ALICANTE. Rechazo absoluto. Esas son las dos palabras que resumen la posición de colectivos sociales y vecinos agrupados en la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) frente al proyecto de planta de almacenaje de carburantes que la empresa XC Business 90 trata de reimpulsar ahora con el desarrollo de una tercera fase con la que llegarían a posicionar 20 depósitos en la terminal de mercancías gestionada por TMS en régimen de concesión.
Portavoces de dicha plataforma consultados por Alicante Plaza manifestaron que la iniciativa continúa siendo "incompatible, insostenible e inasumible" para una ciudad que "se dice que vive en gran parte del sector turístico", y del frente litoral organizado en torno a su bahía, al incidir en el riesgo de vertido potencial que, a su juicio, entrañaría la construcción de la planta de hidrocarburos sobre las aguas de las playas de Urbanova y de El Postiguet ante la hipótesis de que se produjese un vertido accidental. Sobre todo, si se tiene en cuenta que "el proyecto incluía el bunkering", en alusión a la posibilidad de habilitar repostajes de barcos en alta mar o de carga en el propio muelle 19 en el que se asentarían los tanques de carburante.
Y no solo eso. También alertaron del peligro de una hipotética deflagración de los tanques en un emplazamiento "que se encuentra tan cerca de las viviendas". "Estamos hablando de un Puerto urbano, que no olvidemos que no cuenta ni con parque de bomberos en sus instalaciones, y de una instalación que se situaría en primera línea de mar y que quedaría expuesta a incidencias como una dana, un medican o un terremoto, porque estamos en zona sísmica", enfatizó el portavoz de la PPS, José Santamaría. "Es que ese tipo de planta requeriría de un Plan de Emergencia Exterior que no va a poder aprobarse aquí", insistió.
Por ello, no dudó en tildar la propuesta de "una aberración" incompatible con las previsiones recogidas en la Agenda 2030 y con la política de reducción del uso de carburantes fósiles que promueve la Unión Europea, tras lamentar que haya decaído la imposición de las limitaciones de distancia que trató de establecer el Consell del Botànic a través de una modificación de la Lotup, después de que el Tribunal Constitucional (TC) considerase que se trataba de una disposición que invadía competencias estatales. Con todo, insistió en que la plataforma mantendría la vía judicial para evitar el desarrollo del proyecto, a partir del contencioso interpuesto por una de sus asociaciones constitutivas (la Asociación de Consumidores José María Mena) frente al acuerdo aprobado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria en 2019 que daba encaje a la instalación de los tanques. No obstante, lo cierto es que ese contencioso ya habría deparado una sentencia desfavorable por parte del TSJ, que habría desestimado el recurso al considerar que la asociación no tenía legitimidad para recurrir la modificación de la concesión, como informó este diario.
Al tiempo, Santamaría formuló un llamamiento "a la clase política" para que se mantenga el espíritu del acuerdo que se alcanzó en 1995 entre el Gobierno, la Generalitat, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Alicante sobre el traslado de las antiguas instalaciones de Campsa hasta la partida de Els Reiets, en el Bacarot, que ya se reprodujo a través de la declaración institucional consensuada por el conjunto de los grupos políticos que disponían de representación municipal en el año 2019.
Es más, insistió en que, en ese momento, ya se convocó una protesta que congregó a más de 2.000 personas en rechazo a la instalación de los depósitos y recordó que el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró entonces que el Consell se posicionaría con la ciudad de Alicante, por lo que emplazó a los nuevos responsables del ejecutivo autonómico a posicionarse en la misma dirección. "Es que esto supone cargarse el turismo como motor económico e industrializar el Centro de Alicante", recalcó.
