ALICANTE. Poco elemento noticioso pudo extraerse este martes sobre el desenlace del debate sobre el estado de Alicante más allá de las implicaciones de los discursos y los gestos que se desplegaron entre las paredes del salón de plenos. Lo cierto es que el contenido de las intervenciones del conjunto de los partidos representados en el Ayuntamiento fue, a grandes rasgos, una reiteración de los argumentos que se pudieron escucharon en su última edición, la de 2020, marcada por la irrupción de la crisis de la covid.
Desde el recuerdo a las víctimas, hasta las medidas concebidas para superar los efectos de la crisis sanitaria desde el ámbito municipal fueron prácticamente un calco del debate precedente. Solo los primeros avances respecto a la iniciativa Alicante Futura para impulsar la transformación del modelo productivo de la ciudad (cuyos efectos todavía no acaban de visibilizarse, ni comprenderse, según se apunta desde la oposición) o algunos detalles del programa Alicante Corazón Verde para instaurar los retos de la sostenibilidad en el medio urbano (con una apuesta por la depuración y la reutilización del agua, la recogida selectiva de residuos para minimizar vertidos y la reducción de emisiones de dióxido de carbono asociadas a la movilidad) sobresalieron de ese guion ya manido, como ya ha contado Alicante Plaza.
No obstante, los análisis expuestos por cada partido sirvieron una vez más para medir la temperatura del momento político que se vive en la ciudad -en muchos aspectos, contaminado por el escenario autonómico y nacional- y sobre cuáles son las alianzas que comienzan a atisbarse a menos de dos años de que se celebren las próximas elecciones municipales de 2023. Quizá más que nunca hasta ahora, en el debate se evidenció la voluntad del equipo de gobierno (o, como mínimo, de la parte mayoritaria conformada por el PP) por congraciarse con Vox, así como los primeros intentos promovidos desde la bancada del eje progresista para conformar una alianza alternativa que impida la suma oficial de las tres fuerzas del centro-derecha (ahora o dentro de dos años) que ya consideran formalizada de facto.
Este es, a grandes rasgos, un resumen de las principales propuestas que se plantearon durante la sesión y las conclusiones que pudieron extraerse sobre ellas a partir de los parlamentos de los intervinientes, en otra sesión marcada por la semipresencialidad, en cumplimiento de las medidas de prevención frente a la covid, con sólo parte de los ediles postrados en sus escaños, en la que por momentos incluso el alcalde permaneció sin acompañamiento de los ediles de su propio grupo, al optar (se supone) por permanecer conectados de forma telemática.
Luis Barcala: Como se instauró desde la implantación de los debates monográficos sobre el estado de la ciudad, el alcalde fue el encargado de abrir y cerrar la sesión (de cerca de tres horas y media de duración). En su primera intervención (lea aquí su contenido), hizo balance de gestión respecto al último año y sacó pecho sobre el plan renove impulsado por el bipartito para transformar la escena urbana de la ciudad con proyectos por 70 millones con los que se trata de promover la reurbanización de todos los barrios. Muchos de ellos incluidos en el dictamen de la comisión por la recuperación tras la crisis de la covid, según apuntó.
También hizo alusión a la unidad del equipo de gobierno y a su capacidad de gestión, más por reiterar la crítica a la experiencia precedente del tripartito que conformaron PSOE, Guanyar y Compromís entre 2015 y 2017, que por convencimiento propio o por poner énfasis en los logros de esa gestión en común. De hecho, no hizo ninguna mención específica a sus socios de Ciudadanos.
Después, enumeró los avances en la gestión de las grandes contratas municipales (limpieza viaria y gestión de residuos y transporte público en autobús) para reiterar el compromiso de que se licitarían y pondrían en marcha antes de 2023, después de que ambas se hayan prorrogado (la de la limpieza, pese al compromiso en contrario adquirido en campaña). Y, además, quiso destacar sus mejoras, como las que ya se habrían puesto en marcha en la contrata de zonas verdes, en manos de un nuevo contratista desde este enero y que ahora se pretende ampliar con un coste adicional para incorporar más personal.
