoral de nuestro municipio. Creemos por tanto que ese suelo tiene una doble calificación, de un lado es una zona verde y de otro es una infraestructura verde de carácter territorial y ecológico". Creen que el cambio de suelo de zona verde por un equipamiento "debe estar profundamente justificado y no cabe el mero deseo de la corporación municipal". Pero este aspecto se refiere exclusivamente a la ordenación municipal establecida en el plan general. Entienden que es urgente un nuevo Plan General para evitar los conflictos urbanísticos recientes, y que la actual modificación se aleja de los principios de ordenación del PGOU. "No solo incumple el marco normativo, sino que introduce confusión y desorden al incluir en la misma operación edificaciones y suelos totalmente heterogéneos y sin nexos reales de conexión e hipotecando el futuro".
Por último, sobre la justificación de que no es necesario el informe económico, esgrimen que "la modificación propuesta no plantea una actuación de transformación urbanística, pero sí plantea unas modificaciones que tendrán su impacto en la hacienda pública debido a la remodelación y puesta en marcha de nuevos servicios; unos destinados al uso dotacional, y otros al uso lucrativo, por lo que se estima que sí tendrán repercusión en las arcas públicas y, por tanto, se debería evaluar su sostenibilidad desde el punto de vista económico". Recientemente han presentado en público sus alegaciones a todo el proyecto los vecinos de la zona, Instituto Ciudad Idea Elche y el Partido Popular.
