ALICANTE. Más allá del acuerdo de reprobación de Barcala, o de la propuesta para crear una nueva comisión con el propósito de fiscalizar otra de las grandes contratas municipales (esta vez, la de mantenimiento de zonas verdes), la principal circunstancia que se puso de manifiesto en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, este jueves, fue el papel protagonista que Vox ha pasado a asumir en las decisiones municipales de cierta trascendencia que dependen de una votación. Los dos ediles del partido de Santiago Abascal resultaron, si cabe, más decisivos que nunca para conseguir el objetivo perseguido por las tres fuerzas progresistas: aislar al equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs. Y, en especial, a su alcalde.

Como ya ha contado este diario, la posición de Mario Ortolá y José Bonet fue la que permitió que PSOE, Unides Podem y Compromís pudiesen condenar la actitud de Barcala en los encontronazos registrados en los últimos meses con comerciantes y hosteleros. Ambos fueron también los que permitieron que se vaya a fiscalizar el servicio de mantenimiento de jardines, por el que ya se llevan pagados más de 8 millones sin la cobertura de un contrato en vigor, como consecuencia del cruce de recursos entre las empresas que optaron a su concesión. E, igualmente, también se sumaron a la propuesta del PSOE para crear una comisión sobre la protección de la partida de Fontcalent. En gran medida no podía negarse: la defensa de las partidas rurales ha sido su único caballo de batalla puramente relacionado con Alicante en este año y medio de mandato. 

Lo cierto es que, al margen de esas votaciones incómodas para el bipartito, Vox ha tratado de escenificar cierto distanciamiento con PP y Cs desde principios de octubre en busca de un discurso propio y de una repercusión que no ha tenido más que en algunos momentos puntuales. Entre ellos, la aprobación del presupuesto de 2020, la elección del modelo concesional en el servicio de transporte público o el incremento de los sueldos de los concejales acordados en el inicio del mandato. En los tres casos, sus votos respaldaron la acción de gobierno del bipartito.

No obstante, en estos dos últimos meses, en los que el partido se ha visto salpicado por cierta inestabilidad interna (sobre todo, durante el proceso de primarias para elegir a su cúpula provincial con una sucesión de bajas entre sus militantes), Vox se ha descolgado de acuerdos promovidos por PP y Cs como la aprobación del catálogo de protecciones. Y hasta se borró de la supuesta negociación de la cuarta modificación de crédito, que en último término, no llegó a producirse con ninguno de los grupos de la oposición. El bipartito la llevó a pleno sin asegurarse un respaldo previo y consiguió que se aprobase con el apoyo del PSOE, en un gesto con el que quiso manifestar la concesión de un voto de confianza para que se pudiese consensuar el presupuesto de 2021.

Vox, por su parte, se quedó en la abstención (también Compromís). La cuestión es que, ahora, ese posicionamiento clave junto a PSOE, Unides Podem y Compromís en el pleno de este jueves se produce en un contexto en el que se sigue discutiendo sobre la confección del presupuesto municipal de 2021. De las reuniones mantenidas hasta ahora para tratar de acordar su confección, no ha salido ninguna aproximación. Ni con Vox, ni con el resto de grupos de la oposición. Así que su acercamiento a PSOE, Unides Podem y Compromís podría interpretarse como una advertencia para que PP y Cs tengan en cuenta sus aportaciones en la confección de las cuentas del próximo ejercicio. En este momento, parece que el bipartito puede verse obligado a necesitar al menos la abstención de los dos concejales de Vox para que su propuesta de planificación contable pueda prosperar. Pero también es cierto que su portavoz, Mario Ortolá, dejó claro en el debate plenario sobre la cuarta modificación del presupuesto que su grupo no bloquearía el funcionamiento de la ciudad.