ALICANTE. La reorganización de la estructura del Ayuntamiento de Alicante trazada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), tras la celebración de las elecciones municipales del 28 de mayo (aunque ya se venía trabajando en ella desde el pasado mandato) da sus primeros pasos gracias al acuerdo alcanzado con Vox. El partido de Santiago Abascal volvió a convertirse este jueves en socio preferente de los populares (con quienes comparte competencias en el Consell) al prestarles los votos necesarios para que la propuesta de retribuciones de esos nuevos cargos directivos pudiese quedar aprobada en pleno, después de coincidir con el PP en la necesidad de contar con ellos para ganar eficacia en la gestión y mejorar la planificación de las decisiones municipales, en desarrollo de una posibilidad legal que ya se ha ejecutado en otras grandes ciudades, como argumentaron el edil de Hacienda, Toni Gallego, y la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, en sus respectivas intervenciones en el pleno.
Sin embargo, sus discursos no evitaron las críticas de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, que insistieron en tildar el nombramiento de esos directores generales como la constitución de un "gobierno paralelo", o como ejemplo de la creación de "chiringuitos". Todo ello, entre la protesta de los funcionarios, convocados en el salón de plenos por SEP y CCOO para exigir la implantación de la carrera profesional comprometida por el PP desde 2019 y todavía en fase de negociación cinco años después.
En ese contexto, el apoyo de Vox a la contratación de los nuevos cargos directivos se sustanció en un acuerdo por el que sus representantes se habrían garantizado la capacidad de opinar respecto a las propuestas de nombramientos de las personas llamadas a desempeñar esas responsabilidades. Y, además, habría conseguido el compromiso de que para su designación, se primase la valoración del currículum y de la experiencia previa como criterios para su selección.
Eso sí, nada parece indicar que vaya a organizarse un proceso abierto a la presentación de aspirantes interesados, como el que sí se convocó en el pasado para tratar de cubrir la plaza de gerente del Patronato de Turismo (ahora amortizada) o para nombrar al nuevo gerente del Patronato de Vivienda tras la jubilación de su último responsable. De este modo, el nombramiento de los directores generales se producirá por designación directa (bien por decreto, o bien por acuerdo de Junta de Gobierno). Además, tampoco se exigirá que los designados sean forzosamente funcionarios públicos, de modo que podrá optarse por profesionales del sector privado siempre que se justifique su capacidad para el desempeño de las tareas que se les encomienden.
Sea como fuere, la premisa de la valoración de dichos méritos (cualificación y trayectoria) sí sería una condición con la que en las filas de Vox se darían por satisfechos respecto al requisito manifestado tras la celebración de la comisión informativa de Hacienda en la que se dictaminó la propuesta de retribuciones: que los elegidos no tuviesen afiliación política como militantes de ningún partido.
Tres fases
A partir de ese pacto, se habría convenido que el nombramiento de esos nuevos cargos directivos se produzca de forma gradual, en tres fases distintas. La primera, que se anuncia como inminente, conllevará la designación de los dos coordinadores generales contemplados en el nuevo organigrama municipal, además de un director general de Plan General de Ordenación Urbana y Planificación Urbanística.
Esas tres plazas ya estarían cubiertas, a propuesta del PP, en función del acuerdo concertado entre los dos partidos. Así, se materializará la contratación de la arquitecta Leticia Martín como directora general para que pueda continuar ejerciendo como responsable del proceso de revisión del PGOU, después de que quedasen extinguidos los dos años de duración de la comisión de servicios por la que se produjo su traslado a Alicante desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Esa circunstancia había dejado la dirección de la Oficina del PGOU vacante de manera oficial con efectos desde el 4 de octubre sin que se hubiese designado sustituto, como informó este diario.