VALÈNCIA. No poca polvareda ha levantado el hecho de que la Agencia Valenciana Antifraude haya puesto el foco por presuntas irregularidades en las oposiciones de Policía Local. Desde asociaciones sindicales hasta plataformas de altos cargos policiales han saltado después de que el presidente de la Agencia, Joan Llinares, situara estos casos como los que lideran el ranking de las denuncias tramitadas por el organismo en el último año, con el caso de las oposiciones policiales de Alicante ciudad como el más paradigmático.
De hecho, la Agencia investiga desde hace meses las mencionadas pruebas de selección en la capital alicantina. Y a juicio de Llinares, resulta "preocupante" que las pruebas de "funcionarios con autoridad pública y con arma" no estén "libres de cualquier sospecha". En su entrevista concedida al programa 'Amanece Valencia' de Plaza Radio, el director de Antifraude reconoció que buena parte de las denuncias "proceden de los propios funcionarios del cuerpo afectado y lo hacen por indignación con lo que está ocurriendo".
Incluso hay policías locales protegidos por la Agencia en estos momentos. Y el denominador común de las presuntas irregularidades es la filtración de preguntas antes del examen. Por todo ello, la Agencia ha propuesto una solución. Simple, pero que ha generado también sus desafecciones.
"La solución que hemos planteado, no solo para evitar 'chanchullos', sino por el propio prestigio del funcionariado afectado", ha explicado Llinares, es que se "profesionalicen" los procesos de selección "en un ámbito ya previsto en la ley". O lo que es lo mismo, que se centralicen las oposiciones en la administración autonómica en lugar de que estas se lleven a cabo en cada ayuntamiento.
La propuesta es que sea la Escuela Valenciana de Administración Pública, según explicó, la encargada de desarrollar todos los procesos de selección de este tipo. "Allí cada año se convocan las oposiciones y se normaliza la situación", propuso el director de Antifraude, quien también puso como requisito una constitución con garantías de los tribunales que vayan a evaluar las pruebas.
La medida coincide precisamente con lo que sostienen varias fuentes sindicales preguntadas a este respecto, algunas de las cuales creen que "habría más control" sobre las pruebas y la composición de los tribunales que "estando repartidas en los ayuntamientos".
El sindicato CCOO refrenda esta postura, pues en un comunicado público sobre esta cuestión ha incidido en que la "sospecha" de las prácticas investigadas "no es novedosa". Y por ello ha venido reivindicando la organización sindical la "centralización de las pruebas físicas y psicotécnicas en el Ivaspe", el instituto de la Generalitat que ya se encarga de la formación de los policías locales.
Así, el sindicato recuerda que en el último decreto que regula esta cuestión se introdujo la posibilidad de que los ayuntamientos trasladaran al Ivaspe estas pruebas "a voluntad tanto del Ivaspe de organizarlas como de los ayuntamientos de aceptar su validez". En cambio, lo que solicita el sindicato es "la obligación" de esa centralización en la realización de los exámenes.
En esa misma línea, se exige también el impulso de convenios de colaboración entre el Ivaspe y los municipios para encargar al órgano autonómico "la realización íntegra de los procesos" como ocurre en otros territorios del estado. Y insiste en que el tribunal sea nombrado "a sorteo entre el personal que cumpla los requisitos". "Actualmente, los jefes de policía suelen acomodarlo a su gusto con la complicidad del órgano autonómico", denuncia.
De hecho, precisamente por esto último otras fuentes sindicales se mostraron más reacias al sistema planteado, pues incidieron en que son algunos de los jefes de policía los implicados en casos que están todavía en investigación. De esta manera, sostuvieron, la centralización en el Ivaspe no tendría por qué eliminar el problema de las filtraciones. Y también cuestionaron que el órgano cuente con la capacidad suficiente para asumir esta tarea.
También han reaccionado tres asociaciones de jefes de la Policía Local, quienes han emitido un comunicado conjunto debido a que se está "cuestionando la honorabilidad del tribunal de selección" y del máximo responsable del cuerpo de Policía Local de Alicante, José María Conesa, por las presuntas irregularidades en las oposiciones a 92 plazas en el Ayuntamiento alicantino, el 'caso enchufes'.
La Asociación de Jefes de Policía Local de la provincia de Alicante, la Asociación de jefes de la Policía Local de Castellón y la Unió de Comandaments de Policia Local de la Comunitat Valenciana son las que firman el comunicado y insisten en que los miembros de los tribunales son "profesionales de las policías locales de la Comunidad Valenciana" que han superado un curso para formar parte de este órgano. Dos son nombrados por la Conselleria de Justicia "pudiendo ser designado cualquier miembro de cualquier municipio", explican.
"La independencia e imparcialidad de los tribunales de selección y su honorabilidad solo puede ser cuestionada en sede judicial", asegura el escrito, para añadir que si ocurre ha de ser "con un proceso con todas las garantías que ofrece el ordenamiento jurídico". "Algo que, salvo que se demuestre lo contrario, no ha ocurrido", han continuado las asociaciones de jefes policiales.
En ese sentido, han sostenido que resulta "habitual" que las oposiciones de policía, y en general cualquier oposición, haya aspirantes que "no estén de acuerdo con los resultados" y "se alcen ante el tribunal e interpongan los recursos judiciales que estimen oportunos". Lo que "no es habitual", han denunciado, es que se "cuestione [...] la honorabilidad y el buen hacer" del tribunal" aún cuando "los propios denunciantes manifiesten que no aportan pruebas".
Así pues, en su opinión, el fondo de la cuestión del que "se quiere responsabilizar" al tribunal es consecuencia de un "problema estructural" de todos los ayuntamientos, que han tenido durante "muchos años" las convocatorias "interrumpidas" entre otras causas por la pandemia, y que "han tenido que acumular muchas vacantes en una sola convocatoria".