ELCHE. El Ayuntamiento de Elche ha requerido este jueves a la propiedad del edificio de la Banca Peral (familia Quiles a través de la sociedad Quiles Vaquer SL) la demolición inminente del inmueble. Según apuntaba taxativamente el concejal de Urbanismo, Francisco Soler, a preguntas de los medios, "no se puede hacer nada". Subraya que no se puede apuntalar porque hace ya años que el inmueble está "desmantelado" en su interior, empezando por los forjados, y que por ello, en parte no hay opción de apuntalar ni reforzar. No obstante, a raíz de esta situación, y de cara a posibles similares, sí considera que se ha de regular esta responsabilidad.

A este respecto, Soler apuntaba a que probablemente la forma sea una ordenanza que regule situaciones como la actual, un elemento protegido (con protección estructural parcial) en el catálogo de protecciones, pero que está en manos privadas. El concejal reconocía igualmente que es una situación compleja, y que el Ayuntamiento no puede inspeccionar todos esos elementos protegidos del catálogo. "Las competencias no es cuestión de tenerlas, es cuestión de ejercerlas", sostiene el también vicealcalde, apuntando que para ejercerlas además "hay que tener dinero. Y no podemos, sería inviable". Esgrime que el Ayuntamiento "no tiene recursos para poder para empezar a hacer revisiones de propiedades privadas", a lo que matizaba que, "como cualquiera que tiene su casa, tiene que preocuparse del mantenimiento de la misma".

A colación de este contexto el Ejecutivo reflexiona sobre qué ha pasado durante tantos años "que protegemos cosas (sobre el papel) y no se ha hecho absolutamente nada". Soler añade que PP y Vox 'acaban de entrar' y la situación este este inmueble de largo. Y recuerda que estaban ejerciendo sus competencias hace unos meses, en referencia a que a principios de abril requirieron a la compañía propietaria inspeccionar el edificio, a pesar de la colocación de redes de protección en la fachada hace unos años para evitar desprendimientos. 

Sobre la responsabilidad privada

Con todo Soler destaca la "predisposición de de la propiedad" a colaborar tras el derrumbe, y que la prioridad ahora es solventar el problema. Sobre si habrá alguna medida para con la responsabilidad de los dueños, no quieren dar bandazos con estos casos, sino encontrar una solución general. Que podría pasar por esa hipotética ordenanza, aunque reconoce igualmente que "hay una responsabilidad por parte de los propietarios que hasta ahora pues evidentemente no se ha hecho". Una situación similar a la que se da en la calle Salvador, explicaba el edil, donde también hay otro inmueble con la fachada cubierta para evitar posibles percances personales, y que de hecho impidió el paso de procesiones de Semana Santa. Se prevé la demolición durante junio.

Intentar recuperar lo que sea posible

Sobre el ahora, con un edificio cuya protección estructural recae sobre fachada y escalera, se intentará recuperar o salvaguardar lo que sea posible, aunque está por ver qué encaje tiene, y si se puede integrar en un futuro proyecto de edificación, o si sería una réplica a semejanza del edificio actual (tal y como se permite en los edificios de protección ambiental). "Los técnicos verán qué es lo que se puede hacer", declara Soler, apuntando a que se da "una cosa curiosísima, que la escalera desde hace muchos años no existía", teniendo esta más valor, asegura, que la fachada. 

Finalmente, si la demolición no se efectúa en unos días, actuará el Ayuntamiento de forma subsidiaria (pasando una factura aproximada de 165.000 euros). Además de la fractura en el techo que supuso el derrumbe de parte del forjado, el informe municipal señala que el resto de forjados también se encuentran parcialmente derruidos, y que los elementos estructurales principales como vigas y muros de carga están muy deteriorados, además de que existe gran acumulación de escombros de partes derruidas del edificio en la planta baja. Se ha agravado el deterioro en las zonas de colapso. 

"Situación crítica de estabilidad estructural"

Este mismo jueves, un arquitecto por parte de los dueños ha certificado que el "cerramiento de fachada del inmueble se encuentra en un estado crítico de inestabilidad estructural" y que no se puede asegurar la estabilidad del mismo, "no siendo posible técnicamente por las circunstancias actuales proceder a la demolición del resto del edificio manteniendo la fachada sin correr el riesgo de derrumbe de la misma". Para los técnicos municipales, ninguna parte de la edificación cumple las condiciones mínimas de habitabilidad ni de seguridad estructural. El edifico representa un riesgo elevado de colapso que afecta no solo al mismo, sino a los colindantes.

Desalojo de los vecinos colindantes durante la demolición

De hecho, mientras se ejecuten los trabajos de demolición, que serán progresivos y en parte manuales, de arriba abajo, se deberán desalojar las viviendas del edificio situado en la calle Mare de Déu dels Desamparats, 6 y hasta que se realicen los trabajos de estabilización de toda la medianera del edificio.

Por último, como apuntaba este diario, en 2019 se solicitó la licencia de demolición, pero era una renovación. La original se concedió en 2017. Aunque en 2021 se colocaron las redes por orden del Consistorio al existir riesgo de desprendimiento, ya en febrero de este año se registraron denuncias por daños del inmueble colindante "provocados por la falta de mantenimiento y el mal estado de conservación de la edificación". Es ahora ese inmueble, el del número 6, el que se tendrá que desalojar durante el derribo.