ALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) ha vuelto a expresar este jueves "su más rotundo rechazo" al proyecto promovido por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías que gestiona TMS en el Puerto de Alicante al insistir en "su gravísimo impacto sobre la seguridad de la ciudadanía, el medio ambiente y los sectores económicos de Alicante".

En concreto, la plataforma -que integra a asociaciones de vecinos, AMPA, colectivos ecologistas y otras entidades sociales- exige a las administraciones "acciones inmediatas que impidan esta inaceptable amenaza a los intereses generales de la ciudad", después de que este diario avanzase los planes de reactivación del proyecto por parte de la compañía promotora, con la apertura de negociaciones para ejecutar una tercera fase hasta alcanzar un total de 20 silos, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado los límites de distancia respecto a núcleo habitado que introdujo el Consell del Botànic en diciembre de 2021. 

La exigencia de rechazo a la iniciativa empresarial se manifiesta, también, a colación de "las recientes manifestaciones efectuadas tanto por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, no oponiéndose de forma clara y contundente al proyecto de los macrodepósitos de combustible del Puerto, como de  la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, dando vía libre a la posibilidad de autorizarlo", en las que fuentes de su departamento señalaron que se actuaría de forma coordinada con el Ayuntamiento de Alicante y que se buscaría el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la económica.

Sea como fuere, la PPS recalca que ha mantenido esa línea de oposición a la planta de carburantes "desde que se conoció el proyecto hace ya cinco años, en 2018, cuya concesión portuaria fue lamentablemente aprobada por el consejo del Puerto en 2019 pese a las más de mil alegaciones presentadas; entre ellas las de los colectivos vecinales y ecologistas integrados en la Plataforma". 

Ese rechazo se sustancia, de nuevo, en base a distintas motivaciones. La primera, según argumentan, consiste en que el Puerto de Alicante "es un puerto urbano, integrado en una ciudad cuyo modelo económico básico es la actividad turística y que necesita cuidar y proteger su entorno litoral y costero". En esta línea, el colectivo critica "que se esté vendiendo desde la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento una supuesta apuesta por un modelo portuario de interacción con la ciudad basado en el ocio, el turismo y la actividad económica digital, con empresas innovadoras y tecnológicas, a la vez que se pretende dar vía libre a unas instalaciones claramente incompatibles con ese modelo y con el horizonte de una economía descarbonizada enmarcada en la lucha contra el cambio climático".

En segundo lugar, la plataforma denuncia que "el proyecto supone tanto el tránsito por la bahía de Alicante de grandes petroleros como la operación de bunkering (trasvase de combustible de barco a barco), con el riesgo de  emisiones y vertidos que afectarán a la ciudad, a sus playas y a los espacios marinos protegidos de Tabarca y del Cabo de la Huerta". El colectivo apunta que "esta práctica generó el pasado agosto graves vertidos a la bahía de Algeciras, afectándose a su litoral".

En tercer término, los representantes de la asociación destacan que "son evidentes los riesgos sobre la seguridad de la población de los barrios colindantes, incluidos sus centros escolares, y de la ciudad en general, por posibles incendios, explosiones y nubes tóxicas, que se agravarían por el efecto dominó derivado de la colindancia  de los macrodepósitos con la planta petroquímica de fabricación de betunes asfálticos y la planta de fertilizantes químicos, en la que se manipula nitrato amónico".

En este sentido, la PPS recuerda la explosión que se produjo en el puerto de Beirut en 2020 "en un macrodepósito de nitrato amónico, con más de 200 muertos y más de 7.000 heridos y, hace pocas semanas, la explosión de un solo depósito  de combustible en Nagorno Karabaj, con más de 170 muertos y centenares de heridos".

Como cuarto motivo de oposición, el colectivo alerta de que "la ciudadanía de Alicante y sus sectores económicos se ponen en riesgo a cambio de nada y de que la sociedad promotora de la licencia es una sociedad fantasma, al estar en quiebra patrimonial y en situación de práctica inactividad, con cero trabajadores en nómina, denotando que no puede ser la sociedad accionista real que debe estar detrás del proyecto, sociedad que parece querer ocultarse tras la supuesta sociedad promotora".