El edil de Hacienda, Toni Gallego, ha sido el encargado de defender el planteamiento -registrado por la vía de urgencia este mismo jueves- para señalar que se trata de desarrollar una posibilidad legal con el fin de mejorar la eficacia de la administración y avanzar en el proceso que ya han puesto en marcha otras ciudades. Se trataría, según ha argumentado, de no perder posiciones ni oportunidades.
En el turno de intervenciones, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha recriminado, de nuevo, las formas con las que se ha planteado la propuesta, por urgencia y con una rapidez inusitada, cuando existen otros acuerdos que siguen pendiente de desarrollarse en el Ayuntamiento desde hace años, como la implantación de la carrera profesional. De ahí que haya conminado al PP y a Vox a consensuar la medida. "No hemos negado que pueda ser necesario, pero sí hemos dicho que resulta conveniente acordar los términos de la creación de esos puestos directivos", ha insistido. Además, ha advertido que "exigiremos que se tenga en cuenta a la función pública en el nombramiento" de los nuevos cargos directivos. "El talento que ustedes buscan está en la administración", ha señalado.
Por Compromís, su portavoz, Rafa Mas, también ha denunciado la urgencia de la medida y ha recriminado el pacto bilateral alcanzado con Vox al cuestionarse "cuál ha sido el reparto" de los nuevos puestos a la hora de designar a las personas elegidas para desempeñarlos. Además, se ha dirigido a los concejales del equipo de gobierno para cuestionarles sobre cuál va a ser su función a partir de ahora, "¿dedicarse a comer paella e ir de fiesta en fiesta, como hace el alcalde?", se ha preguntado.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha replicado a las críticas de Esquerra Unida Podem y Compromís para conminarles a "no hacer demagogia porque ustedes sí han apoyado la creación de los directores generales en comisión". En todo caso, ha defendido que el acuerdo negociado con el PP permite "reducir el número de direcciones generales". "De entrada, "hemos eliminado cuatro puestos", ha asegurado, aunque ha considerado que el nombramiento del resto de los nuevos cargos directivos propuestos resulta necesario para "mejorar la planificación, que es de lo que ustedes se estaban quejando". En este sentido, ha señalado que existen otros ayuntamientos gobernados por partidos progresistas, como el de Gandia, que ya disponen de cuatro directores generales con el fin de recriminar lo que ha considerado un ejemplo de doble discurso por parte de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Además, ha señalado que en el acuerdo alcanzado con el PP se ha introducido el compromiso de incorporar la partida necesaria para la implantación de la carrera profesional en los próximos presupuestos.
Por el PSOE, su portavoz, Ana Barceló, también ha sido critica con la propuesta para reprochar los errores de fondo contemplados en la misma propuesta de reestructuración municipal, como las alusiones a una Agencia Local de la Energía "que no existe", y ha afeado al PP que no se haya abierto a la posibilidad de organizar un proceso de selección para el nombramiento de esos nuevos cargos directivos. En su lugar, según ha advertido, se pretende optar por una elección directa "seguramente no entre los más cualificados".
Un momento de la protesta de los funcionarios municipales para reivindicar la implantación de la carrera profesional.
En la réplica, Copé ha acusado a Robledillo de mentir para asegurar que "nunca hemos dicho que no sea necesario abordar una reestructuración municipal, sino que debería consensuarse". En esa misma posición se ha manifestado también Mas, quien ha advertido del nombramiento a dedo de esos nuevos cargos directivos en lugar de "elegir a los mejores". Robledillo también ha replicado a Esquerra Unida Podem y a Compromís para señalar que en el pasado mandato, "el señor Ribó", exalcalde de Valencia, "también tenía directores generales y no eran funcionarios". Y se ha dirigido a los trabajadores concentrados en el pleno para tratar de tranquilizarles al asegurar que la carrera profesional quedará contemplada en los presupuestos de 2024.
Barceló ha abundado en sus reproches respecto a las plazas vacantes existentes en la estructura municipal a las que no se da cobertura, entre las que se ha referido a la falta de gerente del Patronato de Vivienda o a la amortización de la plaza de gerente del Patronato de Turismo. Además, se ha dirigido al alcalde, Luis Barcala, para reprocharle que ahora se vea obligado a nombrar a coordinadores generales "porque no tiene plan ni hoja de ruta para Alicante". "Ahora quiere salvar esa incompetencia", ha señalado.
Carrera profesional y nombramientos abiertos al sector privado
Gallego ha cerrado el debate para insistir en que se sigue trabajando en la implantación de la carrera profesional, después de haber logrado dos sentencias favorables al desarrollo de ese proceso. Además, ha insistido en que Valencia ya dispone del doble de directores generales de los que se plantea nombrar ahora en Alicante, con una implantación progresiva. De igual modo, ha señalado que su nombramiento se producirá "sin cerrar puertas a nadie" de modo que podrá designarse tanto a funcionarios como a profesionales privados. Así, a la postre, la votación ha prosperado con 18 votos a favor, con la suma de los representantes del equipo de gobierno, del PP, y los cuatro concejales de Vox. El conjunto de la izquierda ha votado en contra.
Hasta el momento, del acuerdo alcanzado entre PP y Vox solo ha trascendido que, en una primera fase, se producirá el nombramiento de los dos coordinadores generales y una dirección general de Planeamiento y del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) que ya estarían definidos, aunque la identidad de las personas elegidas para ocupar esas plazas no se ha dado a conocer. Al tiempo, en ese acuerdo se habría contemplado la suspensión del nombramiento de responsables para las direcciones generales de Servicios Centrales, Medio Ambiente, Cultura y Deportes e Innovación hasta que se evalúe si resultan necesarias.
En cualquier caso, el acuerdo sobre las retribuciones de los nuevos cargos directivos no ha sido el único asunto que ha generado controversia política en el transcurso del pleno. En la sesión, también se ha rechazado las dos propuestas promovidas por PSOE y Compromís para instar al Consell a acelerar la adjudicación de las obras de la estación del tranvía en Renfe, después de que PP y Vox (socios en el ejecutivo autonómico) sí hayan garantizado su ejecución con el proyecto licitado durante la pasada legislatura, tras insistir en la tramitación inacabada por el anterior Consell del Botànic respecto a la gestión del suelo de Adif en el que se plantea su construcción.
No ha salido adelante, de igual modo, la propuesta de actualización de la ordenanza fiscal reguladora del IBI promovida por el equipo de gobierno, en la que solo se planteaban puntualizaciones respecto al alcance de las bonificaciones para familias numerosas, después de que los cuatro partidos que ejercen funciones de oposición hayan reiterado su malestar por el hecho de que no se tuviese en consideración las enmiendas que habían registrado para revisar el tipo impositivo o para introducir nuevas bonificaciones.
Sí ha prosperado el acuerdo de creación de una comisión para analizar medidas de apoyo al comercio que pueda contribuir a paliar los posibles perjuicios generados por la ejecución de distintas obras de reurbanización, así como la nueva constitución de la comisión sobre las relaciones de interacción Puerto-ciudad, con el fin de abordar posiciones respecto a actividades y proyectos como el de la instalación de una planta de almacenajes de combustibles en la terminal de mercancías que explota TMS.
Además, también se ha aprobado una declaración institucional de rechazo a la propuesta de reducción de vuelos domésticos recogida en el pacto suscrito por PSOE y Sumar para la formación de Gobierno, a pesar de que el conjunto de los partidos del eje progresista han reiterado que esa medida no afectaría en ningún modo al aeropuerto de El Altet. Y, por último, se ha aprobado la declaración del 11 de abril y del 24 de junio como festivos locales, además de la iniciativa promovida por el PP por la que se insta al Gobierno central a modificar la legislación laboral para que se amplíen a 15 los 14 días festivos retribuidos y no recuperables previstos en el calendario anual para posibilitar que el 24 de junio pueda ser declarado por el Consell como festivo autonómico no recuperable.
Los ediles del Ayuntamiento de Alicante, en un momento del pleno.
