Un edificio residencial en fase de construcción, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La actualización de la ordenanza fiscal que regula el impuesto de construcciones y obras (ICIO) promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), se mantendrá básicamente en los mismos términos planteados de inicio por los responsables de la Concejalía de Hacienda tras el estudio de las enmiendas presentadas por tres de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición: Vox, Compromís y Esquerra Unides Podem. Cuando menos, así se desprende de la propuesta de resolución que se prevé elevar a debate y votación en la comisión de Hacienda este viernes, tras el análisis elaborado por los técnicos de ese departamento.
Ello significa que, salvo cambio de criterio improbable en el debate en comisión, se mantendrá la aplicación del tipo máximo del 4% delimitado para el conjunto del país por la Dirección General de Tributos, a pesar de que existe discrecionalidad para que cada ayuntamiento pueda modular ese índice a la baja, siempre que el valor elegido se aplique de manera uniforme para el conjunto del término municipal, sin que tengan cabida las graduaciones por zonas establecidas hasta ahora en Alicante.
Por lo pronto, lo cierto es que Vox había registrado una única enmienda con la que trataba de plantear que la actualización se modulase con la aplicación del tipo del 2%. Sin embargo, el informe de evaluación elaborado por los técnicos municipales propone la desestimación de esa sugerencia en la medida en que esa rebaja generaría una merma de más de 4,2 millones en ingresos por el cobro del impuesto. Es decir, prácticamente la mitad de la recaudación obtenida al cabo de un ejercicio de actividad norma en el sector inmobiliario.
En esta línea, el dictamen técnico señala que la reducción de ingresos podría poner en riesgo la obtención de recursos necesarios para atender el incremento de gastos que ha supuesto, por ejemplo, la renovación de las grandes contratas de servicios que dependen del ayuntamiento, como la limpieza viaria y la recogida de residuos, o el transporte público en autobús, así como otros incrementos, como el de las retribuciones de los funcionarios municipales o el de los costes energéticos. Además, se argumenta que la recaudación municipal ya se vio afectada por la renovación de la fórmula de cálculo del impuesto de plusvalías, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase el método establecido para el conjunto de los ayuntamientos hasta 2021.
Así, pese a la tendencia a la modulación fiscal defendida por el PP en el ámbito estatal -que también se ha sustanciado ahora en la Generalitat, tras la formación del nuevo ejecutivo autonómico PP-Vox con la rebaja del impuesto de sucesiones, o con la planificación de nuevas deducciones del IRPF- todo parece indicar que la enmienda de Vox quedará descartada.
Y no será la única, si se siguen las recomendaciones del informe técnico. En ese dictamen, también se rechaza la enmienda formulada por Esquerra Unida Podem para que se deje sin efecto la exención de pago del ICIO que venía aplicándose a la Iglesia, a partir del nuevo acuerdo firmado entre la Santa Sede y el Gobierno de España, el pasado 29 de marzo. En este caso, la resolución técnica apunta que ese acuerdo todavía no es de aplicación, por lo que considera que aún permanece vigente la exención prevista, al menos, desde 2001.
También se plantea el rechazo de tres de las cuatro enmiendas registradas por Compromís, con el fin de que se introdujesen distintos porcentajes de bonificación para las obras realizadas en viviendas de más de 50 años de antigüedad; a las que tengan que ver con los proyectos financiados con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea; o a los trabajos motivados por la construcción de vivienda de protección pública.
La respuesta en los dos primeros casos, es que se trata de supuestos no contemplados en la Ley, por lo que no podrían tenerse en consideración. Y en el tercer caso, el dictamen técnico determina que ya se contempla una bonificación del 25% para las viviendas de protección pública, por lo que no cabe añadir ese supuesto ahora, aunque la propuesta de Compromís plantease que esa bonificación fuese del 50%.
Sin embargo, ese informe técnico deja la puerta abierta a que sí puedan incorporarse otras tres aportaciones formuladas por Esquerra Unida Podem y una cuarta promovida por Compromís. Sobre todas ellas, se resuelve que se trata de propuestas que quedan sujetas al criterio de oportunidad, por lo que se emplaza su resolución a una decisión política en el seno de la comisión de Hacienda.
¿Qué propuestas quedan vivas en esa situación? Las sugerencias formuladas por Esquerra Unida Podem para ampliar bonificaciones a obras de especial interés o utilidad social al 75% y de entre el 75 y el 95% las que conlleven la implantación de industrias de nueva creación. También, el incremento de la bonificación hasta el 50% para las viviendas de protección pública; del 75% para las obras asociadas a la implantación de medidas de reducción energética y del 80% para las destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad.
Y, por último, también continúa abierta la decisión sobre la aportación presentada por Compromís para que se eleve al 95% la bonificación del impuesto para las obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Algo similar sucede respecto a la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Deportes, en el que la propuesta de resolución de las enmiendas presentadas por la oposición plantea desestimar las peticiones formuladas por Compromís y Esquerra Unida Podem para que dicho consejo mantuviese la presencia de representantes de las Juntas de Distrito y de las AMPAs entre sus miembros, con el fin de que pudiesen trasladar inquietudes y necesidades respecto a las dotaciones deportivas de cada barrio, entre otros puntos.
El informe de los técnicos del departamento de Deportes plantea el rechazo de esas peticiones al considerar que tanto las asociaciones vecinales como las AMPAs disponen de otros foros en los que expresar esas peticiones o sugerencias, como las mismas Juntas de Distrito, por lo que no procedería, por razones de operatividad, que tuviesen presencia en un consejo sectorial tan específico como el de Deportes, en el que sí deben tener presencia sus representantes. En todo caso, el informe sí admite otras aportaciones de carácter técnico planteadas por el grupo municipal del PSOE.
