ALICANTE. Otra actuación promovida por el Ayuntamiento de Alicante que queda lastrada por los problemas económicos de las empresas adjudicatarias. Primero fue la urbanización de la parcela municipal en la que debe situarse la nueva comandancia de la Guardia Civil, en Rabasa. Después, la reforma de la Plaza de San Blas. Más tarde, las obras del parque del barrio de La Torreta (antiguo PAU 2). Y ahora, el edificio de 14 viviendas públicas de El Portón, en el Casco Antiguo, que debían quedar finalizadas en junio de este año, después de que, en mayo de 2021, el Patronato Municipal de la Vivienda licitase las obras para terminarlas y poder destinarlas al alquiler social.

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) pretende promover ahora la resolución de ese contrato, adjudicado a la constructora Categor Obras y Servicios por más de 1,1 millones, una vez constatada la paralización definitiva de los trabajos por parte de la compañía, a pesar de las negociaciones y de los compromisos alcanzados para que se retomasen hasta su conclusión. De ahí que se considere que se dan las circunstancias necesarias para promover la resolución contractual por causas imputables al adjudicatario, sin posibilidad de que el ayuntamiento quede expuesto al pago de posibles compensaciones. Más bien todo lo contrario: ese acuerdo, que se prevé someter a debate y votación el próximo viernes, en la reunión de la Junta del Patronato de Vivienda, daría pie a la incautación de la garantía depositada por la empresa, de más de 51.000 euros.

Por partes. Categor se convirtió en adjudicataria de los trabajos en septiembre de 2021: once años después de que la construcción del inmueble quedase paralizada. Fue entonces cuando se acordó priorizar la consolidación de la muralla de Santa Cruz con los fondos que inicialmente debían destinarse a la finalización del edificio. La constructora dio inicio a las obras en diciembre de 2021 con la previsión de concluir el encargo en un plazo de 18 meses. Sin embargo, ese plazo quedó superado sin que la obra hubiese concluido. De hecho, ya en octubre de 2022, un informe de la dirección de obra alertaba de un primer momento de paralización de los trabajos, de dos meses de duración, lo que motivó que se iniciasen negociaciones con la empresa para que retomase la intervención. 

En ese momento, la compañía alegó distintas circunstancias justificativas del retraso acumulado como el hallazgo de desajustes de las previsiones de proyecto a la realidad de la obra, problemas derivados de la revisión de la obra a la normativa actual, la demora producida por las lluvias registradas en los meses de marzo y abril de ese año, los robos y vandalismo registrados en los seis primeros meses de obra o los problemas ocasionados por la crisis del transporte y suministro de materiales.

Incremento de precio

A la postre, a finales de 2022, y fruto de esas negociaciones, la compañía planteó un nuevo plan de trabajo por el que se comprometía a concluir las viviendas, tras la realización de un modificado del proyecto original -que quedó aprobado en febrero de 2023- con el fin de introducir mejoras en la eficiencia energética del edificio, así como de atender otros cambios por circunstancias imprevistas, como la eliminación de los trasteros o la necesidad de asegurar el cierre del recinto para evitar accesos indebidos. Con ese modificado, que conllevaba un incremento de precio de 253.262,24 euros, se autorizó una ampliación de plazo de finalización del contrato, que concluía en junio, para alargarlo hasta el próximo 13 de septiembre. En ese momento, Categor reactivó los trabajos.