ALICANTE. El bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs al frente del Ayuntamiento de Alicante puso el balón del presupuesto a rodar este lunes. La propuesta de planificación económica quedó aprobada en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario, casi cuatro meses después de que las dos formaciones consiguiesen darlo por cerrado en la fase de negociación interna, que no quedó precisamente exenta de contratiempos. 

Además de la dificultad de lograr el equilibrio entre las prioridades de las dos fuerzas, el documento final tuvo que superar el tijeretazo necesario para afrontar la liquidación por los anticipos de las transferencias estatales y una última corrección sobre las partidas de personal a instancias del interventor municipal. No obstante, es ahora cuando la propuesta se someterá a su prueba de fuego definitiva al quedar sujeta al respaldo de al menos un grupo político de los cuatro que ejercen labores de oposición: PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox. 

Las grandes cifras del documento ya son conocidas: asciende a 261,9 millones de euros, un 1,68% más que el de 2019 (que se traducen en poco más de 4 millones de incremento). También se ha anticipado ya que se trata del documento de partida en el que PP y Cs quieren sustentar la base de su proyecto en común para el conjunto del mandato, hasta 2023. E, igualmente, tanto el alcalde, Luis Barcala, como la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, destacaron este lunes algunas de sus inversiones principales: una suma de 4,7 millones para renovación de asfaltado; otros 6,6 para alumbrado; 1,4 para la ampliación del cementerio y 1,1 para actuaciones en las partidas rurales y reparaciones de los daños de las lluvias. A ello, se añaden los 400.000 euros para iniciar la redacción de un nuevo Plan General; otros 400.000 euros como base para impulsar el proyecto de un nuevo Palacio de Congresos en el entorno de las harineras (lo que requiere un acuerdo de compra con sus empresas propietarias y la modificación del Plan Parcial de la segunda unidad de ejecución de Benalúa Sur, cuyo Programa de Actuación Integrada acaba de cerrar ahora su fase de exposición al público con la presentación de alegaciones) y la ejecución de la zona verde del PAU 2, con una partida de 700.000 euros.

Todo, además, con la continuidad de medidas como la rebaja lineal del IBI del 5% que se aprobó en 2019, junto al resto de bonificaciones fiscales para la implantación de empresas, también aprobadas en ese ejercicio, sin que se conozca hasta ahora cuál ha sido el rédito cosechado por esos incentivos.