ELCHE. Los dos líderes del gobierno local entre Partido Popular y Vox, el alcalde Pablo Ruz y la teniente de alcalde Aurora Rodil, hacían este viernes un análisis de la situación en la ciudad después de su primer año de formación del Ejecutivo, que se cumple el próximo lunes. Un repaso en el que se hablaban de medidas locales y autonómicas, pero no de una que ha quedado en un segundo plano, el de la nueva concesión de la residencia de Altabix. Preguntados sobre esta cuestión, ante las continuas denuncias de las asociaciones de familiares y los propios PP y Vox en la oposición, la edil de Mayores, Aurora Rodil, desvelaba que la deuda millonaria que hay liquidar con las concesiones caducadas y que hace de cuello de botella para licitaciones asciende a 105 millones de euros. Paralelamente, la asociación de familiares de las residencias, Recova, está hastiada con la situación porque también se siente engañada ante las promesas que había hecho el nuevo Consell o los partidos ahora en el Ayuntamiento.
Rodil mantenía que era una cuestión "que nosotros desconocíamos". Hay una deuda millonaria con las residencias autonómicas que tienen vencido el contrato. "Por ley tienen primero que pagar esa deuda", explica la edil, quien agrega que una vez que se termine de abonar esas liquidaciones será cuando se pueda licitar la nueva concesión. Mientras tanto, no puede salir a concurrencia pública, porque sería ilegal, aunque la portavoz de Vox asegura que el proyecto para la de Altabix ya está redactado, pero esperando a poder salir a concurrencia.
"No se hacen nuevas licitaciones, pero tampoco se pagaban", en referencia al Botànic, "y eso que son 105 millones de euros". "Se está terminando de liquidar esa deuda para poder enfrentar el cambio", añade. La concejal asegura que ellos están más interesados que nadie en que la solución pueda solucionarse tras el pago, "pero excede lo que cualquier gobierno puede hacer debido a una herencia enorme de la Generalitat". Una cifra que en el caso de Altabix no ha concretado porque no tiene el dato. Pero que viene de largo, y con incumplimiento general de plazos, ya el Botànic esperaba poder licitar en septiembre de 2023, teóricamente por nuevos convenios para el sector.
Caducidad de dos años
En cualquier caso, la caducidad de la misma lleva dos años. Ya advertía el secretario autonómico de Sistema Sociosanitorio, Emilio Argüeso en el pasado mes de noviembre con una inspección a la residencia. Entonces hablaba de que se iba a licitar con urgencia, y recordando que existía esa "deuda enorme" en todos estos expedientes. Una situación que colateralmente hace que la administración incurra en 'enriquecimiento injusto', por lo que la y las compañías tienen que exigir o denunciar para ingresar el abono por los servicios prestados fuera del contrato, ya expirado. No obstante, Rodil señala que aunque la situación ya no es la coyuntura tan grave de pandemia, donde hubo varios fallecimientos, se va intentando cubrir personal como se puede.
En Recova, enfadados por la situación, dicen sentirse "engañados"
A pesar de todo, Recova, la asociación de familiares, que ya denunció el pasado mes de marzo la tardanza en la renovación, y que cargaba contra el Ejecutivo valenciano señalando que "para el actual gobierno tampoco son una prioridad", inciden en la premisa. Se sienten "engañados" y "muy decepcionados" por la situación, tanto con la conselleria como con Rodil porque no ven cambios. Ya entonces advertían que sin nuevos pliegos no había posibilidad de mejoras laborales y que eso conduce a una mayor precariedad de personal que evita estos puestos. Es una situación que señalan se están encontrando, una vez más, en DomusVi Aljub, como ya denunciaron en marzo. Debería haber servicios médicos 60 horas a la semana y desde el 1 de mayo solo hay una médica a 20, con personas mayores con problemas de tensión y otros por la edad.
