ELCHE. Aunque el equipo de gobierno y el alcalde decidió adelantarse al debate de la moción del PSOE sobre una comisión especial de investigación de las licencias de obras, enumerando los procedimientos para la obtención de la suya, hubo un segundo 'round'. El de la propia moción socialista, y después una posterior moción in voce para reprobar a la concejal del PSOE, Patricia Macià, por haber dado la ubicación de la casa del alcalde, aunque ello no se publicara —lo punible, según la denuncia, sería el hecho, no su repercusión—. Un asunto que ha acabado por ahondar más en la ya de por sí fría y alejada relación entre bipartito y oposición.
Si en la comparecencia propia impulsada por el alcalde Pablo Ruz, este detalló las tasas y pasos dados para obtener su permiso de reforma del chalet con piscina, en la moción posterior los socialistas lanzaban una batería de preguntas que casi servían a modo de reflexión sobre cuestiones que no han sido todavía respondidas. La batería de preguntas para las que quieren esa comisión de investigación que fue rechazada: cuántas licencias de enero a septiembre con el mismo concepto de reforma de vivienda unifamiliar y piscina se habían concedido en menor tiempo que los ya mencionados dos meses.
Lo que la oposición quiere poner en el debate
También si se habían realizado subsanaciones, lo que el PP niega, aunque matizando, "si se realizaron por algún medio que no sea por escrito, incluyendo el teléfono", interrogaba el portavaoz Héctor Díez. También que si el departamento de licencias urbanísticos traslada que hay una sobrecarga de trabajo de tres meses, "¿cómo la ha obtenido 2 meses y 10 días?". Y por último hacía alusión a que en una comparecencia un miembro del equipo de gobierno dijo qu se había obtenido por debajo del tiempo medio, si el alcalde mantenía esta versión. En el PSOE consideran que si el caso hubiera tenido lugar en su partido, "hubiéramos tenido al momento nota, vídeo y recogida de firmas, como hicieron con el avasallamiento que hicieron a la concejal Puri Vives. Hemos pedido datos con educación y no vamos a cesar".
Para Compromís, después de la intervención voluntaria del alcalde "se hace más necesario que haya una comisión. ¿Acaso tiene usted un pass alcalde? Un pase especial para agilizar plazos?". Pedía la concejal Esther Díez que arrojara luz sobre estos datos. "Yo lo daría, así quitamos las dudas cuanto antes".
El "fango" político
Sin embargo, para el Ejecutivo local, como intervenía el edil Juan de Dios Navarro, la oposición solo pretende "embarrar". Y reorientaba las preguntas con otras: "¿Qué funcionario es el que ha sido coaccionado? ¿Dejan en entredicho el trabajo de los funcionarios, dicen que han prevaricado? ¿Qué trámite está afectado? Algunos ediles son abogados, vayan a un juzgado". El concejal defiende que son los mismos equipos que había antes.
Por su parte, mencionaba un caso de una licencia de Maitino similar, que también se dio en torno a dos meses. E inquiría que si piden los datos, de dónde habían sacado las cifras del tiempo de licencias que denunciaron en la rueda de prensa que dio en su día la concejal Patricia Macià. En el lado de Vox, quienes se habrían negado según la oposición a que el enunciado oficial de la declaración del alcalde dijera que todo quedaba acreditado que se había otorgado como procedía, Samuel Ruiz cerraba filas. "Como ya le dije, alcalde, yo en su lugar no hubiera respondido". "Dicen ustedes que se ha obligado a funcionarios a que tengan celeridad con esta licencia, den pruebas. No estamos tapando nada. Si las tienen, yo mismo les llevo a los juzgados". Y añadía que todas las licencias son diferentes.
"Dramatización", "circo" y acusaciones sin probar
En definitiva, un moción que solo sirvió para plantear estas cuestiones que no fueron respondidas. PP y Vox la tumbaron. Para PSOE y Compromís se trata de una estrategia de "victimización y dramatización, se han marcado un Mazón en la dana", decía Héctor Díez. "Aquí las víctimas son los ciudadanos y los despachos que esperan 8 meses para una licencia", agregaba. Para Esther Díez de Compromís, el Ejecutivo no demostró que fuese falso lo que denunciaban los socialistas. Calificó al alcalde de un "ególatra" con tendencias narcicistas y que se piensa que el Ayuntamiento "es su casa, con la decoración, cuando intenta convertir esta institución laica en su capilla personal o cuando da más dimensión a los ataques personales en lugar de atender problemas colectivos".
Y después, en ese tercer envite sobre la cuestión, llegó la reprobación de Macià con la mayoría de los votos de PP y Vox. Por parte del PP la presentaba el concejal Claudio Guilabert, denunciando "un acto gravísimo que alimenta el escrache" y pedía reprobar a la edil "por atentar contra la intimidad más sagrada de una familia por su odio", poniendo al alcalde como único afectado por la mención de la ubicación. Vox, a través de Aurora Rodil, apoyaba la iniciativa y exigía al PSOE que acuda a los tribunales si mantiene sus acusaciones de coacción a funcionarios.
PSOE y Compromís rechazaron la moción in voce, que calificaron de "cortina de humo" y de "circo" para desviar la atención sobre la falta de explicaciones del alcalde en relación con sus licencias. "El único que ha hecho pública su dirección es el propio alcalde en redes sociales", decía señalado Héctor Díez por una publicación de Instagram, defendiendo la labor de su compañera, Patricia Maciá, a lo que añadía que la dirección se conoció previamente por su carácter público en juntas de gobierno, y de ahí lo supo un medio de comunicación en julio. Pero también acusaba a los asesores del alcalde de ser ellos quienes difundieron el audio filtrado por un medio de comunicación al equipo de gobierno. "Si vamos con todo, vamos con todo".
La filtración de un medio, también en el foco
Un debate que también tocó de forma secundaria esa filtración. Como Rodil, Guilabert apuntaba que "los medios actuaron con ética, no dieron la dirección, pero usted actuó con temeridad y cuando se le señaló, hizo una turné por los medios, faltando a la verdad, diciendo que no lo había dicho", y acusaba al PSOE de intentar tapar este hecho "buscando culpables entre los periodistas".
De la filtración, Héctor Díez considera que PP y Vox "juegan con las cartas marcadas. Ustedes han entrado en cuatro paredes donde no tenían que estar. Juegan con ventaja. Alguien les ha dado acceso, y eso es denunciable y está muy mal. Les ha permitido montar este sainete". Con todo, el concejal insistía en que el alcalde es víctima "de su propia exposición máxima". La concejal de Compromís también aprovechaba para mencionar que las dos asociaciones de la prensa local denunciaron el uso partidista de esta filtración. Y que el Ejecutivo ha aprovechado esta situación para medrentar a la concejal Patricia Macià.
Guilabert, para finalizar, planteaba que esa difusión de Instagram de Ruz de una casa no tenía por qué ser la suya, y que la edil no tenía permiso para difundir la casa del alcalde. Un momento de tensión en el que también desde Vox, Aurora Rodil aprovechaba para asegurar que hay una persecución hacia su persona, como la polémica por sus declaraciones contra las personas trans y la manifestación. "Una persecución por lo que pensamos", decía, incluso comparando esta situación con el atentado de Estados Unidos contra Charlie Kirk. La edil también aprovechó para dejar una puntillita hacia los medios en ese momento, diciendo que las políticas de su concejalía "parece que no les interesa".
En resumidas cuentas, un debate tenso, de los de más alto octanaje, con interrupciones, incluidas del público, lo que ya es habitual, y en el que no se respondieron de forma nítida las preguntas a colación de la famosa licencia. El Ejecutivo rechaza la comisión y considera suficientes los procedimientos presentados por el alcalde. Si la oposición cree que hay más, les conminan a ir a los juzgados.
