ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante da otro paso más para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de Vox, en cumplimiento del pacto presupuestario alcanzado por los dos partidos en enero de este año. Las líneas centrales de esa nueva regulación siguen ajustándose a las condiciones establecidas en ese acuerdo, ya que la ordenanza dictaminada favorablemente este lunes en la comisión de Presidencia no contempla nuevas restricciones ni sanciones más allá de las previstas desde 2011 para el límite del Casco Antiguo. De este modo, no habrá limitaciones para el acceso de vehículos en ningún otro punto de la ciudad.
Eso sí, el dictamen favorable emitido en esa comisión -en cuyo debate no participaron los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem tras descalificar la propuesta que consideraron plagada de errores- sí permitió conocer algunos aspectos adicionales de trazo fino sobre cómo se pretende aplicar ese sistema de monitorización y control del tráfico concebido el fin de reducir emisiones contaminantes ligadas a los vehículos provistos de motor de combustión.
El primero de ellos es que la ordenanza se pretende implementar en enero de 2025 sin que se contemple un hipotético calendario progresivo que suponga el desarrollo de varias fases. La norma será de aplicación general desde el primero momento, como ya había anticipado el mismo alcalde, Luis Barcala, el pasado viernes, al descartar la posibilidad de que se aplicase una moratoria. Eso sí, los infractores que accedan al perímetro del Casco Antiguo solo autorizado para residentes no quedarán expuestos al abono de la multa prevista en la Ordenanza de Circulación de Vehículos de manera inmediata. En la comisión, se concretó que habrá un periodo de adaptación -con una duración que no se precisó hasta este lunes- por el que simplemente se comunicará la implantación de la prohibición de acceso asociada a la ZBE, a título informativo sobre la infracción cometida, sin que a su autor se le penalice con una sanción. Cuando menos, así lo indicó la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, al término de la comisión, como única representante municipal que entró al detalle del dictamen alcanzado.
Rechazo de todas las enmiendas
El segundo aspecto novedoso es el descarte de todas las enmiendas presentadas por los tres grupos del eje progresista, lo que incluye el acuerdo encaminado a la revisión de la ordenanza en el tercer año de su entrada en funcionamiento que, después, se repetiría cada cuatro años. El informe de resolución de enmiendas formulado por los técnicos admitía esa propuesta presentada por el PSOE. Sin embargo, en la comisión, esa medida también acabó quedando descartada por decisión política de común acuerdo entre PP y Vox, según añadió Robledillo.
En cualquier caso, todo parece indicar que esa revisión periódica debería quedar incorporada de forma obligatoria antes de que la propuesta de ordenanza se eleve a pleno, en el mismo momento de su debate (si se reproducen las enmiendas y se admiten), o tras su aprobación inicial, en la fase de alegaciones, ya que se trata de uno de los requisitos recogidos de forma expresa en el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE. En concreto, el artículo 10.4 señala que: "El proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto".
El tercer aspecto de definición que también pudo conocerse tras el desarrollo de la comisión es que el estudio de impacto económico y social sobre los efectos de la implantación de la ordenanza de la ZBE estaría elaborándose en la actualidad para su incorporación al proyecto de la ZBE propiamente dicho. Se trata de un documento paralelo a la ordenanza con el desglose detallado de las condiciones definitivas de la ZBE que también debería aprobarse antes de fin de año. Eso sí, en la comisión también se apuntó que no resulta necesario incorporar una memoria económica asociada a la ordenanza en tanto que su régimen sancionador se remite a la Ordenanza de Circulación de Vehículos y, en consecuencia, no existe causa que pueda suponer la obtención de ingresos adicionales.
Pendiente de fechas
¿Qué pasos quedan por cumplimentarse a partir de ahora para que la ordenanza entre en vigor? El primero es que la propuesta se eleve a debate y votación en pleno, con las correcciones o matizaciones respecto a los apartados de su articulado en los que se aludía de forma equivocada a la planificación de un calendario de implantación por fases, según explicaron los representantes del PP en el transcurso de la comisión.
