ELCHE. Salvo sorpresa, la Unión Excursionista de Elche tendrá que buscar nueva sede porque el Ayuntamiento ha aprobado la resolución de la concesión demanial de derecho de uso privativo que mantenía la misma en una parcela municipal en la calle Josefina Manresa, junto al Kelme, para la actual sede que se construyó, destinada a Centro de Entrenamiento de Deportes de Montaña. El motivo es la deuda de casi 40.000 euros por canon desde 2021 que se le adeuda al Consistorio. Sin embargo, el asunto estaría vinculado, en parte, con la entrada de una compañía penalizada por el Registro Mercantil desde 2024, y que fue acumulando impagos en numerosas concesiones. Conocida además por el Ayuntamiento por una situación similar.

Impagos desde 2021

En este sentido, en el año 2007 la Junta de Gobierno Local de entonces adjudicó la concesión demanial del uso privativo de esta parcela a la asociación por un plazo de 75 años. Sin embargo, desde 2021, la misma acumula una deuda de 39.626 euros más intereses por el impago anual del canon, por alrededor de 14.000 euros (canon anual entre 3.500 y 3.900 que se ha ido incrementando), deuda del Impuesto de Bienes Inmuebles (12.000 euros) y de pago de suministros de luz, agua y basura desde 2015 (14.000 euros).

Ante ello, ahora la Unión tiene diez días para alegar la resolución aprobada por la Junta de Gobierno, y que en todo caso, tendrá que pasar por el Consell Jurídic Consultiu, para que avale la ruptura del acuerdo. Una rescisión similar a la ocurrida con el fiasco del Instituto de la Palmera, cuyas deudas por canon e intereses al Consistorio, junto a la falta de los compromisos, acabó derivando en la resolución de la concesión. De acabar así, el Consistorio, a su vez, podría disponer ahora de la parcela.

Implicación de un tercero con su gestión

Ahora bien, aunque el resultado de la concesión del Instituto de la Palmera es parecido, el contexto es diferente. A cómo se ha llegado hasta aquí, habría que vincularlo en parte, según ha podido saber este medio, con la situación de Ilitia Mediterránea, que habría entrado en la Unión Excursionista, y que estaba dedicada a concesiones de cantinas e instalaciones públicas. Se declaró en concurso de acreedores en julio de 2024 tras el incumplimiento de estas concesiones, como ha venido contando este diario. 

La entrada habría tenido lugar en julio de 2021, tal y como refleja el boletín del registro mercantil, cambiando además la sede social al Paseo de Montañeros Ilicitanos, 5, junto a la avenida Josefina Manresa. Es decir, la sede de la Unión. Además del cambio de domicilio y de administradores, la mencionada firma amplió entonces su objeto social, añadiendo la gestión de instalaciones deportivas y la organización de actividades y eventos deportivos, recreativos y de entretenimiento, y realizando una ampliación de capital. Con su entrada pasaría a gestionar la sede y sus actividades.

Sin embargo, hace al menos dos años ya constaban quejas de monitores y trabajadores el retraso en el abono de las nóminas y con apenas actividades. La cuestión es que Ilitia, a pesar de haberse beneficiado de numerosas adjudicaciones públicas para la gestión de instalaciones deportivas y cafeterías en institutos de la Comunitat Valenciana, ha ido dejando por su camino impagos a proveedores y trabajadores, lo que provocó la rescisión de contratos y denuncias de los mismos. Sin ir más lejos, aunque ahora el trato en este caso es indirecto, el Ayuntamiento ya ha tenido que intervenir por ella, resolviendo en febrero de 2024 el contrato de la concesión de la cantina de la Policía Local de Elche por varias deficiencias. Lo mismo que ocurrió con la firma en Calp y su piscina municipal.

Cierre de la hoja registral en septiembre de 2024

Como dio cuenta este diario, una de las firmas afectadas por pagarés sin fondos, Laoom Comunicación presentó una querella que sigue en fase de instrucción y a la espera de saber si hay apertura de juicio oral, ya que el juzgado instrucción número de 3 de Elche la admitió a trámite. La empresa sostiene que Ilitia Mediterránea habría incurrido en prácticas fraudulentas contra diversas empresas proveedoras, generando un elevado volumen de impagos antes de su declaración en concurso de acreedores en julio de 2024. La admisión de la querella supuso el inicio de una investigación judicial sobre las prácticas financieras de la empresa, cuya deuda ascendía a 2,5 millones de euros en el momento de su insolvencia, cuando se se declaró en concurso de acreedores. Este se cerró poco después, en septiembre de 2024, tal y como dictó el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Alicante, con diversas entidades bancarias como acreedoras, además de la Tesorería de la Seguridad Social y la Universidad de Alcalá de Henares, donde hubo muchas quejas por su gestión de la oferta deportiva.