ALTEA. El ex alcalde de Altea, Miguel Ortiz (PP), solicita el archivo de las diligencias abiertas contra su persona por el juzgado número dos de Benidorm, que investiga las posibles irregularidades en la construcción del polideportivo municipal, entre 2006 y 2007, cuando Ortiz era alcalde del municipio. Como ha publicado Alicante Plaza, la juez considera que si hay indicios de delito y propone la transformación de las diligencias previas a un procedimiento abreviado -paso previo a la apertura de juicio oral-. Sostiene la juez que Ortiz podría ser responsable de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y estafa. Hay que recordar que el polideportivo se construyó en tiempo récord, 153 días, para poder albergar la fase final de la Copa del Rey de Balonmano, en marzo de 2017.
La defensa de Ortiz aporta muchos argumentos para rebatir algunas de las conclusiones a las que llega la juez instructora: entre ellas, que el expediente de contratación del polideportivo lo debía de haber incoado el pleno, y no un decreto de Alcaldía; que la Junta de Gobierno Local no estableció criterios objetivos, técnicos o económicos, para la selección y adjudicación del contrato; que dos de las tres empresas invitadas presentaron ofertas económicas por precio superior al establecido; que el consistorio no disponía de consignación presupuestaria propia para las obras en el momento del inicio del proceso, y que las obras tuvieron un sobrecoste del 30% del presupuesto inicialmente aprobado. Además, este auto se basa en una sentencia previa que estimó un recurso de la firma constructora avalando que se le pagaran el 1,8 millones de euros por el modificado del proyecto.
Ortiz sostiene que el auto de incoación de procedimiento abreviado es "una exposición fáctica del resumen de la denuncia" que presentó en su día el actual alcalde, Jaume Llinares, pero que obvia aspectos importantes, que sí recogió el auto del 10 de noviembre de 2017, dictado por el anterior instructor de la causa, "sobre la ausencia de ilícito penal alguno en cuanto a la licitación del polideportivo" para centrarse en los sobrecostes derivados del impago de certificaciones y el modificado del proyecto.
Recuerda la defensa de Ortiz, que con posterioridad al referido auto, el de noviembre de 2017, sólo se practicó una nueva diligencia, que consiste en el informe redactado por el Ayuntamiento de Alvea, a petición de la Fiscalía. "El informe del Ayuntamiento esclarece con precisión que ninguna conducta delictiva se deriva para mi mandante ya que no se actuó al margen del procedimiento administrativo establecido para ello ni al margen de las condiciones económico administrativas", indica el letrado de Ortiz. Por su tanto, su defensa sostiene que el proyecto contó con un expediente de generación de crédito, aprobado por Alcaldía el 21 de septiembre de 2016 y no hubo reparos en la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras. "Es un hecho objetivo e incuestionable que Miguel Ortiz no ha actuado en ningún momento en contra de algún informe de los distintos departamentos de Ayuntamiento de Altea. Al contrario, todas sus decisiones se han fundamentado en los informes de Intervención, Secretaria y Técnicos de Urbanismo que han participado en el referido expediente.Por todo ello, podemos concluir que no ha habido ninguna irregularidad en ese punto conforme al contenido del informe del propio ayuntamiento", sostiene.
