ELCHE. La situación de varios barrios en Elche sigue siendo compleja a nivel urbanístico. Si bien en los últimos tiempos se están otorgando bonificaciones del 95% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras) a comunidades que quieren reformar sus edificios, la falta desde hace años o décadas de políticas públicas en materia de rehabilitación es fehaciente en el estado de algunas zonas. Entre ellas, la de Porfirio Pascual, de la cual el Ayuntamiento ha procedido al apuntalamiento de un edificio en marzo a pesar de que la Generalitat le instó a hacerlo en agosto por la gravedad.

En ese sentido, en el pleno de marzo, la corporación se comprometió a crear una ordenanza municipal para abordar casos como este. Un reglamento mediante el cual se exija a las comunidades de vecinos la elaboración del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) cuando sea pertinente, acerca del deterioro y estado de los mismos. Durante estos años por ejemplo ha sido frecuente cada cierto tiempo el colapso en edificios de Carrús. 

En el caso de Porfirio Pascual —más conocido como La Rata—, vecinos llevan tiempo pidiendo ayudas para la rehabilitación del inmueble y otros del barrio, ya que entienden que desde el Consistorio no se facilita este acceso, y el tener la ordenanza podría facilitar o reglar cómo conseguirlas tras el previo IEE. A este respecto, el Ayuntamiento ha apuntalado uno de los edificios en marzo, a pesar de que la orden de la Generalitat Valenciana se hizo en agosto, vista la gravedad del asunto. En la directriz se pedían medidas de actuación urgente tras ver el IEE, requiriendo al Consistorio que actuara con las intervenciones pertinentes. Siete meses después, han apuntalado el inmueble. 

Ayudas directas y previas a la obra

Los vecinos estiman fundamental que el Ayuntamiento se encargue de consignar ayudas para las rehabilitaciones como la que van a impulsar en este edificio, que salen a una media de entre 2.500 y 3.000 euros incluyendo el informe —que es la parte más económica— y dependiendo de la empresa a la que se contrate para ejecutar las obras. Sea a los particulares, para los informes, o para las propias empresas que hacen la obra. Porque la responsabilidad del mantenimiento es de las comunidades de vecinos, pero el Consistorio puede agilizar y facilitar estas actuaciones mediante la ordenanza y líneas presupuestarias si se lo plantea.