ALICANTE. Cualquier intervención que quede sujeta al pago del Impuesto de Construcciones y Obras (Icio) en Alicante deberá liquidar ese tributo municipal a un tipo del 3,25% sea cual sea la zona del término municipal en la que se actúe, con lo que se extingue la diferenciación establecida hasta ahora para actuaciones en edificios incluidos en el Plan Especial de Edificios Protegibles o en el Plan Especial del Casco Antiguo. Esa es la propuesta aprobada este jueves en el transcurso del pleno ordinario de septiembre con los votos de los 14 concejales del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de los cuatro representantes de Vox.
Con ello, las dos formaciones revalidan el acuerdo alcanzado en comisión de Hacienda respecto a la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto, después de que el PP plantease una enmienda transaccional a la enmienda inicial registrada por Vox, en la que proponía que el coeficiente quedase en el 2% lineal, en lugar del 4% (el tipo máximo previsto en la normativa estatal) que proponía el PP de forma inicial, para adaptar la regulación y establecer un tipo único para toda la ciudad, como requiere la Dirección General de Tributos.
Con la ratificación de ese acuerdo dictaminado favorablemente en comisión, PP y Vox asumen la previsible pérdida de 1,5 millones en la recaudación del impuesto, en función de las estimaciones facilitadas por los técnicos del departamento de Hacienda. De hecho, el informe de resolución de las enmiendas elaborado por los mismos técnicos proponía la desestimación de la enmienda de Vox al considerar que su aplicación supondría un retroceso de unos 4,2 millones en ingresos.
El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha justificado la revisión de la ordenanza como necesidad de adaptación a la normativa estatal para establecer un tipo único y ha resaltado la incorporación de otras enmiendas planteadas por los grupos del eje progresista, como la ampliación de la bonificación registrada por Esquerra Unida Podem para las obras dirigidas a favorecer condiciones de accesibilidad en los edificios. Así, ha pedido respaldo del conjunto de partidos a la propuesta.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha agradecido la aceptación de esa enmienda y ha defendido el resto de las planteadas, como la defendida para las promociones de vivienda protegida, por ejemplo. Su homólogo de Compromís, Rafa Mas, se ha mostrado contrario a las rebajas impositivas lineales y, en concreto, a la rebaja del tipo impositivo al 3,25% planteada, al considerar que con los 1,5 millones que se prevé dejar de recaudar podrían afrontarse otras necesidades municipales como la mejora de los mercadillos, ampliar y mejorar las instalaciones deportivas municipales o dotar a la Policía Local de equipos de seguridad personal, por ejemplo.
Por Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, se ha felicitado del entendimiento alcanzado para bajar el tipo impositivo del 4 al 3,25% de manera lineal, "por debajo del índice que se aplica en otras ciudades como Valencia", y la ha justificado en la conveniencia de beneficiar a todas las pymes del sector de la construcción.
Por el PSOE, Silvia Castell ha criticado el acuerdo alcanzado con Vox al sostener que, en un principio, se había argumentado que la modificación de la ordenanza respondía a una actualización técnica para convertirse en "una modificación política por la alianza con Vox". "Hemos pasado de una modificación que planteaba un aumento de 158.000 euros en ingresos a otra que promueve una pérdida de 1,5 millones", ha incidido. Así, ha instado al PP a explicar "qué tipo de servicios se van a recortar" como consecuencia de la reducción de la recaudación, después de que el informe técnico de resolución de las enmiendas advirtiese de la necesidad de financiar el coste de las nuevas contratas municipales, el incremento de la factura de la luz o el aumento de las retribuciones de los funcionarios.
En la réplica, Mas ha insistido en que su formación plantea una progresividad fiscal, en lugar de una rebaja lineal que pueda beneficiar a grandes empresas. "Veremos qué recortes aplican con esos 1,5 millones que van a dejar de recaudar", ha insistido. Ortolá ha apuntado que "es una rebaja de impuestos para beneficiar a familias y pequeñas empresas", para compararla con la "estafa" del Consell del Botànic respecto a la suspensión del cobro del canon de saneamiento acordado durante la crisis de la covid, que ahora se reactiva. Además, ha señalado que las propuestas de bonificación planteada por Compromís no están contempladas en la legislación. Y Castells ha insistido en recriminar al PP el acuerdo con Vox "sin tener en cuenta los informes técnicos". "Para justificar las obras del Centro, sí se tuvo en cuenta esos informes técnicos", ha argüido.
Por último, Gallego ha cerrado el debate para señalar que las bonificaciones propuestas por Esquerra Unida EU que se plantea rechazar "ya están previstas en su justa medida". En cuanto a la rebaja promovida por Vox, del 2%, "no era viable, y así lo confirmaron los técnicos, pero trabajamos y vimos hasta dónde era viable", ha señalado. "No sé de dónde se sacan los 1,5 millones; esto es simple teoría política porque puede resultar que con la bajada del tipo se incentive la actividad y se aumente la recaudación", ha manifestado.
