ELCHE. Un mes después del anuncio, la conselleria de Servicios Sociales ya ha activado el trámite para la esperada renovación de la concesión de la Residencia y centro de día de personas mayores de Elche; la residencia de Altabix. La misma tendría una duración de tres años, estimando que se pueda poner en servicio en junio de 2026, y llegando hasta aproximadamente mayo de 2029. Es uno de los centros que llevaba caducado desde 2022 y que más denuncias ha acumulado estos años, con especial énfasis en la pandemia de la covid-19, donde fueron varios los fallecimientos. Tras todo lo ocurrido, la inversión prevista que prevé la Vicepresidencia Primera es un coste máximo de 14,1 millones de euros durante los tres años. 

En este sentido, una de las claves a nivel de cifras es que de ese monto de los tres años, más de 14.140.000 euros, solo 10 millones corresponden a los costes salariales según el convenio colectivo, precisamente una de las cuestiones que venían denunciando tiempo desde la asociación de familias de residencias Recova. Con un convenio expirado, la situación era precaria para gran parte de la plantilla y según denuncian, había habido fugas de profesionales, ante el hastío por la situación. De hecho, han sido varias las concentraciones estos últimos años por la situación.

Posible prórroga de dos más

Asimismo, se prevé una posible prórroga de hasta dos años, elevando el coste a 22,6 millones durante los posibles 5 años. En cualquier caso, sale a licitación por 4,6 millones de euros, un 40% del precio que se está pagando en la actualidad (2,9 millones de euros), lo que muestra las notorias diferencias a nivel salarial. Actualmente, las plazas suponen 136 plazas total (116 de residencia y 20 de centro de día). Para ello, la conselleria ha calculado elevar la cifra de personal para la nueva etapa a una media de 73,60 trabajadores, siendo 49,6 el total de atención directa incluyendo más de 37 auxiliares de enfermería, más de 5 de enfermería, con un profesional de medicina, psicología, fisioterapia, terapeuta social, trabajo social y Tasco. A ello acompañaría el o la directora y 23 personas encargadas de los servicios.

No obstante, desde Recova, ya apuntaban cuando se anunció la licitaición que "serían necesarias un mínimo de unas 45 auxiliares por cada 100 usuarios", señalando que este gobierno autonómico lo ha dejado en algo más de 32 "para ofrecer una atención mínimamente digna". Desde la misma ya decían el pasado mes de noviembre que "los trabajadores han sufrido un estrés enorme y una sobrecarga que no cumple la normativa laboral en materia de salud". Y que por falta de personal, habían llegado incluso a una televisión nacional para advertir que había personas sin duchar más de una semana, a lo que añadían que después de difundir el dato, "no completaron las auxiliares sino que obligaron a las que había a ducharles aunque fueran menos".

Años de espera

En definitiva, se puede abrir ahora una nueva etapa para una residencia que ha vivido momentos muy duros, especialmente en la pandemia, y muchas polémicas y denuncias públicas de familiares, la última de ellas, en octubre. Una posición que tampoco ha sido plato de buen gusto en la esfera política, con esta asociación cargando contra la actual administración autonómica y el equipo de gobierno local, denunciando que la edil de Mayores, Aurora Rodil, avisara públicamente hace unos meses que la residencia iba a recibir una inspección, lo cual denunció la asociación de familiares, entendiendo que ante ello, la concesionaria aprovecharía para ofrecer cambios cosméticos para que no se vieran los problemas que venían denunciando.

Finalmente, ha sido el actual Ejecutivo valenciano el que ha liquidado las deudas pendientes con las residencias autonómicas, de más de 108 millones de euros. El Botànic justificó en su día que la licitación estaba a la espera de la negociación del convenio colectivo para actualizar las tablas salariales, pero acabó la legislatura sin la licitación. Con el actual gobierno valenciano, aunque el entonces secretario autonómico de Sanitat, Emilio Argüeso, advirtió que era cuestión prioritaria y de corto plazo, no ha sido hasta ahora, dos años y medio después de iniciar la legislatura, cuando se activa el concurso público, esperando que pueda renovarse el servicio en junio de 2026.

Por medio, las mencionadas denuncias, fallecimientos en pandemia, intervenciones autonómicas y diferentes sanciones por incumplimientos y faltas graves. Ahora se abre una nueva oportunidad.