ALICANTE. Los contratos menores concertados desde las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras quedan, finalmente, bajo el escrutinio de los juzgados. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante consumó este viernes su advertencia y registró una denuncia en la que se apunta al ya exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, como responsable de un presunto delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos. Es decir, justo el mismo tipo delictivo investigado en el llamado caso Comercio que acabó precipitando la dimisión del exalcalde socialista Gabriel Echávarri en abril de 2018.

En aquel caso, la denuncia interpuesta entonces por el grupo municipal del Partido Popular (PP) bajo la coordinación del actual alcalde, Luis Barcala (que en ese momento actuaba como líder de la oposición) señalaba la concatenación de varias adjudicaciones relacionadas con la promoción del comercio local, con la celebración de la Gala de Comercio y con la rotulación de los mercados municipales en hasta 25 encargos distintos que ascendieron a un importe global de 189.000 euros en los momentos previos a la Navidad de 2016.

El PP consideraba, entonces, que con la división de esos encargos por separado se había roto la unidad funcional en la que en realidad se enmarcaban -la promoción del comercio local- con la intención de poder conceder esos contratos de manera directa de manera discrecional, en lugar de haber convocado el preceptivo concurso que hubiese permitido la participación de cualquier proveedor de servicios interesado, bajo los criterios de publicidad y transparencia, para fomentar la libre competencia.